Las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) están hoy en el centro del debate en Chile, tras la decisión de la Corte Suprema de obligarlas a restituir cobros excesivos, fallo que sus directivos se niegan a acatar.
Este sistema privado de salud está compuesto por nueve aseguradoras, entre las cuales las más grandes son Banmédica, Cruz Blanca, Colmena Golden Cross, Cigna Salud, Vida Tres y Aetna Salud.
Se estima que en conjunto las Isapres deberán devolver a 700 mil afiliados cerca de mil 400 millones de dólares por concepto de tarifas superiores a las establecidas en la tabla de factores única de 2019.
En aras de solucionar la crisis, el Ejecutivo ingresó este mes en el Congreso Nacional un proyecto denominado ley corta que permite a las Isapres pagar la totalidad de la deuda de forma ordenada y sin impacto repentino en el sistema.
La iniciativa propone un plazo de seis meses a las aseguradoras para confeccionar un plan de pago de los montos a restituir, el cual será analizado por una comisión experta y sometido luego a la consideración de la Superintendencia.
Sin embargo, sectores de la derecha presentaron un proyecto que permite a las Isapres recalcular los precios de manera que los excedentes a devolver sean mínimos o incluso nulos, lo cual provocó una ola de repudio.
“Me opondré a cualquier maniobra legislativa que en la práctica signifique no cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a devolver dinero cobrado en exceso a los cotizantes”, expresó en Twitter la senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana.
Mientras, Gonzalo Winter, del partido Convergencia Social, denunció a la derecha por promover una reforma para que las Isapres no respondan por sus abusos y sigan cometiéndolos en la impunidad.
Para la abogada, defensora de los derechos humanos y diputada independiente, Mercedes Bulnes, las Isapres sabían que estaban cobrando dinero indebidamente y aun así repartieron utilidades y por eso es necesario que paguen lo que deben.
Fuente: El Maipo/PL
