El caso de los niños y niñas haitianas cuyo paradero hoy se investiga en Chile no puede leerse únicamente como una falla administrativa ni como un episodio aislado de desorden migratorio. Lo que aparece detrás de esta noticia es algo más profundo: la existencia de una economía del traslado, un mercado que se organiza alrededor de la vulnerabilidad humana y que convierte la necesidad de migrar en una oportunidad de lucro.
Cuando una familia busca escapar de la pobreza, la violencia, el colapso institucional o la falta de futuro, no solo se enfrenta a una frontera. Se enfrenta también a intermediarios, gestores, agencias, documentos, pasajes, contactos, deudas y promesas. Allí donde el Estado no ofrece vías claras, seguras y trazables, aparece una economía paralela que vende soluciones. No siempre se presenta con el rostro brutal del crimen organizado. A veces aparece con apariencia formal: una agencia, un pasaje, un trámite, un adulto acompañante, una carpeta documental o una autorización aparentemente regular.
Por eso, el tráfico ilícito de migrantes debe entenderse como un negocio. Un negocio que no vende simplemente transporte, sino acceso. Acceso a una frontera, a un permiso, a una reunificación familiar, a una ruta aérea, a una omisión administrativa o a una posibilidad de ingresar al país. En ese mercado, la persona migrante deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser tratada como mercancía. Y cuando se trata de niños, esa mercantilización adquiere una gravedad aún mayor, porque la infancia no puede consentir, no puede defenderse y depende completamente de los adultos y de las instituciones que deberían protegerla.
El punto más delicado de este caso es que la figura de la reunificación familiar, que en principio responde a un criterio humanitario, pudo haber sido utilizada como plataforma de negocio. La reunificación familiar existe para proteger vínculos, reparar separaciones y permitir que niños y niñas vivan con sus familias. Pero si no hay verificación rigurosa del vínculo, si no se comprueba el domicilio, si no se identifican adecuadamente los adultos responsables y si no existe seguimiento posterior, esa herramienta puede ser capturada por redes que lucran con la desesperación.
El tráfico ilícito de migrantes no funciona solo por la acción de quienes cobran. Funciona también por los vacíos que otros dejan. Necesita rutas, documentos, transporte, intermediarios, zonas grises y, muchas veces, funcionarios que miren poco, miren tarde o simplemente no miren. Su rentabilidad depende precisamente de esa mezcla entre necesidad humana y debilidad institucional. Mientras más difícil, confuso o inaccesible sea migrar regularmente, más valor adquiere el intermediario que promete resolverlo todo por fuera o al borde de la norma.
Por eso, reducir el debate a “más control” o “menos migración” sería insuficiente. El problema no es la migración haitiana ni la presencia de niños extranjeros en Chile. El problema es que una política migratoria mal diseñada puede crear mercados clandestinos. Cuando el Estado no regula con inteligencia, no protege con trazabilidad y no acompaña territorialmente, otros actores ocupan ese espacio. Y esos actores no necesariamente buscan proteger a las familias: buscan rentabilizar su movimiento.
Una política seria frente a este fenómeno debe perseguir la economía del delito. No basta con buscar a los niños, aunque esa es la urgencia principal. También hay que seguir el dinero: quién cobró, cuánto cobró, quién emitió documentos, quién coordinó vuelos, quién recibió pagos, quién trasladó, quién autorizó, quién omitió controles y quién se benefició de cada eslabón de la cadena. La pregunta no es solo cómo ingresaron, sino quién ganó con ese ingreso.
Este caso obliga a mirar la migración desde una perspectiva menos ingenua. La movilidad humana puede ser un derecho, una necesidad y una realidad social, pero también puede ser capturada por economías ilícitas. Defender los derechos de las personas migrantes no significa negar la existencia de redes criminales; al contrario, significa enfrentarlas con mayor decisión, porque son precisamente esas redes las que más daño hacen a quienes migran.
La infancia haitiana no puede transformarse en el rostro visible de una disputa ideológica sobre fronteras. Debe ser el punto de partida para discutir algo más incómodo: cómo se construyó un negocio alrededor de familias desesperadas, niños vulnerables y un Estado incapaz de seguir la ruta completa de quienes autorizó a entrar.
Cuando un país pierde el rastro de un niño, no solo falla un sistema de registro. Falla la promesa mínima de protección. Y cuando detrás de esa pérdida aparece una cadena de pagos, traslados, documentos y omisiones, ya no hablamos solo de negligencia. Hablamos de una economía ilícita que encontró en la migración vulnerable una fuente de ganancia.
Para El Maipo, Ariel Flores Cortés. Trabajador social, Diplomado en desarrollo local inclusivo, Est. De MG en gobierno, políticas públicas y territorio.
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