(Buenos Aires) Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y ciudadanos en general acompañarán hoy a los jubilados argentinos en una marcha frente al Congreso para exigir el respeto a sus derechos y el fin de la violencia.
Como cada miércoles, los participantes en la demostración denunciarán el veto del presidente Javier Milei a una reforma previsional, el vaciamiento del Programa de Atención Médica Integral y la imposibilidad de muchas personas de llegar a fin de mes por recibir haberes insuficientes.
En esta oportunidad, organizaciones como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA Autónoma instaron a usar la camiseta celeste y blanca, representativa de la selección local de fútbol, pero también de esta nación.
Además, asistirán integrantes del Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Partido Comunista, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y otras organizaciones y sectores.
Los presentes condenarán la fuerte represión desatada por la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria contra quienes se movilizaron la semana pasada.
El 12 de este mes, esas fuerzas desplegaron un fuerte operativo con camiones hidrantes, efectivos motorizados, balas de goma, bastones y gas lacrimógeno, y causaron heridas a decenas de ciudadanos, entre ellos una anciana de más de 80 años y el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico.
Además de demandar justicia por Grillo, quien fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas tras recibir un disparo con un cartucho de gas en la cabeza, los presentes denunciarán la grave situación socioeconómica y se opondrán a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La Agrupación de Reporteros Gráficos y las CTA pidieron la renuncia inmediata de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tras responsabilizarla por lo sucedido la semana pasada.
Por otra parte, el juez federal Martín Cormick anunció que la Justicia “observará presencialmente con suma atención todo lo que suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho o acto que resulte procedente para resolver” el planteo de inconstitucionalidad del protocolo antiprotestas implementado por el Gobierno.
Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, lo ocurrido la semana anterior puede ser considerado como “la más violenta represión de la protesta social desde 2001”.
“Más de mil agentes de todas las fuerzas de seguridad iniciaron la represión a las 15:15, hora local, antes del comienzo de la convocatoria, con la intención de impedir la concentración. Se realizaron miles de disparos con postas de goma, se arrojaron decenas de granadas de gas lacrimógeno y dispararon gas pimienta. Al menos cuatro camiones hidrantes rociaron a cientos de personas. Decenas padecieron golpes con bastones, puños y escudos”, señaló ese organismo.
El resultado: al menos 672 heridos. Periodistas y defensores de derechos humanos, personas de la tercera edad, jubilados, mujeres y jóvenes se incluyen en la larga lista. 114 ciudadanos fueron detenidos, entre ellos un niño de 12 años, añade.
El Maipo/PL
