Tras pagar 227 mil dólares, un juzgado de Santiago de Chile revocó la prisión preventiva para el exalcalde Raúl Torrealba y lo benefició con arresto domiciliario, decisión considerada hoy una pésima señal del poder judicial.
Torrealba, quien dirigió la acomodada comuna de Vitacura desde 1996 hasta 2021, está acusado de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.
Luego de permanecer ocho meses en la cárcel, de pagar una suma millonaria para “reparar el mal causado” y reconocer hechos que lo inculpan, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó su salida del Anexo Penitenciario Capitán Yáber y lo envió a su domicilio, eso sí con arraigo nacional.
Torrealba desvió para su uso personal y de terceros recursos financieros municipales destinados a corporaciones sin fines de lucro, entre ellas Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes.
Durante sus seis períodos consecutivos al frente de la comuna acumuló una fortuna de manera ilegal.
En su cuenta personal en el Banco de Chile tenía dos mil 300 millones de pesos (2,6 millones de dólares) y en los registros había cientos de depósitos de entre uno y seis millones de pesos (mil 250 y siete mil 500 dólares, respectivamente).
Cuando la policía allanó su vivienda en Lago Colico, de la región de La Araucanía, encontró fajos de billetes ocultos en una pared.
En sus declaraciones, el exjefe municipal, vinculado al partido de derecha Renovación Nacional, reconoció que parte de lo defraudado lo utilizó para pagar encuestas, con el fin de sondear la percepción política no solo de los candidatos del sector político al que pertenece.
Admitió también que otra parte del dinero lo empleó para fines personales y fue depositado en sus cuentas bancarias.
Para el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo la decisión del juzgado de enviar a su casa al exalcalde es un incentivo para que otros corruptos hagan lo mismo, porque no les pasará nada.
El legislador recordó el caso reciente de la también exalcaldesa Kathy Barriga, quien defraudó unos 31 mil millones de pesos chilenos (34,5 millones de dólares) y ahora está en su casa pasando las vacaciones.
“Creo que es pésima la señal que ha dado el poder judicial, porque a los corruptos hay que darle sanciones ejemplificadoras para que no las vuelva a cometer nadie más”, enfatizó.
Fuente: El Maipo/PL