El 16 de agosto de 1936, un domingo, un grupo de soldados y guardias de asalto rodeó la casa de la familia Rosales en Granada. Dos días más tarde, el 18 de agosto, la dictadura naciente del general Francisco Franco fusilaba a Federico García Lorca. Noventa años después, España sigue sin encontrar sus restos.
Refugiado entre amigos
Tras el estallido de la Guerra Civil, García Lorca había buscado refugio en casa de los Rosales, una familia granadina con la que su padre mantenía una vieja amistad, forjada en el casino de la ciudad y en una rivalidad cordial por las vocaciones literarias de sus respectivos hijos. El padre de la familia regentaba una ferretería en la plaza de Bibarrambla; sus hijos, salvo el más joven, volcado en la pintura, eran jóvenes aficionados a la vida social y las letras, afiliados a la Falange y de ideas claramente antirrepublicanas. Paradójicamente, esa filiación política fue lo que convirtió su casa en un escondite plausible para el poeta.
Durante los primeros días de su estancia, Lorca pareció recobrar cierta calma. Entretenía a las mujeres de la casa —la señora Rosales, su hija Esperanza y la tía Luisa— con relatos de sus viajes a Nueva York, Buenos Aires y La Habana, y tocaba canciones populares en un piano que le instalaron en su habitación del segundo piso. Se había ganado el cariño de todas ellas, que bromeaban con su costumbre de esconderse bajo la cama cada vez que un avión sobrevolaba la casa, para pedir después una tila con la que calmar los nervios. En las comidas familiares, si algún hermano Rosales aparecía con un arma, el poeta pedía que la dejaran fuera del comedor. La familia nunca ocultó su presencia ni lo trató como a un fugitivo, aunque, evidentemente, eso era exactamente lo que era.
La tarde de la detención
El 16 de agosto, hacia las cuatro de la tarde, la calle se llenó de hombres armados; algunos incluso se apostaron en los tejados vecinos por si el poeta intentaba escapar. Federico, aterrorizado, no se movió del cuarto de estar mientras la señora Rosales intentaba, sin éxito, comunicarse con sus hijos por teléfono. Solo logró localizar a Miguel, descrito como el más pusilánime de los hermanos, que regresó de inmediato desde la jefatura de la Falange y se encontró con el despliegue armado frente a su propia casa.
En el patio esperaba, entre macetas y columnas, el responsable del operativo, tomando té con calma. A la puerta, dentro de un Oakland descapotable requisado por el Gobierno Civil, se encontraba Ramón Ruiz Alonso, antiguo diputado de la CEDA y figura conocida en la Granada de la época. Miguel Rosales le exigió ver la orden de detención y conocer los cargos contra Lorca. Ruiz Alonso se la entregó sin más explicación que una acusación tan vaga como definitiva: que el poeta era agente de una potencia extranjera y había hecho, con la pluma, más daño que otros con las armas.
Miguel leyó el papel bajo la mirada de los soldados y no encontró el valor —ni probablemente el margen— para oponerse: cualquier gesto de resistencia ponía en riesgo a su propia familia. Ayudó a Federico a prepararse mientras, fuera, la operación seguía su curso con una calma casi protocolaria. “Ay, cuánto lo siento, Federico”, se despidió la señora Rosales, conteniendo el llanto. El poeta la abrazó. Temblando pero sin oponer resistencia, caminó hasta el coche acompañado por Miguel, que intentó tranquilizarlo asegurándole que todo se resolvería en el Gobierno Civil, aunque su voz —y su mirada, que evitó cruzar con la de Lorca— delataban lo contrario.
Un crimen sin tumba
Se cree que, pocas semanas después de iniciada la contienda, Lorca fue fusilado de madrugada en algún paraje entre los pueblos de Víznar y Alfacar, en la provincia de Granada. El régimen franquista, que gobernó España hasta 1975, prohibió durante décadas cualquier mención pública al asesinato, y tanto la figura como la obra del poeta —autor de “Bodas de sangre”, “La casa de Bernarda Alba” o “Romancero gitano”— quedaron sometidas a una censura que solo pudo sortearse de forma clandestina dentro del país. Fue en el exilio, sobre todo en México y Argentina, donde los intelectuales españoles mantuvieron vivo su nombre, hasta que la llegada de la democracia permitió reivindicarlo abiertamente como símbolo de libertad.
Hoy, con su obra traducida a decenas de idiomas y celebrada en todo el mundo, España arrastra una deuda pendiente: no ha logrado dar con los huesos de Lorca. Su caso no es una excepción, sino parte de una herida mucho más extensa. Según cifras del propio gobierno español, existen alrededor de 6.000 fosas comunes repartidas por todo el territorio —no hay lugar en España que esté a más de 50 kilómetros de una— con más de 11.000 personas enterradas sin identificar, ejecutadas durante la Guerra Civil (1936-1939) o durante la represión posterior de la dictadura. Algunos expertos, sin embargo, elevan esa cifra hasta entre 20.000 y 25.000 víctimas. Entre todas esas fosas sin nombre, la que se supone contiene los restos de García Lorca es, noventa años después, una de las más buscadas y, hasta ahora, una de las que con mayor obstinación se ha resistido a ser hallada.
El Maipo
