La organización ambiental cuestionó la decisión de Andes Iron de abandonar la vía judicial y advirtió sobre un eventual intento de reactivar el proyecto minero-portuario mediante la vía administrativa. La iniciativa mantiene vigente el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en 2025.
El proyecto Dominga enfrenta un nuevo escenario luego de que Andes Iron desistiera de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema. La decisión mantiene vigente el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025 y traslada la atención hacia la vía administrativa.
En este contexto, Greenpeace pidió al Gobierno no ceder a presiones y sostuvo que el rechazo de la iniciativa debe ser respetado. La organización cuestionó el nuevo camino adoptado por la empresa, que busca continuar sus gestiones a través de procedimientos administrativos.
La iniciativa de Andes Iron contempla la explotación de hierro y cobre, además de la construcción de un terminal portuario en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Su tramitación se extiende desde 2013 y ha pasado por distintas instancias administrativas y judiciales.
¿Qué ocurrió con los recursos ante la Corte Suprema?
El lunes 28 de septiembre, Andes Iron presentó un escrito ante la Corte Suprema para desistir de los recursos que había interpuesto contra las decisiones judiciales relacionadas con Dominga.
Con esta decisión, la empresa deja la vía judicial y concentra sus esfuerzos en las alternativas administrativas que continúan abiertas. Entre ellas se encuentran cuatro solicitudes de invalidación presentadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante junio y que fueron admitidas a trámite en septiembre.
El retiro de los recursos no significa que el proyecto haya sido aprobado. Actualmente, Dominga continúa rechazado, luego de que el Comité de Ministros adoptara una decisión desfavorable en enero de 2025 y la Corte de Apelaciones de Antofagasta respaldara posteriormente ese escenario.
Greenpeace cuestiona el nuevo camino
La abogada de Greenpeace Roxana Núñez sostuvo que la decisión de Andes Iron representa, a juicio de la organización, un reconocimiento de que las posibilidades de revertir judicialmente el rechazo se habían reducido.
Greenpeace también recordó que mantiene una querella relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto. Según la organización, la investigación busca esclarecer eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos.
La ONG ha señalado que la acción judicial se relaciona con más de $255 millones pagados por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios se encuentran imputados en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Estos antecedentes corresponden a una investigación en curso y las responsabilidades deberán ser determinadas por las instituciones competentes.
Desde Greenpeace plantearon que el Gobierno debe garantizar la transparencia y respetar las decisiones adoptadas durante la tramitación del proyecto. La organización también puso el foco en la protección del Archipiélago de Humboldt, ecosistema ubicado frente a las costas de la Región de Coquimbo.
Gobierno monitorea el futuro de Dominga
El Ejecutivo ha señalado que está siguiendo la situación. El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, afirmó que el Gobierno monitorea el caso y que existe interés en que las inversiones mineras que cumplan con las exigencias ambientales puedan desarrollarse.
Mientras tanto, el futuro de Dominga dependerá de la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas ante el SEA. Si alguna de ellas prospera, el expediente podría retroceder y eventualmente volver a una instancia administrativa para un nuevo análisis.
Por ahora, el proyecto permanece rechazado, pero su tramitación vuelve a concentrarse en el ámbito administrativo después de que Andes Iron decidiera abandonar los recursos que mantenía ante la Corte Suprema.
El Maipo
