¿Nos volvimos todos corruptos? De ninguna manera. No todos los funcionarios públicos son corruptos, como tampoco lo son “todos” quienes trabajan en el sector privado. No todos los políticos son corruptos como tampoco lo son aquellos funcionarios que cumplen funciones vitales en otras instituciones.
Pero que hay corrupción y degradación moral, de eso no cabe duda y forma parte de la honda crisis que atraviesa a Chile de punta a rabo. Y no se trata de hechos ocurridos solo bajo este gobierno o el anterior; son de larga data, hoy magnificados en volumen por el affaire de las licencias médicas, y el consiguiente agotamiento social que generan en nuestra convivencia estas formas putrefactas de relacionamiento social.
Hay quienes generalizan por razones ideológicas. Su propósito, un artilugio acompañado- era que no- de un pesado manto de cinismo para resaltar lo privado en desmedro de la función pública. De pasada, aprovechando ese mismo manto de cinismo para seguir escondiendo hechos de corrupción en instituciones convertidas en coto privado así se trate de empresas privadas, distintos niveles del Estado, municipios y un agotador etcétera.
Luego de tanta y sostenida evidencia en el tiempo, no vale tampoco el trillado argumento que sostiene, cada vez que se destapa otro hecho de similar naturaleza, que estamos frente a un fenómeno global y que “esto no pasa solo en Chile”. Y si bien hay con qué sostener que la corrupción y la degradación son, en el marco del capitalismo neoliberal, un componente más de su dinámica de funcionamiento, mucho de su toxicidad va a depender de la calidad de las instituciones.
Es ese largo y poco disimulado laissez-faire conformista el que fue sentando las bases de la ramificación de prácticas corruptas, agravadas en nuestro caso al no haber habido sanciones ejemplarizadoras ni tampoco instituciones que hayan estado a la altura, cuando los hechos corruptos eran evidentes. Guste o no el “mirar pal techo” de individuos como de instituciones, contribuyeron a normalizar una práctica que ha venido ganando terreno hasta convertirse en un flagelo, otro más que se agrega a distintas formas de inseguridades que modelan la vida social del país.
Pequeñas y grandes ventajas se intentan obtener defraudando al fisco, y la tajada se incrementa cuando los poderosos se coluden para ir más lejos defraudando también a los consumidores y al Estado. Fallan y/o se corrompen los sistemas de control y así seguimos cuesta abajo en la rodada tras años de hechos visibles y comprobables de corrupción en distintos niveles de la sociedad, las instituciones y el Estado.
Este nada alentador escenario, solo acentúa la desconfianza, el descrédito de las instituciones y la convivencia democrática para el caso de un país en problemas y que no encuentra una salida a las crisis de distinta naturaleza que quedaron en evidencia con el estallido social, entre ellas la crisis moral que cruza a la sociedad chilena sin que hasta ahora se logre canalizar politicamente, alrededor de un proyecto político democrático, ético y también estético.
¿Cómo se manifiesta la crisis moral que nos afecta? Se manifiesta en el deterioro de los valores éticos fundamentales que cohesionan a una sociedad tales como el de la solidaridad, la equidad, la justicia, el respeto, el bien común y también la compasión, valores todos ellos pervertidos por la lógica de la competencia y la mercantilización de las relaciones sociales, hasta el punto de horadar el sentido colectivo de lo que está bien y lo que está mal. Dicho en clave neoliberal, la ventaja a cualquier precio, la ganancia fácil por encima del valor y dignidad del trabajo.
Cuando una sociedad deja de cuestionar lo que es correcto o incorrecto, la corrupción se vuelve estructural, incluso sin leyes explícitamente inmorales, decía Hannah Arendt. Pero también agregaba la importancia que tiene para la vida en comunidad, la capacidad de desarrollar pensamiento crítico, entendido, en este caso, como la capacidad individual de pensar críticamente nuestros actos y sus implicancias.
Eso por el lado individual, pero ¿qué responsabilidad tienen las instituciones políticas en la creación de una cultura ética? La respuesta es clara, aunque muchas veces evitada: las instituciones no solo legislan o administran poder; también educan, modelan y dan forma al tono moral de una sociedad.
La política institucional, a menudo se nos olvida, tiene una función simbólica y normativa. A través de leyes, decisiones y gestos públicos, establece qué se considera aceptable o inaceptable. Pero su influencia va más allá del marco jurídico y legal: genera climas de confianza o de sospecha, de esperanza o de resignación. Cuando las instituciones actúan con coherencia, transparencia y responsabilidad, fortalecen el compromiso ciudadano y alimentan la idea de que es posible convivir bajo principios justos.
Por el contrario, si caen en la impunidad, el clientelismo o la hipocresía, transmiten que la ética es solo un recurso retórico y que, en la práctica, “todo vale”. Ese es el brebaje que nos tiene en esta crisis moral cuyas expresiones son la larga lista de abusos, arbitrariedades y burlas constantes a la fe pública.
Finalmente ¿Qué tanto han contribuido a la crisis moral que vivimos como sociedad la polarización política y la guerrilla permanente y sistemática en las instituciones de la democracia, la manipulación y desinformación que campea en las redes sociales, y la desigualdad social profunda ignorada y justificada una y otra vez sin que pese a toda la evidencia haya cambios trascendentes que aporten a la vida buena, decente y en común?
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
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