Hace unos días, el Presidente Kast presentó su “Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico” como la gran apuesta para revitalizar el país. Detrás de las promesas de crecimiento y prosperidad, sin embargo, se esconde algo más parecido a un desmontaje sistemático del Estado: un juego de suma cero en el que la única ganancia asegurada es la pérdida de derechos para la ciudadanía.
El núcleo del problema es estructural. El gobierno propone una combinación de rebaja al impuesto corporativo —del 27% al 23%— y un recorte de gasto público de US$6.000 millones en apenas 18 meses. La lógica es la de siempre: aliviar la carga a las empresas para que la inversión reactive lo que la recaudación perderá. Pero esto es una apuesta ciega. El propio informe financiero enviado por el Ejecutivo al Congreso advierte que los efectos negativos sobre los ingresos fiscales solo se compensarían en la próxima década. La cuenta la paga hoy. Y está en la letra chica.
La propuesta congela la gratuidad universitaria por cuatro años y restringe su acceso, revirtiendo décadas de avances en política educacional. El mensaje es nítido: ganan los grandes capitales; pierde la movilidad social.
Pero el desfinanciamiento no se detiene en el gasto “central”. Golpea también la base de la vida cotidiana, allí donde el municipio es el principal proveedor de bienestar. Enterrado en el paquete de medidas hay un mecanismo que no está generando la alarma que merece: la exención casi irrestricta del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. Lo que nadie explica con claridad es que este tributo alimenta el Fondo Común Municipal, la principal fuente de financiamiento para las 293 comunas del país y tabla de salvación para las más pobres, especialmente en la periferia metropolitana. Mermar ese fondo no es un ajuste técnico: es recortarle a los municipios los recursos con los que financian seguridad, aseo y programas sociales en los barrios. Si se vacían las arcas comunales, quienes primero sienten el golpe son los vecinos más vulnerables.
El gobierno y sus operadores están aferrados a esta reforma porque sin ella su programa político se desmorona. Pero si logran aprobarla, enfrentarán el costo de lo que sembraron. La crisis fiscal que sobrevendrá en el corto y mediano plazo dejará a un Estado desfinanciado frente a una ciudadanía que exigirá respuestas. El deterioro en salud, educación y seguridad pública —sumado a la incapacidad de gestionar el territorio— generará una ola de descontento que ningún discurso de “libre mercado” podrá contener.
Esta es la trampa de fondo: si la ley se aprueba, las arcas fiscales colapsan y la presión por seguir recortando derechos acorrala la gestión. Si la ley no se aprueba, el gobierno queda expuesto como incapaz de gobernar y acelera su propio desgaste. Pase lo que pase, el proyecto de desmantelar el modelo social tal como lo conocemos genera daños que serán difíciles de reparar.
El juego es de suma cero. Y en este tablero, el único que siempre pierde es Chile.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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