El feminismo se enfrenta no sólo a sus luchas históricas, sino también a una ofensiva conservadora global y al rearme de un neoliberalismo financiero extremo.
El 3 de junio de 2015, el asesinato de Chiara Páez, una adolescente embarazada de Santa Fe, a manos de su novio, desencadenó una de las movilizaciones más contundentes de la historia reciente de Argentina. Bajo el lema #NiUnaMenos, una multitud salió a las calles para decir “¡Basta ya!” al feminicidio y a todas las formas de violencia de género. Ese día marcó un punto de inflexión en el proceso de organización feminista que se venía desarrollando desde el retorno de la democracia en comunidades, sindicatos, instituciones sanitarias y educativas, tanto dentro como fuera del estado. Fue una concentración multitudinaria que dio inicio a un ciclo de movilización social feminista contra el neoliberalismo, que pronto se extendió por toda Latinoamérica.
Desde entonces, Ni Una Menos dejó de ser solo una frase. Se convirtió en un lema transversal, intergeneracional y continental. En las plazas de Buenos Aires, Lima, Santiago, Montevideo y Ciudad de México, miles de mujeres y disidentes comenzaron a organizarse. Surgieron asambleas, redes de apoyo, colectivos artísticos, huelgas feministas y campañas por la legalización del aborto donde aún no existía. Esto creó las condiciones para el resurgimiento de un sujeto político con fuerte presencia desde mediados de los años setenta y durante la década siguiente: el feminismo popular latinoamericano, que transformó el dolor en organización y la rabia en fuerza transformadora.
“Todos somos trabajadores”: entre la violencia de género y la violencia económica
Desde sus inicios, el movimiento Ni Una Menos dejó claro que la violencia machista no puede entenderse de forma aislada: está profundamente vinculada a la desigualdad económica, la precariedad laboral, el endeudamiento y las múltiples formas de explotación que afectan especialmente a las mujeres y a las disidentes. Pero también forjó un escenario de rearticulación de la energía feminista en todos los ámbitos de la vida social, organizativa y política.
A través de las huelgas internacionales de mujeres —promovidas desde 2016 por una asamblea impulsada por colectivos feministas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, grupos de diversidad de género, redes antirracistas y grupos migrantes— se amplificó el lema: «Si nuestras vidas no valen nada, produzcan sin nosotras». La huelga feminista desafió al sistema económico desde una perspectiva radical. Destacó que el trabajo de cuidados, mayoritariamente no remunerado y feminizado, sustenta el funcionamiento del capitalismo. Exigió que todas seamos trabajadoras , no solo en el empleo formal, sino en todos los espacios donde se produce y reproduce la vida.
Además, Ni Una Menos incorporó la denuncia de la deuda como forma de subyugación: muchas mujeres se ven obligadas a endeudarse para sobrevivir o cubrir lo que el Estado no garantiza. Esta violencia económica también es violencia de género. Así, el feminismo propuso un nuevo marco para pensar la justicia social: no puede haber emancipación sin redistribución, ni libertad sin autonomía económica.
No es libertad, es neoliberalismo: la guerra contra la justicia social
Diez años después del primer 3J (3 de junio, fecha de la primera movilización del movimiento, que lo inició todo), el feminismo se enfrenta no sólo a sus luchas históricas, sino también a una ofensiva conservadora global que busca deslegitimar los transfeminismos y toda forma de movilización popular de la última década, como parte de un refuerzo ideológico de la derecha radicalizada en el rearme del neoliberalismo financiero, en su fase más extrema y neocolonial.
En 2024, el gobierno de Javier Milei en Argentina asumió el cargo con la promesa de implementar “el mayor ajuste del mundo”. Del total de recortes del gasto en 2024, las pensiones contributivas y jubilaciones representaron el 24%, la inversión real directa en obras públicas el 15%, las transferencias a las provincias el 16%, los subsidios energéticos el 10%, los programas sociales el 11% y los salarios el 8%.
Bajo la retórica de la “libertad individual”, la austeridad fiscal y la “motosierra”, se esconde una política de destrucción del Estado y ajuste estructural que afecta a los sectores más vulnerables: los jubilados, cuyas pensiones han perdido hasta un 35% de su valor debido a la inflación, sumado a recortes en medicamentos esenciales gratuitos y un aumento del 29% de la pobreza. La reacción incluye recortes presupuestarios en políticas de género, la criminalización del activismo feminista y la amplificación de la violencia social y callejera contra las minorías sexuales y de género. Se intenta retomar el discurso de la familia tradicional, cuestionar la educación sexual integral y eliminar el lenguaje inclusivo.
Esta arremetida conservadora también se ve respaldada por el descrédito de logros como el aborto legal, las leyes de identidad de género y las cuotas laborales para personas transgénero. En nombre del orden fiscal, se está desmantelando la economía popular con la eliminación de políticas de apoyo a las cooperativas y a los trabajadores informales, lo que empuja a miles de personas a la pobreza.
Al mismo tiempo, se persigue la memoria, la verdad y la justicia: se desmantelan las políticas de derechos humanos, se deslegitiman las instituciones históricas y se niega el terrorismo de Estado. Y el personal estatal en sectores asistenciales, como la salud y la educación, sufre recortes salariales y se ve asfixiado. Estos sectores se consideran un gasto, al igual que aquellos dedicados específicamente a promover el conocimiento científico y técnico en el país.
Estas acciones no representan una libertad real, sino una ofensiva neoliberal que convierte derechos en privilegios, redistribuye poder y recursos a sectores concentrados de poder, vacía el papel del Estado y ataca el corazón mismo de la justicia social conquistada a lo largo de décadas de lucha.
Ante este escenario, el movimiento feminista se encuentra en una nueva encrucijada: cómo mantener sus logros, proteger sus espacios y responder al odio con mayor organización y más acción callejera. Las redes construidas durante los últimos diez años serán clave para la resistencia. Pero también es necesario renovar estrategias, sumar nuevas voces y fortalecer la coordinación con otros movimientos sociales.
Diez años después de Ni Una Menos: luchas unificadoras ante el avance del neofascismo
El feminismo no es solo una lucha por los derechos de las mujeres. Hoy, más que nunca, es una trinchera contra toda forma de autoritarismo y exclusión. En un contexto global donde avanzan proyectos políticos neofascistas —xenófobos, antifeministas y antiderechos—, el reto es claro: construir una unidad amplia, plural y combativa que enfrente el odio desde abajo.
A diez años del Ni Una Menos , en un escenario difícil para la estrategia de calle, las organizaciones feministas llamaron a la unificación de luchas en defensa de los pensionistas, que desde hace meses se movilizan y enfrentan semanalmente la represión del gobierno libertario, pero también de todos los afectados por este proyecto político que pretende devolver el poder de clase a los sectores concentrados de poder, principalmente el financiero.
El 4 de junio de 2025, una multitud numerosa y diversa se movilizó frente al Congreso argentino para protestar contra los recortes presupuestarios impulsados por el presidente Javier Milei. La marcha reunió a jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad, activistas sociales y feministas, unificando demandas que previamente se habían expresado por separado.
La experiencia feminista de esta década ha demostrado que es posible cambiar las reglas del juego. Pero también ha mostrado una extraordinaria sensibilidad ante los conflictos que enfrenta la sociedad ante los procesos de despojo de derechos y la destrucción de las condiciones de vida de la mayoría popular.
El último 4J, convocado por Ni Una Menos, las calles volvieron a ser territorio de resistencia. Fue quizás el día más plebeyo de todos en los últimos diez años, sostenido especialmente por las redes económicas y políticas desplegadas en los barrios populares. A pesar del objetivo del neoliberalismo libertario de romper todos los lazos de solidaridad comunitaria y desalentar toda forma de participación política y social, allí estaban, junto a sus compañeros, abrazando a las trabajadoras del Garrahan —el principal centro de atención pediátrica de alta complejidad de Argentina— en lucha, a las familias de personas con discapacidad que han sido blanco de ataques por parte de funcionarios gubernamentales, y a las trabajadoras que se movilizaron con sus sindicatos.
La plaza también se llenó de compañeras feministas de la mesa ecuménica que acompaña sistemáticamente la movilización de jubilados, y también estuvo presente la comunidad travesti-trans, que desde 2014 se organiza para exigir reparaciones históricas por la persecución sistemática y la violencia institucional que han sufrido históricamente.
También fue una plaza que nos recordó que, ante el miedo, la vulnerabilidad y el malestar, existe una fuerza más poderosa: la solidaridad, la empatía, la resistencia y la organización popular. Porque unidos, reorganizados y con memoria, seguimos gritando: Ni una menos, queremos vivir libres y sin deudas.
Maisa Bascuas es una activista feminista argentina. Licenciada en Ciencias Políticas (UBA), es profesora universitaria e investigadora en temas relacionados con la memoria, los feminismos latinoamericanos, las economías populares y las políticas públicas. Actualmente coordina el área de Feminismos Populares Latinoamericanos en la sede de Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales. Desde allí, impulsa la producción del podcast «Destapar la Crisis», los fanzines «Crisálidas», memorias del Movimiento de Mujeres y Feministas en América Latina y El Caribe, y la colección «Cuadernos Feministas».
El Maipo/Globetrotter
