Por Juan Lehmann
Argentina busca incorporar al sistema financiero parte de los ahorros que la población mantiene fuera de los bancos tras décadas de crisis recurrentes. “La desconfianza es por historia, pero, sobre todo, por el presente e imaginarios de escenarios futuros”, dijo a Sputnik el economista Julio Gambina.
El Gobierno encabezado por el presidente argentino, Javier Milei, presentó esta semana una Ley de Inocencia Fiscal, que pretende acercar parte de los 170.000 millones de dólares que los ciudadanos guardan fuera de los bancos, cuatro veces más que los 40.000 millones depositados en cuentas. Es el segundo mayor stock de dólares físicos en circulación fuera de Estados Unidos.
La iniciativa no es un blanqueo tradicional con alícuota sobre los fondos declarados, sino una eximición de investigación fiscal: quien declare dólares no bancarizados, no será perseguido por el origen de esos fondos. El argumento oficial es que muchos argentinos no formalizan sus ahorros por temor a que el fisco investigue su procedencia, aunque el dinero sea completamente legítimo.
El fenómeno que la ley intenta revertir tiene un nombre coloquial: el “dólar del colchón”. Miles de argentinos guardan billetes en efectivo en sus hogares o en cajas de seguridad privadas ajenas al sistema bancario. La moneda estadounidense funciona como unidad de cuenta para inmuebles y autos usados, y como reserva de valor intergeneracional.
La desconfianza tiene raíces en, al menos, cuatro episodios de ruptura en los últimos 35 años. El primero fue la hiperinflación de 1989 y 1990, cuando el índice llegó al 3.000% anual y los pesos dejaron de ser reserva de valor. El segundo fue el Plan Bonex de 1990, cuando el Gobierno convirtió los depósitos a plazo fijo en bonos de largo plazo sin el consentimiento de los ahorristas.
El episodio que más marcó la memoria colectiva fue el corralito, de diciembre de 2001: el gobierno congeló los depósitos bancarios durante meses, dejando a millones de argentinos sin acceso a sus ahorros. La pesificación asimétrica de 2002 convirtió los depósitos en divisa estadounidense a pesos, a una tasa que perjudicó a los ahorristas. La combinación destruyó la confianza en el sistema bancario por una generación.
A esos episodios se sumaron los sucesivos cepos cambiarios: entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y entre 2019 y 2024, el acceso al dólar fue restringido reiteradamente. Cada nueva restricción confirmó la lección aprendida: quien tiene dólares físicos no los pierde cuando el Estado cambia las reglas del juego de manera unilateral.
Argentina intentó revertir ese comportamiento al menos ocho veces desde 1983, mediante blanqueos que ofrecieron condiciones especiales para declarar activos no registrados. El más exitoso fue el de 2016, en el mandato de Mauricio Macri, con declaraciones por 117.000 millones de dólares. El de 2024, bajo Milei, captó alrededor de 22.000 millones. Ninguno cambió de manera estructural el hábito de atesoramiento.
La iniciativa de esta semana llega en un contexto diferente al de los blanqueos anteriores. La inflación mensual bajó al 2%, la brecha cambiaria se redujo drásticamente y el tipo de cambio lleva más de un año estable. El Gobierno argentino apuesta a que esa estabilidad, combinada con la exención fiscal, genere las condiciones para que los argentinos vuelquen parte de ese ahorro informal al crédito y la inversión.
El stock de dólares fuera del sistema bancario equivale a más del 30% del producto interno bruto argentino y supera en un 50% la deuda total del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si tan solo el 10% de ese dinero ingresara al sistema financiero, representaría unos 17.000 millones de dólares adicionales en depósitos, equivalente a casi la totalidad de vencimientos de deuda que afrontará el país en 2026, según estimaciones del sector bancario.
Un plan ambicioso
“El proyecto del Gobierno apunta a hacerse de divisas. Los dólares, euros o moneda extranjera en Argentina están en manos de particulares, y el Estado no tiene suficientes divisas para hacer frente al proyecto gubernamental con el que cuenta”, dijo a Sputnik el economista Julio Gambina. El experto vinculó la iniciativa con la “necesidad oficial de ampliar los recursos disponibles para sostener su programa”
Según el consultor, Buenos Aires “es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Un objetivo es juntar divisas para pagarle al FMI, juntar divisas para pagarle a los acreedores externos de la deuda pública”, afirmó. La iniciativa busca ampliar la disponibilidad de moneda extranjera para afrontar compromisos financieros del Estado.
“El Gobierno apuesta al arribo de inversiones internacionales. Pero mientras esas inversiones internacionales no llegan, no impactan ni en el modelo productivo ni en la ecuación financiera que necesita el Estado nacional para mejorar sus reservas internacionales”, señaló Gambina.
Consultado por Sputnik, el economista Miguel Ponce remarcó que “lo que Milei quiere es que aparezcan dólares, divisas en Argentina, sea por inversiones, por préstamos, o que los privados que tienen ahorrados recursos en divisas los vuelquen al mercado financiero”.
“El Gobierno está desesperado porque baje el costo del endeudamiento y poder acudir al mercado mundial de préstamos”, sostuvo. La formalización de los ahorros en dólares se inscribe así en una estrategia más amplia para “mejorar la posición financiera del país y facilitar el acceso al crédito internacional”.
Un problema estructural
Según Ponce, la de los “dólares en el colchón es una figura poética” para dar cuenta de “los cientos de miles de dólares fuera del sistema formal, que es un problema bastante inusual a nivel regional.
De acuerdo con el experto, “esa tenencia de activos en billete es parte de cómo los propietarios defienden su inversión. Muchos lo hacen en bienes inmobiliarios, otros en títulos privados, en títulos públicos, y las divisas son activos que sirven para resguardar esos valores”, explicó.
“Hay antecedentes de desconfianza, no tanto al sistema financiero, sino al régimen financiero político, y tiene que ver con intervenciones públicas en apropiación de esos recursos. Hay cierto temor a que cambien las reglas del juego“, apuntó el experto.
Mientras tanto, Gambina consideró que “la seguridad que se brinda es puesta en discusión por parte de los operadores económicos, porque hay mucha incertidumbre sobre el futuro político“. En ese marco, el experto destacó que ese sentir se da “por el presente e imaginarios de escenarios futuros de la economía mundial y, sobre todo, de la local”.
El especialista precisó que “es difícil cortar con una desconfianza estructural sedimentada a lo largo de décadas y décadas de inestabilidad crónica. Cuando los bancos secuestraron tus ahorros, es esperable que necesites varios años para volver a confiar en que ingresarlos al sistema formal es una buena decisión”.
El Maipo/Sputnik
