Por Yvette Sierra Praeli
Hace algunos años, Bety Torres no conocía a las abejas sin aguijón, la única referencia que tenía eran las apis melliferas —abejas europeas que fueron introducidas en América— que mantienen en alerta a las personas por las picaduras de su aguijón. Fue César Delgado, científico kukama del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), quien la introdujo al mundo de estas abejas. Entonces vio la oportunidad de hacer educación ambiental con sus alumnos.
Ahora conoce varias especies, menciona a la Melipona eburnea, la grandis, la titania, la illota y otras “pequeñitas” del género Trigona. «A mi me gusta mucho la Melipona titania por su color, porque tiene las alas doradas y todo el resto es negrita, de un solo color. Es muy bonita. Y el zumbido que tiene también es muy fuerte. Cuando se posa encima su vibración es tan intensa que de alguna manera te relaja», explica la lideresa kukama, presidenta de la Asociación de Meliponicultores Región Loreto y una de las principales impulsoras de la última ordenanza que declara a la abeja sin aguijón como sujeto de derecho en el distrito de Nauta, en Loreto, en la Amazonía peruana.
La decisión tomada en la Municipalidad Distrital de Nauta es la segunda de su tipo adoptada en Perú. La primera vez se dio en la provincia de Satipo, en la región de Junín, cuando en octubre de 2025 el Consejo Municipal de Satipo aprobó una ordenanza que promueve y declara los derechos de las abejas sin aguijón en el territorio de la Reserva de Biósfera Avireri-Vraem. Dos meses después, en diciembre de 2025, la misma decisión se tomó en Nauta.
“Se trata del primer reconocimiento formal de derechos a un insecto a nivel mundial”, comenta Rosa Vásquez, directora ejecutiva de Amazon Research International y una de las investigadoras de las abejas sin aguijón en Perú. “Creemos que es icónico porque hay lugares o especies tienen sus derechos reconocidos —ríos, montañas, tortugas— pero nunca un insecto, un animal tan chiquitito que muchos ignoran”.
Como explica Vásquez, es la primera vez que se declaran los derechos de un insecto, pero en este camino han sido ya reconocidas otras especies y ecosistemas. El río Marañón y el lago Titicaca en Perú; el río Atrato, en Colombia; las tortugas marinas, en Panamá; el río Bio Bio, en Chile; y otras más. Además, países como Ecuador y Bolivia cuentan con constituciones que reconocen los derechos de la naturaleza; Panamá tiene una Ley Nacional de Derechos de la Naturaleza y cinco estados de México reconocen los derechos de la naturaleza en sus constituciones locales.
El difícil camino de las abejas sin aguijón
Para los pueblos indígenas amazónicos las abejas sin aguijón siempre han tenido una importancia especial. En la cosmovisión asháninka las abejas sin aguijón fueron alguna vez espíritus con aspecto humano, pero el dios Avireri las convirtió en abejas.
“Ellos siempre han convivido con esas abejitas y han utilizado la miel tanto para uso medicinal como para uso comestible”, comenta Jesus Soto, subgerente de Servicios Ambientales y Reserva de Biosfera de la Municipalidad Provincial de Satipo, y uno de los impulsores de la ordenanza en esa provincia.
Las resoluciones de Satipo y Nauta han despertado el interés en otros lugares, cuenta Vásquez. “Hay otro municipio en Junín; también en Pichari, Cusco, donde han demostrado interés, así como en otras zonas de Loreto”, comenta la experta. “Incluso nos han contactado de otros países como Bolivia, Holanda y Estados Unidos porque tienen interés en tomar decisión similar inspirados en este caso para que apoyen los derechos de sus abejas nativas”.
El camino para lograr el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho no ha sido fácil. “No entendían por qué, si no eran seres humanos, podían tener derechos propios. Pero son derechos intrínsecos, porque gracias a la existencia de las abejitas es posible la vida, la reproducción de las plantas, la polinización, es toda una cadena ecológica, porque los animales consumen esas plantas y sus frutos gracias a las abejitas. Todo eso se tuvo que explicar”, agrega Soto.
“Se sabe que la abeja sirve para polinizar. Sin embargo, en realidad, es un ser vivo que trae vida a la selva porque organiza las flores y frutos que son alimento para las personas. También ayudan a que todo el sistema se regenere y que mejore la calidad del suelo. Además, su miel, ancestralmente, es conocida por ser medicina para las comunidades indígenas”, reflexiona Vásquez sobre la importancia de estas abejas tan poco reconocidas. “Se estima que el 80 % o incluso el 90 % de la flora en la Amazonía se poliniza gracias a estas abejas. Por ello, es clave para salvar a la Amazonía”, asegura la investigadora.
Las abejas sin aguijón son nativas del neotrópico del continente americano y las meliponas, en particular, son exclusivas de este continente, habitan la Amazonía y otras zonas tropicales desde hace miles de años. Solo en Perú se calcula que hay alrededor de 175 especies de estas abejas y más de 400 en toda la región, pero también están presentes en otras partes del mundo como las selvas de Asia, África y Australia.
Hasta 2024, la única ley que se refería a las abejas en Perú no mencionaba a las abejas nativas sin aguijón. Se tuvo que impulsar una modificación de esa norma para que sean incluidas como especies de interés nacional y se determinara que deben ser protegidas. “Los esfuerzos solo se enfocaban en las abejas extranjeras y prácticamente ignoraban a las nativas, lo que las ha llevado a un declive” indica Vásquez.
Vásquez explica que la deforestación está impactando a las abejas porque muchas de ellas tienen su nido dentro del árbol, por tanto, si lo cortan o se quema, la colmena desaparece. Por ello, Amazon Research International busca trabajar con comunidades y personas que tienen alguna modalidad de conservación implementada en sus territorios.
“Tienen un rol espiritual y creo que también enseñan una forma de vida colaborativa. Hay incluso muchas historias tradicionales, como por ejemplo en el pueblo asháninka”, comenta Vásquez.
La naturaleza con derechos
“Desde hace 30 o 40 años la naturaleza, es decir, los ecosistemas y los seres no humanos, como los animales, han sido objetos de protección por parte del derecho. Lo que es relativamente nuevo es que se quiere avanzar en esa protección”, señala David Lovatón, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asesor legal de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
Lovatón señala que actualmente existe una corriente jurídica, en la ciencia política y un movimiento social, que postula que determinados ecosistemas, como los ríos, lagos o animales fundamentales en esos ecosistemas deben tener esa máxima protección del ordenamiento jurídico, tanto internacional como nacional.
“En Estados Unidos hay muchos municipios que declaran a los ríos que pasan por sus condados y a los bosques como sujetos de derechos. En India, en Australia, en Nueva Zelanda, también. En el continente americano tienes el caso de México, un país federal que tiene cinco constituciones estatales que ya reconocen derechos de naturaleza y se tiene el caso de la ley de 2022 que reconoce los derechos de la naturaleza en Panamá”, menciona Lovatón para describir cómo los derechos de la naturaleza van ganando espacio en el planeta.
Lovatón también menciona ejemplos de Sudamérica, como las constituciones ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009, así como el famoso caso colombiano del río Atrato, en el que la Corte Constitucional reconoció derechos de la naturaleza. En Perú, dice el experto, “es bastante nuevo”, y cita el caso emblemático del río Marañón, en el que el Poder Judicial le otorgó la categoría de titular de derechos. Se está dando un cambio cultural, una ruptura epistémica —señala Lovatón— que reconoce la importancia de la naturaleza y que el hombre, en realidad, siempre formó parte de la naturaleza.
Lovatón destaca que Ecuador ha tenido avances en la “protección de ecosistemas como titulares de derecho”. Un ejemplo, dice, es el referéndum por el Parque Nacional Yasuní, en el que “casi el 60 % del pueblo ecuatoriano dijo ya no más explotación petrolera”. “Eso es un avance importante”.
También menciona sentencias de la Corte Constitucional ecuatoriana que están siendo cumplidas. “Conozco el caso del bosque Los Cedros, una zona de selva donde se estableció una suerte de fondo privado y se han anulado las concesiones mineras dentro de ese bosque de protección”. Cita otro caso: los manglares, donde se ha prohibido que funcionen camaroneras en esas zonas.
En el caso del río Atrato, en Colombia, afirma, no ha habido tantos avances como se esperaba. “En América Latina, en general, hay un bajo cumplimiento de sentencias. Las experiencias más interesantes son las del mundo anglosajón, como Nueva Zelanda y Australia, porque son pactos políticos. En estos casos se establece un fondo fiduciario permanente y se incorpora una suerte de órgano de gobierno y vigilancia para la protección del ecosistema, para remediarlo o para prevenir contaminación”.
Constanza Prieto, directora legal para Latinoamérica de Earth Law Center, una institución especializada en derechos de la naturaleza y legislación ecocéntrica, trabaja en Latinoamérica desde hace más de diez años.
“Los derechos de la naturaleza en América Latina partieron en 2008 con el reconocimiento en la Constitución de Ecuador. Sin embargo, ha tomado más o menos 15 años para que se consoliden jurisprudencialmente y legislativamente. Yo creo que quizás hace unos seis o siete años ha empezado a florecer de forma más concreta en Latinoamérica”, aclara Prieto. En ese camino, dice la experta, trabajan en varias dimensiones: derechos generales de la naturaleza, derechos específicos de los ríos, de la abejas, de las tortugas.
Prieto también puntualiza que el trabajo de la institución tiene como base a las comunidades que normalmente tienen un conflicto socioambiental y que buscan nuevas estrategias para resolver un problema. “En el caso de las mujeres del río Marañón, era un conflicto muy largo, porque ellas, como federación, llevaban más de 20 años trabajando. Entonces, los derechos de la naturaleza aparecen como una nueva oportunidad de resolver un conflicto”.
Lo mismo ha pasado en Chile, aclara Prieto, sobre el trabajo que realizan en la cuenca del río Biobío, donde las comunidades “han sido forzosamente trasladadas debido a proyectos hidroeléctricos”.
En cuanto a la situación de los derechos de la naturaleza en los países latinoamericanos, Prieto menciona que Ecuador es un paradigma porque tiene 15 años de trabajo jurídico que ha servido de base para otros países. “A Ecuador lo pondría como número uno porque tiene normativa constitucional, normativa secundaria, introduce la doctrina de empresa en planes de manejo, ha llevado al menos 10 casos a la Corte Constitucional”.
En segundo lugar menciona a Panamá porque tiene mucho interés en ampliar los derechos de la naturaleza. “Hay mucha voluntad estatal e institucional por hacerlo y hay mucho orgullo también, si uno ve hablar a las autoridades ambientales del país sobre la naturaleza lo hacen como algo propio. A pesar de que llevan muy pocos años, lo han abrazado como una causa nacional”.
Prieto menciona en tercer lugar a Perú, ya que considera que “los municipios están dando el ejemplo porque están muy conectados con los pueblos indígenas”. Pero también destaca “la valentía de los jueces, que van avanzando a pesar de las dificultades, enfrentando a corporaciones. Los jueces están sometidos a muchas presiones”. “Creo que Perú en este momento es un foco internacional -comenta Prieto-, donde se visionan los derechos de la naturaleza y creo que a pesar de las dificultades políticas que está sorteando”.
Javier Ruiz, experto en Cambio Climático y Políticas Ambientales de Earth Law Center, explica que las diferentes experiencias en cada país sobre los derechos de la naturaleza se van concatenando. Por ejemplo, en Panamá, primero, fue la ley general de los derechos de la naturaleza y luego salió la ley de las tortugas. En cambio, en Perú salió primero una modificación de una ley que introduce a la abeja sin aguijón como sujetos de interés público, luego llegó la declaración de los pueblos indígenas y después las ordenanzas.
“En un primer momento trabajamos bastante en Ecuador y Colombia, luego en México y Panamá y estos últimos años hemos estado trabajando más fuertemente en Chile y Perú”, dice Ruiz.
Pero también menciona el papel fundamental de las comunidades. “Nosotros facilitamos el conocimiento jurídico en materia de derechos humanos, de derechos en la naturaleza. Pero ellos tienen otro tipo de conocimiento que es parte de su cultura y de su conocimiento tradicional”, afirma Ruiz y pone como ejemplo el caso del río Marañón. “Las demandantes solicitaban que se reconociera al río como sujeto de derechos, porque el río es la columna vertebral de la cultura kukama kukamiria, es un ser vivo y así lo han percibido desde siempre”.
Un caso similar es el de las abejas, asegura Ruiz, porque las comunidades tienen un conocimiento de su crianza de siglos y “la abeja es un ente muy importante dentro de la cultura asháninka”. “Nos han compartido toda esa cosmovisión de su dios Avireri. Entonces te vas dando cuenta cómo tienen ese arraigo y esa conexión con las abejas nativas”.
No solo es el aspecto cultural, agrega, “sino que las han estudiado, tienen toda una taxonomía para las abejas, cada abeja tiene su nombre en asháninka, las partes de las abejas, el ruido que hacen, de qué se alimentan, todo lo tienen clasificado”.
Imagen principal: el municipio provincial de Satipo y el distrital de Nauta, en Loreto, han declarado a la abeja sin aguijón como sujeto de derecho. Foto: cortesía Luis García Solsol
El Maipo/Mongabay
