Por Le Monde Diplomatique
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y el Observatorio Derecho a la Comunicación (ODC) firmaron un convenio de colaboración, proponiéndose aunar esfuerzos para la promoción y la defensa del derecho a la libertad de expresión y opinión bajo los estándares del derecho internacional y regional, comprendiendo los derechos de libertad de prensa, libertad artística, libertad de cátedra, el derecho a la información y el derecho a la comunicación.
El acuerdo suscrito, a la fecha del 4 de mayo, por Fernando Zegers, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y Javier García, presidente del Observatorio Derecho a la Comunicación (ODC) se enmarca en el contexto global, regional y nacional actual en que se visualiza un riesgo en el retroceso en la promoción y protección de estos derechos y la urgencia de un necesario pluralismo informativo.
Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) señaló durante la firma de este convenio, enmarcado en las conmemoraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario (12 de mayo), que esta nueva alianza responde a la necesidad de articular un esfuerzo colectivo destinado a garantizar el derecho a la comunicación y el acceso a la información, destacando que su promoción y defensa constituyen instrumentos esenciales para el fortalecimiento de una sociedad democrática.
Por su parte, Fernando Zegers, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) afirmó que ambas organizaciones buscan avanzar en la defensa de la libertad de expresión, calificándola como una deuda pendiente, enfatizando que un trabajo conjunto es urgente y reconociendo la actual falta de pluralismo informativo en Chile.
Para la ejecución de este convenio, se establecerá un equipo de trabajo conjunto que asumirá acciones de defensa, denuncias y difusión de agresiones o amenazas contra la vida o la integridad de los trabajadores o trabajadoras de la comunicación en contexto de manifestaciones y especialmente si provienen de agentes estatales, incluyendo las causas judiciales de violaciones a los derechos humanos que afectaron a los trabajadores de la comunicación durante el período de la revuelta popular (también denominado Estallido Social).
Junto con asumir la representación judicial en la medida que sea compatible con sus capacidades institucionales, ya sea presentando querellas contra agentes estatales por violaciones a los derechos humanos, o ejerciendo la defensa penal ante investigaciones que pudieran iniciarse en contra de aquellos trabajadores y trabajadoras de la comunicación, las organizaciones también se abocarán a sistematizar e identificar casos tanto en calidad de querellante como abogados de víctimas con el objeto de presentar observaciones críticas en cuanto a la justicia obtenida, el rol de las autoridades estatales frente a ellas, la responsabilidad de agentes estatales, el rol de la persecución penal y el cumplimiento de otras obligaciones estatales, entre ellas, aquellas vinculadas a la reparación y a las garantías de no repetición.
Frente a los casos que bajo las normas del derecho vigente nacional que no se encuentren prescritos, adoptarán una estrategia coordinada para continuar con la investigación y persecución penal de estos, con objetivos de evitar su impunidad, acudiendo a sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos cuando se considere oportuno.
De manera paralela a este accionar, ambas organizaciones asumirán tareas de difusión, promoción, debate y estudios de propuestas de políticas públicas en materia de libertad de expresión, buscando con ello alertar sobre retrocesos o para realizar acciones de incidencia encaminadas en mejorar el marco normativo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
