El máximo tribunal del país entregó sus observaciones al “Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, iniciativa que busca modernizar la institucionalidad ambiental y agilizar procesos de inversión. Tras el análisis del tribunal pleno, la Corte Suprema valoró la intención de dar certeza jurídica, pero advirtió sobre la necesidad de realizar “ajustes relevantes” para evitar incertidumbre procesal.
El informe, remitido formalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados, se centra en las modificaciones al régimen de evaluación ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales.
Observaciones clave del máximo tribunal
La Corte Suprema desglosó su análisis en cuatro ejes fundamentales donde detectó vacíos o riesgos normativos:
- Impugnación de Resoluciones (RCA): El tribunal analizó el nuevo artículo 24 ter de la Ley N°19.300. Aunque valora la concentración de la impugnación en la judicatura especializada, señaló que el texto es impreciso sobre quiénes pueden ejercer estas acciones (legitimación activa), lo que podría generar ineficacia práctica.
- Restitución de gastos por parte del Fisco: Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de que el Estado asuma costos de inversiones privadas cuando una resolución ambiental sea anulada judicialmente. La Corte advirtió que esta regla es “muy amplia” y sugirió que solo proceda si el titular actuó de buena fe, no contribuyó al error del permiso y sufrió una carga patrimonial desproporcionada.
- Medidas Cautelares: El proyecto propone limitar las paralizaciones de proyectos a un máximo de seis meses. La Corte no se opone, pero advierte que se debe resguardar que esta limitación temporal no le quite eficacia a la protección del medio ambiente.
- Competencia Judicial: Se solicitó precisar explícitamente qué Corte de Apelaciones será la competente en ciertos reclamos para evitar dudas interpretativas que retrasen los procesos.
Conclusión del Pleno
A pesar de las críticas técnicas, el pleno de ministros calificó como atendibles y positivos los objetivos de la ley en cuanto a racionalizar los procedimientos y fomentar la especialización. No obstante, el mensaje final hacia el Congreso es claro:
“La regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos“.
La Corte Suprema recomendó finalmente armonizar el proyecto con las leyes vigentes (N°19.300 y N°20.600) para asegurar que el desarrollo económico no colisione con el acceso efectivo a la justicia ambiental.
El Maipo
