Por Daniel Aguirre Román
El salmón se ha consolidado como uno de los productos más demandados en el mercado internacional, especialmente en fechas como la temporada navideña. En ese escenario, Chile ocupa un lugar estratégico: es el segundo mayor productor mundial, solo superado por Noruega. Sin embargo, el sostenido aumento de la actividad salmonera vuelve a tensionar la discusión sobre sus costos ambientales y sociales, particularmente en el sur del país.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción de salmón en Chile creció un 9,1 % durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro se ha transformado en uno de los principales pilares de las exportaciones no mineras, con Estados Unidos y Brasil como destinos prioritarios. Pese a su relevancia económica, la industria enfrenta cuestionamientos persistentes desde organizaciones ambientales y sociales.
Uno de los principales focos de crítica se concentra en la expansión de centros de cultivo en la Patagonia, una zona de alto valor ecológico y con presencia de áreas protegidas. ONG ambientales advierten sobre la instalación de concesiones salmoneras en ecosistemas frágiles, el uso intensivo de antibióticos y la acumulación de residuos industriales en el fondo marino.
Desde Greenpeace Chile sostienen que el número de concesiones aprobadas supera ampliamente lo que permitiría un equilibrio ambiental. Según la organización, muchas de estas instalaciones generan contaminación a través de plásticos, estructuras metálicas y restos de infraestructura abandonada, además de una producción que excedería los límites originalmente autorizados. Este sobreuso, afirman, provoca mortalidades masivas, aumento de materia orgánica y una cadena de desequilibrios que impacta a otras especies del ecosistema patagónico.
La organización ambiental también ha llevado estas denuncias al ámbito judicial. Hace un año presentó querellas criminales por la muerte de dos ballenas jorobadas, hechos que —según sus antecedentes— habrían ocurrido en centros salmoneros ubicados al interior del Parque Nacional San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar. Ambas causas continúan en investigación, a la espera de resoluciones por parte del Ministerio Público.
A estas preocupaciones se suman las alertas levantadas por otras organizaciones, como Ecoceanos, que han denunciado condiciones laborales riesgosas en la industria salmonera, incluyendo accidentes fatales de trabajadores en centros de cultivo.
Mientras el salmón chileno sigue ganando espacio en los mercados internacionales, el debate sobre los límites ambientales, la fiscalización efectiva y la compatibilidad de esta industria con la conservación de los ecosistemas australes continúa abierto.
El Maipo
