Por Emilia Delfino
Este domingo 7 de junio, los peruanos eligen a su próximo presidente por un período de cinco años. Se enfrentan dos candidatos en segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori; y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), exministro y candidato de izquierda. Ninguno de ellos ha demostrado propuestas ambientales concretas y contundentes para un país que atraviesa una grave crisis en la Amazonía, que se traduce en la expansión de la minería ilegal, el crimen organizado, la pérdida de bosque y otros problemas que impactan el bioma amazónico.
La deforestación, la flexibilización de las normas ambientales, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, la amenaza del ingreso de la industria pesquera a las áreas marinas protegidas y la violencia contra los defensores ambientales y del territorio son algunos de los temas ausentes en la agenda electoral de 2026.
Manuel Pulgar Vidal es Líder de la Práctica Global de Clima & Energía de la organización ambiental WWF Internacional y ex ministro de Ambiente de Perú (2011-2016). En entrevista con Mongabay Latam, analiza los desafíos ambientales que le esperan al próximo gobierno de su país.
“Hoy la minería ilegal está fuertemente representada en el Congreso de la República”, asegura. Pero también confirma lo que investigaciones y análisis periodísticos vienen sosteniendo: ambos candidatos tienen vínculos con la minería ilegal que avanza sobre la Amazonía.
—Ninguno de los candidatos de la segunda vuelta de este domingo definió a su funcionario del área de Ambiente. ¿Esto le sorprendió?
—No, no me sorprendió para nada. Creo que la ausencia de personas con capacidad de reflejar una agenda ambiental es el resultado de diez años de ausencia de lo ambiental en la política peruana. Los últimos diez años en materia ambiental han sido absolutamente desperdiciados. Perú había logrado hasta 2016 un buen posicionamiento de la agenda ambiental, con todas las dificultades que ello siempre ha representado, porque hay que considerar que lo ambiental dentro de un gabinete de gobierno ha sido siempre, y lo ha sido así en América Latina, un espacio pequeño, con poco presupuesto, que tiene que lidiar con sectores y ministerios bastante poderosos que habitualmente están dedicados a la infraestructura, como carreteras o actividades económicas, energía y minas. Sin embargo, con todas esas dificultades naturales de los ministerios del Ambiente, Perú no solamente había podido consolidar una agenda ambiental interna, sino un fuerte posicionamiento en la agenda ambiental internacional. Todo esto, curiosamente, se empezó a desarmar voluntariamente en 2016.
Creo que el gobierno de [Pedro Pablo] Kuczynski cometió un fuerte error cuando redujo y minimizó el sector Ambiente porque consideró que estaba interfiriendo demasiado en los otros sectores. Y ahí empezó la debacle del sector Ambiente. Se convirtió en un espacio que ya no podía intervenir en asuntos como la minería ilegal. Fue retirado de la lucha que había venido ejerciendo contra esta actividad, pero a su vez se empezó a ausentar de los espacios internacionales que había ocupado en la agenda ambiental internacional, donde el clima había sido uno de los elementos centrales porque Perú había organizado en 2014 una conferencia climática. Luego, desapareció a partir de 2017 de la escena política internacional.
A su vez, se dieron diez años de cambios políticos con ocho presidentes en diez años, con una rotación altísima en el Ministerio del Ambiente. Probablemente más de diez, sin capacidad por el corto tiempo que ejercieron o por carencia de capacidades, con una excepción: Gabriel Quijandría, en el gobierno de [Francisco] Sagasti [2020-2021], un buen ministro del Ambiente. Otros no fueron capaces de reinstalar una agenda ambiental en la política peruana.
Esto se ha reflejado en el hecho de que Perú no ha fortalecido su capacidad de desplegar energías renovables no convencionales, no ha sido capaz de acceder a los recursos nacionales o internacionales disponibles para cortar con la deforestación. Ha visto crecer la minería ilegal y por lo tanto la contaminación y deforestación causadas por esta actividad, en especial en la Amazonía. Esto se ha visto fuertemente expandido, con una agenda de bosques bastante débil, con un conjunto de normas ausentes o que han sido derogadas.
Pero a su vez, en estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios, el tema ambiental esté absolutamente ausente.
Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes. Ninguno fue capaz de presentar un funcionario sólido que pueda describir por lo menos algunos elementos básicos de la agenda ambiental.
—La minería y la minería ilegal atraviesa a ambos candidatos por sus conexiones, por sus posicionamientos. ¿Qué consecuencias cree que podría tener la posible validación de la minería ilegal para la Amazonía en Perú y para otros ecosistemas claves que podrían ser afectados?
—Consecuencias catastróficas. En el tema de asociación con la minería ilegal, ambos bandos políticos [que se enfrentan en estas elecciones] están realmente por el mal camino y vamos a ver las consecuencias en Perú en el corto plazo. Yo creo que si Perú no es capaz de poner orden a las actividades ilícitas, la gobernabilidad del país se va a ver altamente afectada y no vamos a poder reorientar nuestro crecimiento porque vamos a estar en el proceso que está viviendo Bolivia.
Perú ha sido históricamente un país con fuerte presencia de metales. Un país que a lo largo de su historia ha desarrollado minería, en especial polimetálica, pero que luego también entró muy fuertemente en la minería de oro, teniendo los yacimientos más importantes de oro del mundo, básicamente desarrollados en zonas andinas, donde definitivamente hay impactos ambientales. Pero hay que tener en cuenta que en la zona andina los metales se presentan en filones. Los filones tienen una presencia que permite que el yacimiento se profundice, sea a través de túneles o de tajos abiertos y por lo tanto, a nivel de extensión, el nivel de deterioro es acotado. Se profundiza a través de túneles porque los metales se siguen encontrando incluso a muy profundos niveles. Eso es típico en minería de filones. Es muy diferente cuando se habla de minería en Amazonía, porque ahí los metales no han tenido una formación geológica del subsuelo a la superficie, sino que los metales que se encuentran en zonas planas de la Amazonía o en zonas altas de la Amazonía, son metales que han llegado a esta zona fundamentalmente por erosión, por deslizamiento, por las propias quebradas y que por lo tanto se encuentran a muy pocos niveles de profundidad.
En la Amazonía, tú puedes encontrar oro a no más de 60 metros. Mientras que en minería de filones tú puedes estar a 700 metros y sigues encontrando metales. Como en la Amazonía se trata fundamentalmente de procesos de deslizamientos erosivos, los minerales se encuentran especialmente en los cauces, en las riberas o en quebradas, muchas veces ya secas. Por lo tanto, es una minería que es absolutamente migratoria. Cuando uno ve las fotos satelitales lo que encuentra es una minería que va migrando y que va abriendo la herida de la deforestación.
Pero a su vez hay un tema adicional: Perú tiene una tradición minera en la que las fases de minería siempre han estado bien distinguidas. Tu desarrollas cateo o prospección en un inicio; luego haces exploración, que es fundamentalmente perforación diamantina para descubrir cómo se está pintando el yacimiento. Luego, una vez que sabes cómo está el yacimiento, inicias el desarrollo, sea el túnel o el tajo abierto, y luego pasas a la explotación. Y luego, si la inversión te da, puede ser que vendas roca o vendas concentrado, eso es muy claro. Y así se ha desarrollado la minería a lo largo de la historia de Perú.
Pero la minería en la Amazonía, que es la que se llama minería aluvial, todas las fases se entremezclan. Cuando tú haces minería en zona andina, tú puedes retirar el suelo, guardarlo y recuperarlo en el momento del cierre de la mina. En la Amazonía, en cambio, cuando llegan a una zona, lo primero que hacen es deforestarla y luego empezar un proceso de búsqueda en la arena, un proceso de filtrado para encontrar el oro, ya que a la vez que están explorando, están explotando y en muchos casos en la misma zona están haciendo el procesamiento minero usando mercurio.
Entonces ni siquiera la regulación es capaz de aplicarse en zonas de minería aluvial, y eso hace que sea contaminante, que no haya capacidad de mantener ese suelo o recuperarlo una vez que se cierre. Dicho de otra manera, la minería en Amazonía va a ser siempre destructiva.
—¿Por qué?
—No hay forma de que tú puedas hacer una minería sostenible cuando se trata de una minería aluvial en las condiciones que a su vez no tienen nada que ver con pequeña minería, porque se usan [balsas] carrancheras, cargadores frontales y un conjunto de maquinaria pesada que hace que definitivamente estemos por encima de los tonelajes máximos permitidos para ser considerados de pequeña minería o minería artesanal.
Hay una ficción en la legislación que hace que estos “pequeños mineros” se quieran seguir denominando pequeños o artesanales, cuando la realidad es que lo realizan de mediana e incluso en algunos casos a gran escala. Entonces, las consecuencias de la permisividad que ha tenido el Estado en ver favorecida la minería en Amazonía tiene consecuencias catastróficas porque los niveles de recuperación son muy lentos, pero a su vez hay un alto nivel de contaminación que se refleja en alta presencia de mercurio en cuerpo y en sangre de las poblaciones aledañas. Incluso en poblaciones en ciudades que dependen de los recursos hidrobiológicos que están en estos ríos contaminados por mercurio.
Además, esta minería se desarrolla con bajísimos niveles de seguridad, sin equipamiento debido y a su vez invadiendo concesiones ajenas. Estamos entrando a un proceso similar al de Bolivia en cuanto a la minería aluvial, una minería de “pequeños”, lo que ellos llaman cooperativas, que son los que ahora justamente han generado bloqueos y problemas políticos en el país. O sea, un capitalismo popular donde las cosas se hacen con un Estado permisivo que permite que las cosas se hagan sin condiciones, solamente para satisfacer necesidades económicas de estos individuos que supuestamente son pequeños, pero que en realidad en muchos casos responden a alguna cabeza inversionista que está recibiendo las ganancias de este tipo de minería absolutamente desregulada. Este modelo es para la Amazonía, catastrófico; para la política, dañino; para la seguridad, muy asociado a actividades criminales que se ven reflejadas en la falta de seguridad que hoy sufren todos los peruanos.
—En los últimos años ha sido muy fuerte el debate sobre las llamadas leyes pro-crimen. ¿Por qué es importante que se debatan estas normas y qué intereses hay detrás de ellas?
—A lo largo de los últimos cinco años se han dictado un conjunto de normas que son absolutamente permisivas para el crecimiento de actividades consideradas “informales”, pero que han devenido en ilícitas y luego en criminales. Son normas que, por ejemplo, ya no permiten asociar un conjunto de estas actividades ilícitas a lo que se denomina delitos bajo organización criminal, lo que hace que las penas sean menos severas y restringen la capacidad del Estado o de la Justicia en su control.
Se han dictado normas que permiten el uso de explosivos [utilizados por los mineros en la Amazonía] de manera más libre. Se ha restringido significativamente el poder de la Fiscalía o el Poder Judicial para hacer persecución del delito. Se han dictado normas que permiten ya casi una amnistía a prácticas que han favorecido la deforestación.
Perú pasó de dos muertos al día por homicidios, armas de fuego o muerte violenta a seis por día. Es ahí justamente cuando se empiezan a dictar este conjunto de normas. El Congreso ha relativizado la existencia de estas leyes pro-crimen. El Partido Fuerza Popular, la misma candidata Keiko Fujimori ha dicho que quiere verlas. No está segura de que sean todas pro-crimen y creo que está absolutamente equivocada. Sánchez sí señala que él derogaría las leyes pro-crimen, pero siendo congresista, nunca presentó ninguna propuesta para hacerlo. Por lo tanto, su nivel de credibilidad es bajísimo. Al final del día, todas estas leyes pro-crimen fueron dictadas, casi todas con casi absoluta unanimidad de todos los partidos que nos han representado en este Congreso.
Esto deriva en que el crecimiento de las actividades ilícitas ha hecho que el Congreso también se vea ocupado por representantes de estas prácticas ilegales, fuertemente. Hoy la minería ilegal está fuertemente representada en el Congreso de la República.
—Habló de la deforestación como uno de los problemas centrales de Perú en materia ambiental. ¿Por dónde debería ir un gobierno sensato para combatirla?
—La ley forestal ha amnistiado procesos de deforestación y cuando tú generas este tipo de amnistía lo que estás haciendo es incentivando que se siga produciendo la deforestación. Debería ser derogada porque definitivamente es promotora de mayor deforestación. Segundo, Perú tiene que ordenar la manera como gestiona el bosque de forma tal que pueda beneficiarse de los recursos internacionales para poder financiar actividades de control de la deforestación, como el fondo que se creó en la última COP de Belém, en Brasil.
Perú tiene que culminar procesos que tiene pendientes del año 2000 de ordenamiento del bosque para poder establecer formas ordenadas de acceso al bosque. Creo que tienen que revisarse las formas de gobernanza, porque es un país que a lo largo del tiempo ha generado una fragmentación de autoridades que hace que haya por lo menos cinco o seis autoridades.
No hay forma de entender cómo seis autoridades pueden promover sostenibilidad de manera coherente. Esos son, para empezar, los primeros elementos que uno tiene que considerar para una gestión sostenible del bosque.
—Perú no ha tomado protagonismo, ni siquiera en el debate, según expertos, en la transición energética. ¿Cree que eso podría cambiar en el futuro cercano?
—No, no lo veo, y por dos razones. La primera: creo que en Perú hay una absoluta ausencia de entendimiento de lo que implica para la competitividad del país la introducción de tecnologías modernas que lo que intentan es reducir las emisiones que genera, en especial, la exploración y explotación y uso de combustibles fósiles. En Perú no hay una visión clara de lo que significa para la economía y para la competitividad tomar decisiones de esta naturaleza, cosa que sí ocurre en países como Chile. Uno podría alegar que Chile no tiene fuentes fósiles y que por eso tuvo que apostar por las energías renovables, cosa que es cierto. Pero mira Colombia: es capaz de organizar una conferencia [como la de Santa Marta], cuyo enfoque es la transición gradual y ordenada hacia fuera de los combustibles fósiles porque tiene una mirada clara de lo que significa para la competitividad del país iniciar ese proceso. Eso no existe en el Perú. ¿Por qué no existe en Perú? Por la ausencia de entendimiento de que en el proceso climático tenemos que cumplir un acuerdo: el Acuerdo de París.
Cumplir este acuerdo implica que tu economía puede enfocarse a un desarrollo y a una competitividad mayor que te permita a 2050 seguir compitiendo económicamente con otros países y seguir apostando al crecimiento. Ese entendimiento no existe.
El segundo es que, como algunos otros países de la región, Perú está atrapado en la trampa del gas. Esto ha hecho que Perú crea que es una fuente inagotable. Se ha entrado a un nivel de desesperación tal que algunas voces ya se levantan para permitir que se abra la exploración y explotación en áreas naturales protegidas, buscar más yacimientos de gas en vez de apostar a energías renovables no convencionales.
A su vez, Perú siempre piensa que tiene una matriz energética balanceada porque tiene también mucha energía hidráulica. Pero ahí no se está teniendo en cuenta que el cambio climático tiene como una de sus consecuencias la especial pérdida de recursos hídricos, que son una fuente de energía hidráulica. Ecuador, por ejemplo, apostó fuertemente a la energía hidráulica y cuando tuvo un periodo de sequía hacia diciembre del año pasado hubo cortes de luz de 14 o 15 horas al día.
Además, el sector ambiente ha sido bastante incapaz de poder influir activamente en el sector energía y minas para poder darle un enfoque relacionado a mejorar la competitividad del país buscando la introducción de energías renovables no convencionales.
Mientras Perú estaba trayendo trenes usados que ya estaban siendo chatarra en California, Chile estaba lanzando su primera locomotora de hidrógeno verde. Entonces ahí te das cuenta qué alejados estamos en la región del entendimiento de lo que implica la transición energética en sus tres partes, en el despliegue de renovables, en la eficiencia energética y su mejora y en la salida de combustible fósil.
—Las políticas contra el cambio climático tampoco han sido una prioridad para los candidatos en Perú. ¿Ha desaparecido este debate de la agenda política?
—Sí, definitivamente. En Perú está absolutamente ausente el debate climático. La participación es marginal, no forma parte de la agenda en casi ninguno de los temas.
El debate climático se desarrolla en distintos frentes. Un primer frente es el de los gobiernos. Todos juntos negociando en plenaria para tomar decisiones. Ahí Perú tiene una participación bastante marginal. Un segundo frente son las coaliciones que desarrollan los países en función a las prioridades temáticas de la presidencia de la COP [la cumbre climática global anual que organiza la ONU]. Ahí Perú nunca aparece. Las ciudades del Perú no tienen ninguna agenda climática orientada al manejo sostenible para reducir las emisiones [de gases de efecto invernadero]. Entonces, afuera a nivel internacional, cero en el nivel nacional. Y eso nos va a pasar factura. Perú va a pagar la factura de su inacción, incompetencia y desatención de lo climático muy pronto, lamentablemente.
—En el Congreso también están bajo debate leyes que podrían afectar ambientalmente al mar, a los recursos pesqueros…
—En relación al sector pesquero, lo que vimos en los últimos dos años es un fuerte nivel de presión, de incidencia, buscando acceso de flotas pesqueras industriales para pescar en zonas de áreas naturales protegidas que felizmente ha sido detenido por el Poder Judicial, que es un éxito del nivel de defensa que desarrollaron las ONG. Pero de hecho sí hay una fuerte presión del sector industrial para tener mayor permisividad. Probablemente, y esto lo digo solamente como proyección probabilística, el hecho de que se presenta [el fenómeno climático de] El Niño hace que definitivamente los recursos pesqueros de nuestro mar frío migren o se profundicen. Eso va a llevar al sector pesquero a intentar obtener concesiones de la política en el corto plazo para que se le den ciertas flexibilidades para la pesca, porque definitivamente El Niño golpea al sector pesquero. Pero eso no debe significar flexibilizar las reglas de cuidado, porque justamente lo que habría que hacer es entrar a prácticas de mayor protección para la reproducción de esos recursos hidrobiológicos. Eso estoy seguro que lo vamos a ver en el corto plazo.
Creo que un sector ambiente absolutamente ausente, una agenda ambiental absolutamente minimizada hace que todos aquellos que quieran obtener un beneficio de corto plazo para el desarrollo de una actividad económica en la gran mayoría de los casos, con altos niveles de informalidad o incluso de criminalidad, nos están llevando a que estemos perdiendo la pista radicalmente. No siento que esto vaya a cambiar en el corto plazo.
—La sociedad civil en Perú ha recibido varios embates en los últimos tiempos, incluso con leyes como la que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e impone severas restricciones a las ONG que reciben fondos extranjeros. ¿Cómo cree que se prepara la sociedad civil ambientalista frente a un nuevo gobierno?
—Creo que va a haber una continuidad e incluso podría agravarse el escenario de las restricciones al ejercicio de la participación ciudadana o la participación cívica. Perú ha venido sufriendo lo que lamentablemente se viene sufriendo en muchas partes del mundo. Se ha entrado en un proceso de deslegitimación de las ONG, que además se ven afectadas porque hay una severa pérdida de recursos. Además de la promulgación de leyes como la de la APCI, el Congreso se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú, alegando una supuesta y absolutamente falsa pérdida de soberanía. Entonces, creo que vamos a tener una continuidad en el tiempo y puede ser incluso más severo.
La última vez que vi una encuesta sobre este tema, a principios de este año, vi que el nivel de credibilidad de las ONG se ha visto reducido significativamente, y no por culpa de las ONG, sino por culpa de una narrativa que ha tratado de descalificarlas y deslegitimarlas. Entonces el golpe ya se sintió, pero puede ser mayor. Las condiciones políticas pueden ser variables en el sentido de si accede Keiko Fujimori al gobierno. Las restricciones a la sociedad civil pueden verse más afectadas.
Si accede Sánchez, tampoco creo que vaya a favorecer que se recupere la capacidad de la sociedad civil para expresarse, porque finalmente creo que estamos en un momento en Perú donde la izquierda y la derecha o las ideologías ya no cuentan. Cuentan más los intereses individuales antes de favorecer una participación cívica responsable, una participación cívica activa.
*Imagen principal: los aspirantes a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. Foto: AP/Martín Mejía
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