Nunca un oficio ministerial tan opaco había generado tanto revuelo con tan pocas líneas. El oficio número 16 del Ministerio de Hacienda contiene una recomendación que inquieta no solo por su contenido, sino por la palabra elegida: descontinuar.
El problema es que la forma correcta es discontinuar. El ministerio, en su afán técnico, parió un híbrido entre la jerga corporativa y la pereza filológica. Quisieron sonar precisos y ni siquiera sonaron correctos. Casi un símbolo: un gobierno que pretende interrumpir políticas públicas termina también interrumpiendo el idioma.
Pero no nos distraigamos. El verdadero asunto no es el prefijo, sino lo que encubre. Porque descontinuar —o discontinuar— es aquí un eufemismo para no decir eliminar, recortar, cancelar. Así, cuando el oficio propone “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, intenta hacer pasar un drama humano como un mero trámite administrativo.
La lista sigue: becas docentes, PACE, fondos para educación pública. Todo bajo la niebla de la “estrechez fiscal”. Y cuando después digan que fue “un error de redacción”, recuérdese: el lapsus ministerial suele ser más sincero que el comunicado.
Lo grave no es lexical, es moral. Ningún gobierno debería equilibrar sus cuentas sobre la espalda de los que menos tienen. Si lo que se pretende es quitar alimentos y reducir oportunidades, no basta con disfrazarlo de tecnicismo.
Porque lo que allí se propone no es una discontinuidad administrativa.
Es un recorte social. Y eso, bien escrito o mal, sigue siendo exactamente lo mismo.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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