El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó esta semana que desde su cartera aplicarán “mano dura” con la evasión de impuestos y que van “a buscar cada abuso que exista” para recuperar el dinero perjudicado al Fisco. Recordó que el Estado financió becas para estudiar en el extranjero a “los más privilegiados de Chile” que nunca volvieron, y anunció que irá a recuperar esos 60 mil millones de pesos. También puso en su lista al fraude de la Junaeb y al cobro selectivo del CAE.
La imagen es poderosa. El ministro, firme ante las cámaras, enarbolando la bandera de la probidad y el buen uso del dinero público. Un celoso guardián del erario. Sería del todo convincente, si no fuera porque ese mismo guardián tiene un historial que vale la pena mirar con igual rigor que el que él dice aplicar al resto.
Jorge Quiroz participó prestando servicios de asesoría para las diferentes empresas de los mercados de la carne de pollo, las farmacias, el asfalto y el transporte marítimo. Entre los años 2008 y 2009, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó la colusión en todos estos mercados, y el nombre de Jorge Quiroz aparece en todos estos procesos, respaldado por cientos de documentos contenidos en los expedientes de la investigación.
No se trata de rumores ni de ataques de campaña. El fallo del Tribunal de la Libre Competencia menciona correos de 2009 en los que ejecutivos de las empresas avícolas compartían información sobre un “modelo de estimación de consumo que está siendo trabajado con la oficina de Jorge Quiroz”. El TDLC y la Corte Suprema confirmaron la existencia de colusión y se aplicaron multas por 72.000 UTA. En otras palabras, el modelo estadístico que permitió a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo repartirse el mercado del pollo durante más de una década —esquilmando el bolsillo de millones de familias chilenas— pasó por las manos del actual responsable de las finanzas públicas del país.
En el caso de las farmacias, Quiroz actuó como perito y defensor de Salcobrand. En su declaración ante el TDLC sostuvo que “no existen indicios de colusión en este mercado” y que había “rivalidad de precios evidente”. Pese a ello, en 2012 los tribunales determinaron que sí hubo colusión entre Cruz Verde y Salcobrand, imponiendo multas cercanas a 20 mil UTA a cada cadena.
Ahora el ministro denuncia con indignación que la Junaeb pagó 14 mil onces que nunca se entregaron a estudiantes vulnerables, calificándolo de “negocio ilícito” y “negociado” que dañó el dinero de todos los chilenos. La indignación es legítima y el fraude debe perseguirse. Pero cuesta no notar la asimetría: cuando el perjudicado era el consumidor de a pie —que pagaba más caro su pollo, sus remedios, su pescado—, Quiroz estuvo del lado de quienes causaban ese daño. Hoy, desde Teatinos 120, descubre que el mal uso del dinero público es inaceptable.
En 2010, Quiroz fue contratado por Sonapesca para defender los privilegios resguardados por la llamada “Ley Longueira”, esa normativa ampliamente criticada por beneficiar a un reducido grupo de grandes empresas pesqueras a costa del interés colectivo. Un lobby de libro mayor a favor de la concentración económica, en un sector donde el “abuso” que hoy denuncia tiene también antigua y conocida tradición.
Fue presentado por Kast como futuro ministro ante la Confederación de la Producción y el Comercio, algo que fue aplaudido y festejado por los empresarios. Los mismos que en otros tiempos llamaron a su oficina para que les diseñara modelos de mercado.
Nadie niega que cobrar el CAE a quienes pueden pagarlo podría ser correcto, ni que perseguir el fraude en Junaeb es una obligación del Estado. La pregunta que queda flotando es otra: ¿puede ejercerse con autoridad moral la cruzada contra el abuso quien dedicó décadas de su carrera a prestar servicios técnicos a empresas que coordinaban precios, repartían mercados y perjudicaban sistemáticamente a los consumidores más vulnerables?
El problema no es solo biográfico. Es de coherencia. Porque la colusión de los pollos o de las farmacias no fue un accidente administrativo ni un fraude de funcionarios corruptos en alguna región apartada. Fue una operación sofisticada, diseñada con herramientas económicas de alto nivel, que durante años encareció la canasta básica de millones de chilenos. Eso también es un abuso. Eso también es dinero que “pertenece a todos los chilenos” y que nunca llegó a sus manos.
Un ministro que genuinamente quiera convertir la lucha contra el abuso en el sello de su gestión debería empezar por el ejercicio más difícil: mirarse a sí mismo con la misma lupa que promete aplicarle al resto. Hasta entonces, la “mano dura” huele más a relato que a convicción.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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