Una auditoría de la Contraloría reveló que decenas de abogados de Carabineros mantenían contratos paralelos para realizar las mismas funciones. El organismo también detectó ausencia de registros de asistencia, trabajos particulares durante la jornada laboral y pagos en exceso a funcionarios.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades administrativas en Carabineros tras auditar el funcionamiento de los oficiales de justicia durante 2024. El informe identificó dobles contratos, deficiencias en el control de asistencia, pagos indebidos y actividades particulares que ahora deberán ser investigadas.
La revisión se centró en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros y analizó el cumplimiento de la jornada laboral y las contrataciones adicionales por resolución (CPR).
Contraloría detecta dobles contratos por las mismas funciones
El informe estableció que 36 de los 144 abogados que ejercían como oficiales de justicia mantenían un segundo contrato de 22 horas semanales, pese a desempeñar exactamente las mismas funciones de su contrato principal.
Durante 2024, estos profesionales recibieron más de $5.540 millones por sus contratos principales y otros $1.944 millones por las contrataciones adicionales.
La Contraloría recordó que la normativa solo permite un segundo contrato cuando corresponde a funciones distintas. Por ello, instruyó a Carabineros a corregir estas designaciones y ajustar el sistema de contratación.
Falta de control horario impidió verificar las jornadas
La auditoría también detectó que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no registraban asistencia ni contaban con un sistema que permitiera controlar su jornada laboral.
Esta situación impidió comprobar si cumplían efectivamente las horas por las que recibían remuneraciones con recursos públicos.
Ante este escenario, la Contraloría ordenó implementar mecanismos de control que permitan fiscalizar el cumplimiento de la jornada laboral.
Funcionarios realizaron trabajos particulares
El organismo fiscalizador también revisó antecedentes tributarios y detectó que cinco funcionarios emitieron boletas de honorarios por más de $43 millones durante 2024.
En total, 23 oficiales de justicia emitieron boletas a particulares por más de $434 millones mientras mantenían funciones en Carabineros.
La Contraloría precisó que realizar actividades privadas no constituye una infracción por sí sola. Sin embargo, la ausencia de registros de asistencia impide verificar si esos trabajos se efectuaron fuera del horario institucional.
Auditoría detectó pagos en exceso
El informe también estableció que dos funcionarios recibieron pagos superiores a los que les correspondían. Los montos alcanzaron los $9.048.041 y $881.527, respectivamente.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció que recurrirá al Juzgado de Cuentas para exigir la restitución de los recursos públicos.
Además, Carabineros deberá desarrollar un procedimiento disciplinario e informar al organismo fiscalizador las medidas adoptadas y las eventuales responsabilidades administrativas.
El Maipo
