Por Sebastián Ochoa.
En medio de las protestas sociales que ya llevan tres semanas y exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el Gobierno sumó un actor más al complejo entramado: el mandatario colombiano Gustavo Petro.
La expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, determinada por la Administración boliviana, dejó un tendal de repercusiones en ambas naciones.
Paz sostuvo la validez de su decisión, al considerar que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, incurrió en injerencia en asuntos políticos internos al declarar que las movilizaciones que piden su renuncia representan una “insurrección popular”.
“El ataque de Petro es [contra] la democracia boliviana, porque ha preferido su ideología por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones. Por eso su embajadora se va. Lo sentimos mucho, pero se va, porque representa la voluntad antidemocrática del señor Petro”, dijo el presidente boliviano ante la prensa.
Mediante un comunicado, la Cancillería del Estado Plurinacional fue enfática: “En ejercicio de sus atribuciones soberanas y estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”. A García Carrillo le dieron 72 horas para abandonar el país.
En conferencia de prensa, el canciller Fernando Aramayo explicó: “La embajadora fue declarada persona non grata ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizador de la democracia”.
🇧🇴 🌐 "Es un mensaje de preocupación": ¿cómo afectan las tensiones entre Bolivia y Colombia a Latinoamérica?
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Más tarde, el Gobierno colombiano, basándose en el principio de reciprocidad estipulado en la Convención de Viena, expulsó a Ariel Percy Molina Pimentel, quien era el encargado de la oficina de la Embajada boliviana en la nación sudamericana.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial”, puntualizó en un comunicado.
Los dichos de Petro
En la cuestionada publicación que derivó en las tensiones con Bolivia, el mandatario colombiano también se ofreció como mediador para que La Paz recupere su tranquilidad. En este sentido, Aramayo le aconsejó al presidente concurrir al Trópico de Cochabamba, donde está recluido Morales desde 2024 para evitar las órdenes de detención en su contra, por un proceso que se le sigue porque supuestamente tuvo un vínculo con una menor de edad en 2015.
El juicio por este caso se inició el 11 de mayo y el expresidente fue declarado “en rebeldía” porque no se presentó. En tono de burla, Aramayo le pidió a Petro que llevara a Morales “de la mano” a dar su testimonio por este caso.
En un tuit posterior, pidió a Donald Trump “no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico”.
Finalmente, Petro dio su descargo a la Radio Caracol: “Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase”.
Otros pasos diplomáticos
Sputnik consultó a analistas políticos de Bolivia y de Colombia, quienes coincidieron en que la expulsión de la embajadora es decisión desmedida, ya que existen otros pasos diplomáticos previos antes de asumir una decisión “agresiva” para el vínculo de ambas naciones.
En la ciudad de La Paz, el analista y académico Marcelo Arequipa dijo a este medio: “Me parece un error de Cancillería la reacción inmediata (…). Ahora mismo estamos viendo una suerte de campaña desde [la misma dependencia] para pedir apoyo a nivel global y para rechazar absolutamente cualquier observación que exista sobre Bolivia. Si el país ya ha desplegado una campaña buscando apoyo en el contexto internacional, tenemos que saber que vamos a recibir algunas observaciones” sobre las protestas sociales que ya llevan tres semanas.
Arequipa consideró que en el intercambio diplomático debe manejarse un lenguaje respetuoso.
“Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque no es poca cosa. La Cancillería se está metiendo en un asunto del cual va a ser muy difícil salir porque, en el contexto general, para algunas cuestiones en organismos internacionales, en procesos de integración, vamos a necesitar del apoyo también del Estado colombiano o de cualquier otro país, y no podemos tener relaciones de este tipo con ningún Estado”, expuso.
Petro no fue la única autoridad del continente que se refirió al conflicto en Bolivia. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo que el Gobierno de Paz enfrenta un “golpe de Estado”. Por definición, este extremo implica la participación de las Fuerzas Armadas en la interrupción democrática.
“Son declaraciones muy subidas de tono. El Gobierno boliviano debería llamar a la encargada de negocios norteamericana (Debra Hevia) para preguntarle sobre este tema. Porque una cosa es respaldar un proceso democrático, pero otra es realizar [comentarios] de injerencia”, evaluó Arequipa.
Una acción exacerbada.
En diálogo con este medio, el analista colombiano Mario Hurtado Cardozo calificó como “exagerada” la reacción del Gobierno de Bolivia. “Me parece desproporcionado llamar y suspender a la embajadora como primer acto diplomático derivado de una serie de declaraciones”, puntualizó.
“En términos diplomáticos, hay otro tipo de medidas a las que se puede acudir previamente. Se puede hacer una llamada de consulta, o una carta de preocupación, entre otras vías. La expulsión es una medida muy fuerte políticamente”. En este sentido, la aseveración de la Cancillería boliviana sobre el mantenimiento de relaciones de cordialidad entre ambas naciones es “una contradicción”.
Sin embargo, Hurtado reconoció que la manera de expresarse de Petro puede no sentar del todo bien en ciertos sectores. “Conocemos su personalidad. Su mandato se ha caracterizado por salir a la palestra pública, como lo ha demostrado en varias intervenciones. Es la forma en que él ha ejercido su gobernanza. Esto también lo ha convertido en un referente en algunos aspectos a nivel regional y global”.
Por ello, “muchas personas podrían juzgar si esta característica de Petro es positiva o negativa. Personalmente, creo que habría que pensar si sus declaraciones abonan al diálogo o qué implican políticamente”. Para el especialista, este conflicto hace surgir el dilema de hasta dónde puede opinar un mandatario ante la vulneración de derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Para el analista Alejandro Parra, también colombiano, su país y Bolivia “comparten una larga tradición militarista. En ambas naciones, quienes son parte de las fuerzas militares y policiales perciben que tienen absoluta legitimidad sobre sus acciones y, además, cuentan con carta blanca para la impunidad, por pertenecer a estas instituciones armadas”.
Durante el golpe de Estado de 2019, estas fuerzas cometieron las masacres de Senkata y Sacaba, las cuales dejaron en total más de 20 muertes entre la ciudadanía de la ciudad de El Alto y el departamento de Cochabamba.
En ese momento actuaron al amparo del decreto 4078, firmado por la entonces presidenta Jeanine Áñez, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados en caso de que dispararan contra la población, como finalmente ocurrió.
Parra recordó a Sputnik que, en 2024, “se intentó de nuevo avanzar sobre el derecho a la objeción de conciencia, que permite a un policía o a un soldado boliviano negarse a acatar la orden de dispararle a la población civil porque su conciencia no se lo permite. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bolivia falló en contra de este derecho fundamental”.
Por ello, “entiendo perfectamente el llamado que hace Petro al cese de la violencia y a generar una alerta por el bienestar de quienes se manifiestan pacíficamente en estos momentos”, dijo.
Para el analista, no es de extrañar que Colombia se ofrezca como mediador, más si se considera que “el país pasó por un aprendizaje histórico al haber recibido la mediación de otros países para las negociaciones en conflictos armados o en negociaciones de paz que se han intentado acá distintas veces”.
¿Cómo afecta este conflicto al clima político de Sudamérica? Para Hurtado, “creo que no es un mensaje positivo. Es un mensaje de preocupación, que muestra el nivel de división actual en la región en términos políticos”.
La creciente injerencia de EEUU en la región afecta al vínculo entre las naciones sudamericanas. “Deberíamos estar hablando de enfrentar el cambio climático o de luchar contra el crimen organizado. Pero estos conflictos, como el que tenemos ahora entre Bolivia y Colombia, no nos permiten avanzar en este sentido y creo que nos debe preocupar”, sostuvo este experto.
El Maipo/Sputnik
