Recordemos que semanas antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, la derecha clásica en pleno, en su estilo y cautelando su visión mercantilista, se plegaba al concepto de Estado social democrático de derecho.
El propósito era claro. La idea de Estado social había ganado un amplio respaldo en adhesión social y política, se había expresado en la propuesta constitucional del proceso pasado y en consecuencia debía reinstalarse en el debate público desde una posición más moderna, para evitar, justamente, que este modo de organizar la sociedad adquiriera rango constitucional.
Luego del plebiscito antes señalado y en el marco del Acuerdo por Chile, firmado el 12 de diciembre de ese mismo año por todo el arco político con representación parlamentaria, excepto los republicanos, en el punto 5, nuevamente la derecha refrenda al Estado social democrático de derecho.
Siendo ese acuerdo limitado desde el punto de vista de la participación democrática de la ciudadanía, en consideración al desprestigio y la falta de legitimidad de la política Institucional, seguía representando un pequeño avance que, dentro de sus facultades, la Comisión Experta, nominada por los partidos políticos, siguiera apegada a los 12 puntos que dieron lugar al referido acuerdo.
Concebido a la chilena, la forma de Estado social, a diferencia de las democracias que más han avanzado en su construcción, generó un empate entre el rol del Estado y el mercado y como era previsible poco o nada dijo respecto al hecho que uno de los factores clave de su construcción es el rol de los trabajadores en la dirección de las empresas, públicas y privadas.
Nada puede decirse respecto a la posición que sobre la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas tiene la derecha, un sector que ha hecho lo indecible para oponerse a los sindicatos y la sindicalización; lo que no se entiende es la posición de la izquierda- tanto tradicional como nueva- que pasa por alto un rasgo distintivo de las sociedades de bienestar.
Esto es que, el Estado social junto con asumir un rol preponderante en la provisión de derechos sociales elementales para la vida humana (los mismos que están en la base de la más grave crisis social y política que vive nuestro país desde la dictadura) se organiza para distribuir poder hacia los cuerpos intermedios de la sociedad en la forma de participación en las empresas, los territorios y comunidades de modo de propender a la cohesión social y disminuir tensiones y conflictividad mediante un marco jurídico y político acorde con esa visión.
Parte del problema, apuntado por una amplia variedad de analistas respecto a la desconexión entre política Institucional y sociedad civil, que sigue ensanchándose, tiene que ver, desde esta perspectiva, con el hecho que existe una muy arraigada concepción ideológica que solo supone cambios desde el aparato del Estado hacia abajo y en cuya cosmovisión los “de abajo” son depositarios pasivos de la elaboración y buenas politicas públicas de aquellos afortunados elegidos para diseñarlas.
Ese paternalismo, que después deviene en clientelismo y corrupción, está en crisis y ha pasado a ser parte del problema. Sin que la participación democrática amplia, diversa y plural sea una panacea, es en cualquier caso la mejor herramienta para construir un mejor país y es, también, el espacio adecuado para avanzar incluyendo visiones y rectificando los inevitables errores de una actividad compleja y extraordinariamente dinámica como la política en el sentido amplio del término. Más que consigna, amalgamar política-sociedad es una visión que refiere a transferencia de poderes y a los aprendizajes que sea necesario hacer para avanzar en esa dirección.
El caso cierto es que hoy, ya sea por “realismo político”, el vaivén de las encuestas de opinión y movimientos tácticos de última hora, la idea de Estado Social ha sido pervertida por un sector de nuestra sociedad que sencillamente no trepida en frankestizarlo con tal de ahondar en su visión mercantilista de las relaciones sociales, camuflando sus privilegios sectarios en propuestas constitucionales aberrantes, carentes de toda visión democrática de país y situándonos en épocas pretéritas hace mucho superadas por la humanidad .
En lo específico, limitar el derecho a huelga y de organización sindical, impedir el reconocimiento de los pueblos indígenas, criminalizar aborto en tres causales, limitar el acceso a colegios de hijos de padres gay, reducir la representatividad del Congreso Nacional reduciendo el número de escaños, eliminar el pago de contribuciones que, entre otras, solo favorece a los más ricos en desmedro de las comunas más pobres entre otras, son propuestas que en nada contribuyen a resolver nuestros problemas actuales y muchos menos aquellos incubados que incidirán gravitantemente en las nuevas generaciones que nos sucederán.
El fondo del caso es que los republicanos con la venía de Chile Vamos están poniendo una camisa de fuerza con rango constitucional que limita severamente cualquier posibilidad de modificar el orden social y político existente, con el agravante de que la forma de contener el descontento social será, a no dudarlo, mediante medidas represivas operadas a través de un Estado policial.
Así, no es posible aprobar una Constitución que solo generará mayores conflictos sociales, penurias y retrocesos.
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, *Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
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