La Sombra del Plan Laboral de 1981 en el Siglo XXI
Cuando José Piñera promulgó entre 1978 y 1979 los decretos leyes que conformaron el llamado “Plan Laboral” de la dictadura de Pinochet, el objetivo era claro: desarmar el orden laboral previo que había permitido a los trabajadores participar en las utilidades y en la dirección de las empresas durante el gobierno de la Unidad Popular. Cuarenta y siete años después, las propuestas económicas y laborales del José Antonio Kast amenazan con resucitar ese mismo modelo de atomización sindical, precarización y concentración del poder empresarial que caracterizó ese período de nuestra historia.
El Plan Laboral de 1981: El Origen del Mal
Para comprender la gravedad de lo que está en juego, es necesario recordar qué significó el Plan Laboral impuesto por la dictadura. Este conjunto de normas no fue una simple actualización técnica de la legislación; fue un instrumento de disciplinamiento social que buscó destruir sistemáticamente el poderío del movimiento sindical construido durante décadas.
Entre sus pilares fundamentales se encontraban: la atomización de los sindicatos a nivel de empresa, impidiendo la negociación colectiva por rama que había permitido a los trabajadores de un mismo sector negociar en conjunto; la limitación del derecho a huelga, reduciéndola a una mera fase del procedimiento de la negociación colectiva reglada; la despolitización y debilitamiento de la titularidad sindical (existencia de varios sindicatos e incluso de “grupos negociadores“ no sindicales); la derogación del sindicato industrial de composición obrera, y el reforzamiento del artículo 161 del Código del Trabajo al institucionalizar la “necesidad de la empresa” como causal de despido sin justificación previa, flexibilizando la desvinculación unilateral, introduciendo inestabilidad laboral y permitiendo despidos sin causa justificada, debilitando la organización laboral y sindical al limitar la capacidad de reincorporación. Todo ello se implementó bajo un contexto de represión y persecución contra los dirigentes sindicales, con más de 2.200 líderes despedidos, 110 asesinados y cientos de detenidos o exiliados sólo en los primeros años de la dictadura.
El ideólogo de este modelo, el ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, lo justificaba como un sistema que dejaba las relaciones laborales “al arbitrio de la responsabilidad personal y las reglas del mercado”. En la práctica, lo que significó fue la precarización absoluta del trabajo: salarios reducidos a un tercio del mínimo en los programas de empleo mínimo, flexibilidad laboral que permitía el despido arbitrario, y la transformación de los trabajadores en mercancías que se ofrecían en las esquinas cada lunes, compitiendo entre sí por un salario cada vez más bajo.
Gobierno de Kast: ¿El Retorno de los Brujos?
Las propuestas que Kast ha planteado en materia económica y laboral no son tímidas reformas; representan una continuidad ideológica con ese ADN autoritario que gestó el neoliberalismo chileno en dictadura. Su énfasis en la flexibilidad laboral absoluta, el debilitamiento de la negociación colectiva y la reducción del rol del Estado en la protección de los derechos laborales evocan directamente el espíritu del Plan Laboral de 1981.
Si bien la dictadura prohibió completamente la negociación colectiva entre 1973 y 1978, y luego la restringió severamente con el Plan Laboral, el proyecto de Kast busca profundizar las restricciones existentes, impidiendo que los trabajadores puedan negociar por rama o sector, manteniéndolos confinados al aislamiento de la negociación por empresa. Esta atomización no es un detalle técnico menor: es la estrategia central para mantener a los trabajadores divididos y debilitados, sin capacidad real de presión frente a los empleadores. Recordemos que, a diferencia de la alta asociación de empresarios en torno a poderosas organizaciones (CPC, SNA, CNC, SONAMI, SOFOFA, CChC, ASIMET y ABIF entre otras), la tasa de sindicalización en Chile se sitúa en torno al 19% – 20% de los trabajadores asalariados, muy por debajo de las cifras que exhiben los países líderes de la OCDE, de entre el 50% y 80% en los países nórdicos y otros de gran productividad, estabilidad económica y laboral.
En materia previsional, mientras que el gobierno de Boric aprobó una reforma histórica que modificó el sistema de AFP impuesto por Pinochet en 1981 —estableciendo que las empresas aporten un 8,5% adicional a las pensiones hacia 2033—, Kast ha sido un férreo defensor del modelo privatizador que hoy condena a más de 1,6 millones de pensionados a recibir jubilaciones inferiores a la línea de la pobreza, y a cerca de 2,8 millones de personas a una pensión promedio que no alcanza los $250.000 pesos chilenos mensuales, muy por debajo del sueldo mínimo. Su propuesta apunta a mantener e incluso ampliar el sistema de capitalización individual, donde el trabajador asume solo el riesgo de su vejez, mientras las administradoras de fondos de pensiones obtienen millonarias ganancias.
Las Consecuencias para el Mundo del Trabajo
La continuidad de este modelo arriesga consecuencias devastadoras, como las que ya hemos visto durante décadas. La desnaturalización de la huelga hasta transformarla en una herramienta antisindical, la atribución del rol sindical como un beneficio personal para sus dirigentes en lugar de un derecho colectivo, y la desregulación de los contenidos antes irrenunciables del contrato de trabajo, son algunas de las herencias más perversas del Plan Laboral.
Pero lo más grave es el contexto en que estas medidas se implementarían. Mientras que la dictadura necesitó del terrorismo de Estado —detenciones, torturas, asesinatos, exilio— para imponer su modelo laboral, Kast intentaría hacerlo bajo el ropaje de la “legalidad” democrática, pero con el mismo objetivo: debilitar la organización colectiva de los trabajadores para garantizar las tasas de acumulación que requiere el neoliberalismo extremo.
El argumento de que la flexibilidad laboral genera mayor empleo y crecimiento es el mismo eslogan que utilizaron los “Chicago Boys” en los años ochenta. La evidencia histórica muestra lo contrario: durante la dictadura, la flexibilidad no trajo prosperidad para los trabajadores, sino precarización, desempleo estructural y pérdida de derechos. Hoy, los mismos argumentos se repiten como un disco rayado, ignorando décadas de experiencia que demuestran que el equilibrio entre capital y trabajo es fundamental para una sociedad democrática y justa.
Del “Trabajador” al “Colaborador”, o Cómo Borrar la Identidad con un Eufemismo
Y como si el retroceso en derechos no fuera suficiente, el proyecto político de Kast añade una pátina de corrección semántica que pretende enterrar para siempre la identidad del trabajador chileno: ahora no seríamos “trabajadores”, sino “colaboradores”. Torpe eufemismo que, como por arte de magia lingüística, disuelve la contradicción capital-trabajo, licúa la noción de contrato colectivo y transforma al asalariado en un voluntarioso socio de su propio empleador. “Colaborador” suena a quien contribuye por generosa vocación, no a quien vende su fuerza de trabajo porque si no lo hace no come. “Colaborador” evoca al que puede retirarse cuando quiera, no al que le amenaza el despido si osa organizarse con sus pares. “Colaborador” es el término perfecto para un modelo que aspira a despojar de institucionalidad, identidad y avances a quienes durante décadas conquistaron el derecho a llamarse lo que son: trabajadores. Porque si no hay trabajadores, no hay sindicatos; si no hay sindicatos, no hay huelgas; si no hay huelgas, no hay conflicto; y si no hay conflicto hay imposición, y qué más da llamarlos “colaboradores”. Al fin y al cabo, en el diccionario del neoliberalismo extremo, hasta los eufemismos tienen precio.
Reflexión Final: La Encrucijada Actual
Chile enfrenta una encrucijada histórica. Por un lado, el gobierno de Gabriel Boric logró aprobar una reforma de pensiones que modificó el sistema heredado de la dictadura, estableciendo un aporte patronal obligatorio y reconociendo que el Estado debe tener un rol activo en la protección de la vejez. Por otro lado, las propuestas de Kast representan un retorno al modelo original de Pinochet: menos derechos, más precarización, y un Estado que se retira de su función protectora para dejar que el mercado regule las relaciones laborales.
Como sostiene el abogado laboralista Leonardo Holgado, es necesario un nuevo derecho del trabajo que reconozca la huelga como un derecho fundamental de carácter político vinculado a la libertad de expresión, que genere procedimientos de negociación colectiva alineados con los estándares de diálogo social de la OIT, y que restituya los legítimos derechos a la participación, organización y conflicto colectivo a las organizaciones de trabajadores (“Un nuevo Derecho del Trabajo para el país que soñamos”, publicado en Le Monde Diplomatique, 03.06.2021).
El mundo del trabajo no puede seguir siendo el laboratorio de los experimentos neoliberales que inició Pinochet en 1973. Los trabajadores, que crean con sus manos, capacidades, intelecto y sudor la riqueza del país, merecen algo mejor que el retorno de las políticas que durante 17 años los sometieron al disciplinamiento, la represión y la precarización.
La historia nos ha enseñado que cuando se debilitan los derechos laborales, no se fortalece la economía; se fortalece la desigualdad, se perpetúa la concentración del poder y se socavan las bases mismas de la democracia (“Cómo mueren las democracias” de Levitsky y Ziblatt). Frente a ello, la única respuesta posible es la organización y la defensa irrenunciable de los derechos conquistados en luchas históricas por generaciones anteriores. En efecto, el legado de lucha de los trabajadores chilenos, que incluso en los momentos más oscuros de la dictadura organizaron huelgas desafiantes, enfrentaron persecución laboral y lideraron movilizaciones para resistir el Plan Laboral, nos recuerda que la defensa de la dignidad en el trabajo es también la defensa de la democracia.
Fuentes:
Las cifras aproximadas corresponden a datos de la Superintendencia de Pensiones y estudios del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) y la Encuesta de Protección Social, actualizados a 2025-2026, que indican que más del 80% de las pensiones autofinanciadas son inferiores al sueldo mínimo y una proporción relevante se ubica bajo la línea de pobreza.
Pensiones, PGU y reforma previsional en https://previsionsocial.gob.cl/pensiones-para-chile/
Estudio de Tasas de Reemplazo (mencionado en el análisis del CEP) en https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-09-septiembre-2024/
Línea de la pobreza y pensiones bajo el umbral en https://www.cepchile.cl/investigacion/voces-del-cep-18-julio-2025/
Naturaleza neoliberal del sistema y análisis de la reforma 2025 en http://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/2506
Las cifras de “1,6 millones de pensionados bajo la línea de la pobreza” y “2,8 millones con pensiones bajo los $250.000” utilizadas en la columna son consistentes con los datos agregados presentados en el sitio oficial de la Reforma de Pensiones (lareformadepensiones.cl) y los análisis del CEP sobre el impacto del sistema en los ingresos bajos . La cifra de 2,8 millones corresponde al total de beneficiarios proyectados para el aumento de la PGU, lo que indirectamente refleja la magnitud de la población que depende de este pilar solidario para alcanzar ingresos mínimos.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
