El diputado Raúl Leiva cuestionó duramente el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa impulsada por el Gobierno e ingresada recientemente al Congreso bajo el Boletín 18341-25.
La propuesta busca crear un sistema que permita identificar y registrar a personas condenadas o sancionadas por una serie de delitos e infracciones vinculadas al orden público, la convivencia social y la protección de bienes públicos y privados.
La iniciativa busca establecer mecanismos que permitan “identificar, registrar y desincentivar adecuadamente aquellas conductas que revelan un incumplimiento grave de los deberes básicos de respeto al orden público, a los bienes comunes y a los derechos de terceros”.
Sin embargo, Leiva aseguró que varias de las conductas contempladas en el proyecto generan dudas respecto a la proporcionalidad de las sanciones propuestas.
“Una pena mayor que el homicidio o la violación”
El parlamentario socialista apuntó especialmente a la norma despachada desde la Comisión de Seguridad Ciudadana que sanciona con penas de hasta 15 años y un día la interrupción violenta del tránsito en la vía pública.
“Se acaba de despachar una norma que sanciona hasta con 15 años y un día a aquella persona que interrumpa el tránsito de manera violenta. Tiene una sanción mayor que el homicidio y que la violación. No hay ninguna proporcionalidad”, afirmó.
Leiva sostuvo que, aunque este tipo de conductas deben ser perseguidas y sancionadas, el castigo planteado por el Ejecutivo resulta excesivo en comparación con otros delitos de mayor gravedad.
Críticas por incorporación de rifas y actividades comunitarias
Uno de los principales cuestionamientos del legislador se centró en las conductas que podrían derivar en la inscripción en el Registro de Incivilidades.
Entre ellas figura la organización de loterías o rifas no autorizadas, infracción contemplada en el artículo 276 del Código Penal y que, según el proyecto, implicaría una inscripción de un año en el registro.
“Cuando el Estado no está, muchas organizaciones sociales se financian mediante rifas o actividades comunitarias. Hoy podrían terminar incorporadas al registro por esa razón”, advirtió.
También cuestionó que se considere la elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin patente municipal, situación que —según afirmó— afecta frecuentemente a pequeños emprendedores y comerciantes informales.
Qué contempla el registro
El proyecto divide las conductas sancionables en tres categorías:
- Actos vandálicos, con inscripciones de hasta cinco años.
- Incivilidades de competencia de los juzgados de policía local, con registros de un año.
- Incivilidades de competencia de los juzgados de garantía, también con una duración de un año.
Dentro de los actos vandálicos se incluyen delitos como incendios, daños a bienes públicos, rayados no autorizados, usurpaciones en inmuebles fiscales, uso de artefactos explosivos, carreras clandestinas, tráfico de drogas, ataques a funcionarios públicos y la interrupción de la libre circulación en la vía pública.
En tanto, entre las incivilidades figuran el consumo de alcohol en espacios públicos, el no pago del transporte público, la venta de alimentos sin autorización municipal, la organización de loterías ilegales, daños menores a la propiedad y el consumo de drogas en la vía pública.
Debate por efectos en beneficios estatales
Leiva también manifestó preocupación por las consecuencias prácticas que podría tener la inscripción en el registro.
A su juicio, la iniciativa podría derivar en restricciones para acceder a determinados beneficios estatales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), afectando a personas sancionadas por conductas que considera de menor gravedad.
“Se está equiparando a quienes realizan una rifa o una actividad comunitaria con situaciones mucho más graves. Esa falta de proporcionalidad es lo que estamos viendo en las propuestas del Ejecutivo”, sostuvo.
El Maipo
