En medio del creciente debate sobre violencia escolar, el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas ha emergido como una respuesta del ejecutivo que busca restablecer la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales. La iniciativa propone medidas como la revisión de mochilas, el fortalecimiento de la autoridad docente, sanciones más estrictas —incluida la expulsión—, interrupciones de clases, restricciones en el acceso a beneficios como la gratuidad y modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones por delitos cometidos en contextos escolares.
A primera vista, estas propuestas parecen responder a una necesidad urgente y legítima: garantizar espacios seguros para aprender. Nadie podría discutir que el aula debe ser un lugar protegido, donde estudiantes y docentes puedan desarrollar su labor sin temor. Sin embargo, el debate no puede reducirse únicamente a la seguridad. La pregunta que debe guiarnos es más profunda: ¿cómo garantizamos seguridad sin vulnerar el derecho a la educación ni profundizar la exclusión social?
La violencia escolar es un fenómeno complejo que no surge de manera espontánea. Está estrechamente vinculada a factores sociales, familiares y emocionales. Diversos estudios internacionales han demostrado que la expulsión escolar, especialmente cuando se aplica sin mecanismos de reinserción, aumenta significativamente el riesgo de abandono educativo y de contacto con el sistema penal juvenil. Este fenómeno, conocido como “school-to-prison pipeline” (“el camino de la escuela a la prisión”), ha sido ampliamente documentado por organismos como la American Psychological Association y la UNESCO, evidenciando que la exclusión educativa puede convertirse en antesala de la marginalidad social.
Es aquí donde surge una de las preguntas más incómodas —y necesarias— del debate actual: ¿qué hacemos con los estudiantes expulsados?
¿Los dejamos fuera del sistema? ¿Los marginamos sin ofrecer alternativas educativas reales? Si la respuesta es afirmativa, entonces no estamos resolviendo el problema, sino trasladándolo desde la escuela hacia la sociedad.
Un estudiante expulsado no desaparece. Sigue siendo parte de la comunidad, muchas veces en condiciones aún más precarias y con menos oportunidades de reinserción. La evidencia internacional indica que los sistemas educativos que combinan sanciones con programas de reinserción —como escuelas de segunda oportunidad, apoyo psicosocial y estrategias de justicia restaurativa— logran mejores resultados en convivencia escolar y reducción de reincidencia conductual.
Esto no significa negar la necesidad de sanciones. La autoridad docente debe ser respaldada y protegida. Las agresiones graves deben tener consecuencias claras y oportunas. Pero sancionar no puede significar excluir permanentemente. Un sistema educativo que expulsa sin ofrecer alternativas termina debilitando su propio propósito: educar e integrar.
Otro aspecto particularmente delicado del proyecto es la posibilidad de restringir beneficios educativos como la gratuidad en función de antecedentes disciplinarios o penales. Esta medida abre un debate jurídico y ético profundo respecto del principio de igualdad ante la ley. Si la educación es un derecho fundamental y un mecanismo de reinserción social, limitar su acceso podría generar un efecto contrario al esperado: aumentar la desigualdad y reducir las oportunidades de rehabilitación.
La escuela, por definición, no es solo un espacio de transmisión de contenidos. Es un espacio de aprendizajes integrales, formación ciudadana, de convivencia y de construcción social. Cuando la respuesta a los conflictos escolares se centra exclusivamente en el castigo, se corre el riesgo de transformar la educación en un sistema punitivo, en lugar de un sistema formativo.
Chile enfrenta hoy un desafío complejo: recuperar la seguridad en las escuelas sin renunciar a los principios que sostienen el derecho a la educación. Esto exige políticas integrales que combinen prevención, intervención temprana, apoyo socioemocional y mecanismos efectivos de reinserción educativa.
Porque la verdadera pregunta no es si debemos sancionar. La verdadera pregunta es cómo sancionamos sin dejar a nadie fuera del sistema.
La seguridad escolar es indispensable. Pero una sociedad que responde a la violencia con exclusión corre el riesgo de perpetuar el problema que intenta resolver. Una escuela protegida no es solo aquella que controla y sanciona; es aquella que educa, repara y ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje incluido los errores.
Y en ese equilibrio —entre orden y justicia, entre sanción e inclusión— se juega no solo el futuro de nuestras escuelas, sino también el de nuestra convivencia social.
*Daniela Ramírez es profesora de Estado y Magister en Gestión Pública y Educación.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
