Las incautaciones masivas de perros en situación de maltrato conmueven por algunos días, pero cuando las cámaras se apagan comienza la parte que casi nunca vemos: causas judiciales difíciles de seguir, información que desaparece, instituciones que guardan silencio y un sistema que parece más preparado para rescatar animales vulnerados que para impedir que lleguen a ese punto.
Cada cierto tiempo Chile vuelve a mirar la misma escena: un operativo policial, funcionarios públicos, voluntarios exhaustos. Perros saliendo en brazos desde una propiedad insalubre, jaulas, hacinamiento, enfermedad. Cámaras de televisión transmitiendo en directo aquello que, durante meses o años, permaneció fuera del alcance de la opinión pública.
La secuencia ya parece conocida. Primero viene la indignación, luego las campañas de ayuda, después, las fotografías de los animales rescatados y, finalmente, casi siempre, el silencio.
Sin embargo, el asunto que menos examinamos suele ser también el más importante: ¿qué ocurre después del rescate?
La semana pasada, un nuevo decomiso masivo en La Florida volvió a exponer la fragilidad del sistema chileno frente a la reproducción irresponsable de perros de raza. Más de cincuenta animales fueron retirados desde un presunto criadero clandestino. Hubo formalización, se decretaron cautelares, pero hasta ahora, según la información disponible, ninguna organización -ni siquiera la autoridad- había presentado querella en la causa.
Ahí comienza el verdadero problema.
Porque cuando una noticia deja de ser portada, la causa judicial sigue -o debería seguir-, pero muchas veces lo hace lejos de la mirada pública, fuera del escrutinio ciudadano, sin querellantes activos, sin presión institucional suficiente y con una información extraordinariamente difícil de reconstruir.
A partir de esto emerge una inquietud incómoda: ¿quiénes permanecieron disponibles para empujar la causa cuando la noticia dejó de ocupar titulares?
No basta con rescatar perros cuando el daño ya ocurrió, como tampoco basta con indignarse durante algunos días. Si una investigación por maltrato animal queda abandonada a su suerte, sin trazabilidad pública ni actores dispuestos a sostenerla en el tiempo, el mensaje práctico es devastador: la conmoción pasa, el sistema se enfría y el sufrimiento vuelve a diluirse en expedientes que casi nadie revisa.
Y adivinen qué: cuando la Justicia tarda, mal llega o se ejecuta desde la opacidad, por regla general se alcanzan acuerdos a puertas cerradas, las causas se sobreseen o lisa y llanamente se archivan y ese es precisamente el caldo de cultivo para que en el corto o mediano plazo aparezcan nuevas víctimas.
La Ley de Tenencia Responsable intentó ordenar una parte importante del problema. Estableció registros, obligaciones, deberes de cuidado, responsabilidades para criadores y vendedores, y normas mínimas para proteger el bienestar animal. Sin embargo, la realidad ha demostrado una y otra vez que el marco normativo no basta si la fiscalización es tardía, si las denuncias se acumulan sin respuesta eficaz y si la reproducción de animales sigue operando en zonas grises entre lo formal, lo informal y lo directamente abusivo. El problema entonces, no es sólo jurídico. Es también cultural.
Es que Chile parece haber desarrollado una enorme capacidad para reaccionar frente al escándalo, pero una capacidad mucho menor para prevenirlo. Resulta más fácil movilizar recursos para rescatar cincuenta perros después de una denuncia, que evitar durante años que esos mismos cincuenta perros lleguen a necesitar ser rescatados. Aramos en el mar de la impunidad.
Y esa diferencia importa, porque el rescate emociona pero la prevención incomoda.
El rescate implica imágenes, rostros, urgencia, campañas solidarias y épica. La prevención, en tanto, exige fiscalización, transparencia, investigación, archivos, responsabilidades y preguntas difíciles. Exige mirar no sólo al responsable directo del maltrato, sino también a las estructuras que permitieron que ese deterioro avanzara sin consecuencias oportunas.
El dolor trasciende linajes
En los últimos años, nuestro país ha conocido múltiples casos de incautaciones masivas vinculadas a criadores que no eran necesariamente figuras marginales o desconocidas. Algunos participaban del circuito formal de perros de raza, inscribían camadas, exhibían ejemplares, aparecían en rankings y formaban parte de un ecosistema que públicamente manifiesta promover la crianza responsable, la protección animal y la preservación de razas.
Sin embargo, cuando la contingencia apremia aparece una contradicción digna de análisis: ¿qué ocurre cuando la información que durante años sirvió para construir el prestigio de reproductores de mascotas, deja de resultar conveniente para comprender una controversia?
Resulta inquietante observar de qué manera la misma comunidad que documenta meticulosamente aquello que la enorgullece, comienza a difuminar lo que la interpela. Cuando los registros que antes eran de acceso público comienzan a desaparecer de la vista, cuando los espacios en redes sociales para la participación ciudadana se empiezan a limitar, porque esto da cuenta de que la omisión incomoda menos que la autocrítica.
Sin embargo, esta reflexión trasciende a cualquier institución en particular. Lo que deja entrever es una trama de silencios, afectos, lealtades y conveniencias mutuas que muchas veces termina amortiguando la capacidad de cuestionar aquello que ocurre dentro del propio entorno. Porque cuando una actividad se construye también sobre vínculos personales, reconocimiento y pertenencia, no siempre resulta sencillo mirar de frente las conductas de quienes comparten la misma afición. Esto es grave ya que antes de cualquier otra consideración, la desidia involucra seres vivos capaces de experimentar dolor, miedo, estrés y sufrimiento.
Nos guste o no, la crianza y promoción del perro de raza posee una larga tradición internacional y una legitimidad simbólica profundamente arraigada. También se encuentra asociada a nociones de patrimonio genético, especialización y pertenencia social, elementos que explican parte importante de su permanencia y valoración cultural hasta estos días.
Las fundaciones animalistas, en tanto, cumplen un rol indispensable cuando la emergencia finalmente estalla: rescatan, alimentan, rehabilitan, buscan hogares temporales y cargan sobre sus hombros una porción significativa de las consecuencias de un problema que comenzó mucho antes de que los animales necesitaran ser rescatados.
Lamentablemente, allí reside una de las contradicciones más incómodas del sistema: si toda la atención pública se concentra en el salvataje, mientras las estructuras que fomentan la producción de nuevos animales permanecen fuera del debate, seguiremos encerrados en el mismo ciclo.
El asunto no puede limitarse a quién se hace cargo de los perros después del allanamiento, también debe abordar quién fiscalizó antes. Quién recibió denuncias. Quién revisó camadas. Quién vio señales. Quién guardó silencio. Quién decidió que no era su competencia. Quién sostuvo vínculos de colaboración sin exigir estándares proporcionales éticos y de transparencia. Quién se benefició del prestigio mientras el bienestar animal quedaba reducido a una promesa escrita.
Porque hay algo profundamente contradictorio en que un sistema pueda documentar con minuciosidad el origen de un ejemplar, pero resulte tan difícil reconstruir las responsabilidades institucionales, judiciales y culturales cuando ese mismo sistema se ve rozado por casos de explotación.
El caso de La Florida no debería desaparecer con la próxima noticia. Tampoco debería quedar reducido a otra postal dramática que engrosa las estadísticas. Si hubo formalización, debe existir seguimiento. Si hubo animales decomisados, debe saberse qué ocurrió con ellos. Si hubo participación de los responsables en circuitos formales, debe poder investigarse con transparencia. Si no hay querellantes, debe preguntarse el por qué. Si la información pública desaparece, debe documentarse. Si las instituciones callan, debe interpelarse ese silencio.
Es urgente romper el patrón de reaccionar cuando el sufrimiento se vuelve visible porque está claro que sabemos donar, compartir publicaciones y celebrar operativos exitosos. Lo que todavía no hemos aprendido es a seguir la historia cuando las cámaras se van, a reconstruir responsabilidades y a exigir explicaciones sobre las condiciones que hicieron posible el daño.
Cada vez que perdemos el rastro de una causa, también perdemos la oportunidad de comprender algo más sobre el sistema que la hizo posible que nos ayude a prevenir. Y mientras no miremos esa parte, seguiremos haciendo lo mismo: conmovernos tarde, rescatar tarde, exigir tarde y olvidar demasiado rápido.
Las fábricas de cachorros siguen operando. Nos encontramos en un próximo rescate.
Constanza Schaub, periodista y colaboradora de elmaipo.cl
El Maipo
