En los veranos chilenos, el fuego ya no llega como una sorpresa sino como una cita anunciada. Se sabe más o menos cuándo comenzará —un par de días de calor persistente, viento del interior, humedad baja— y también cómo terminará: con imágenes aéreas de cerros ennegrecidos, brigadistas exhaustos y una contabilidad de hectáreas que, como toda cifra grande, corre el riesgo de anestesiar la percepción. Lo nuevo no es el incendio, sino su normalización.
Chile ha sido históricamente un país de fuegos. Pero lo que hoy arde no responde al viejo patrón de eventos acotados y estacionales, sino a un fenómeno más cercano a lo que en California o Australia llaman fire weather: un clima estructuralmente predispuesto a quemarse. El calentamiento global ha hecho su parte —veranos más largos, sequías persistentes, olas de calor—, pero sería un error cómodo atribuirlo todo a una abstracción planetaria. La política, aquí, importa. Y mucho.
Durante años, la respuesta chilena frente a los incendios forestales ha privilegiado lo reactivo sobre lo preventivo. Se invierte cuando el fuego ya es noticia; se despliegan recursos cuando el humo llega a las ciudades. En cambio, las llamadas medidas activas —manejo de combustibles, ordenamiento territorial, cortafuegos bien planificados, regulación del monocultivo forestal, fiscalización real— siguen siendo débiles, fragmentadas o derechamente impopulares. Son menos fotogénicas que los helicópteros lanzando agua, pero infinitamente más eficaces.
El problema es que estas medidas activas requieren algo que la política contemporánea suele evitar: conflictuar intereses. Regular la continuidad de grandes extensiones de monocultivos forestales, limitar su cercanía con zonas habitadas, exigir planes de manejo más estrictos o restringir usos del suelo en áreas de alto riesgo supone tocar fibras sensibles del modelo productivo chileno. Y, como suele ocurrir, cuando el conflicto aparece, la regulación se vuelve frágil.
En ese contexto, el riesgo no es solo la insuficiencia de las normas actuales, sino su desmantelamiento silencioso. Bajo el lenguaje de la “simplificación administrativa”, la “reactivación económica” o la “confianza en la autorregulación”, se insinúa la idea de que incluso estas regulaciones mínimas serían un obstáculo. El incendio, en esta narrativa, deja de ser un problema estructural y pasa a ser un accidente, una fatalidad climática o —en el mejor de los casos— una suma de irresponsabilidades individuales.
La experiencia reciente muestra lo contrario. Donde hay planificación territorial estricta, el fuego se contiene; donde hay manejo del paisaje, el incendio se fragmenta; donde hay prevención comunitaria, la catástrofe se reduce. No se trata de eliminar el fuego —algo imposible—, sino de evitar que se transforme en megaincendio, esa criatura moderna que arrasa ecosistemas completos y pone en jaque al Estado.
Chile, sin embargo, sigue operando con una institucionalidad diseñada para otro siglo. La separación entre política forestal, política ambiental y ordenamiento territorial genera vacíos donde el riesgo se acumula. A ello se suma una fiscalización limitada y una tendencia recurrente a legislar después del desastre, cuando la urgencia moral reemplaza por un momento la prudencia económica.
El calentamiento global introduce una variable inquietante: el margen de error se reduce. Lo que antes era una mala decisión hoy puede ser una decisión letal. Desmantelar regulaciones en este contexto no equivale a “liberar” al mercado, sino a exponer al territorio. El costo no se mide solo en árboles quemados, sino en comunidades desplazadas, suelos degradados, agua perdida y emisiones que retroalimentan el mismo fenómeno que se dice combatir.
Hay, además, una dimensión cultural que rara vez se menciona. La prevención exige una relación distinta con el paisaje: entender el bosque no solo como recurso, sino como sistema vivo; aceptar que el crecimiento ilimitado en zonas de alto riesgo tiene consecuencias; asumir que la seguridad ambiental es un bien público. En un país donde la naturaleza ha sido tratada durante décadas como telón de fondo del desarrollo, este cambio no es menor.
El dilema chileno no es técnico —la evidencia existe, las experiencias comparadas abundan—, sino político. Incrementar las medidas activas contra incendios forestales implica elegir entre el corto plazo y la habitabilidad futura del territorio. Y debilitar las regulaciones actuales, por precarias que sean, equivale a apostar a que el próximo verano será benigno. La experiencia reciente sugiere que esa es una apuesta que Chile ya no puede darse el lujo de perder.
En el fondo, el fuego no solo quema bosques. Quema también las ficciones de control con las que el país se ha narrado a sí mismo. Ignorarlo —o regularlo menos— no es una forma de libertad, sino una forma de negación. Y la negación, como suele ocurrir, siempre termina ardiendo.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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