En un paso decisivo para la transparencia del deporte nacional, la Sala del Senado aprobó y despachó a su tercer trámite constitucional el proyecto de ley que moderniza la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). La iniciativa, que ahora regresa a la Cámara de Diputadas y Diputados para la ratificación de enmiendas, fue valorada transversalmente por su enfoque en la “integridad deportiva”.
El proyecto, impulsado originalmente por parlamentarios como el senador Matías Walker, apunta a resolver problemas estructurales que han afectado la credibilidad del fútbol chileno en los últimos años.
Los pilares de la reforma
La moción aprobada establece regulaciones estrictas para sanear la administración de los clubes profesionales, destacando los siguientes puntos:
- Fin a la multipropiedad: Se prohíbe que una misma persona o grupo económico tenga el control de más de un club, evitando distorsiones en la competencia.
- Regulación de agentes: Los representantes de jugadores quedarán inhabilitados para participar en la propiedad o administración de los clubes, eliminando los actuales conflictos de interés.
- Fiscalización robusta: Se otorgan mayores atribuciones a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para supervisar los movimientos de las SADP.
- Separación de entidades: El texto propone dividir administrativamente a la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).
- Voz a los hinchas: Se refuerzan los mecanismos de control estatal para abrir espacios de incidencia real a los seguidores de los clubes.
Votación y nudos críticos
Si bien el grueso de las normas fue aprobado con una amplia mayoría (34 votos a favor y 2 abstenciones), el debate no estuvo exento de discrepancias. La Sala rechazó por mayoría ciertos puntos específicos que ahora deberán ser zanjados en la etapa final:
Se desestimaron artículos relacionados con la transacción de acciones, la facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas y la responsabilidad solidaria en el pago de deudas. Asimismo, quedó pendiente la resolución sobre la participación de universidades en la liga profesional.
Con este avance, el Congreso busca establecer un “nuevo estándar” de ética y probidad, garantizando que el foco de las instituciones deportivas vuelva a ser el desarrollo del juego y no solo el beneficio económico de sus controladores.
