El organismo fiscalizador señaló que la exsecretaria de Estado solicitó información que excedía las facultades de su cargo y que podía afectar una investigación penal en desarrollo. Además, advirtió un eventual conflicto de interés por su vínculo previo con los funcionarios involucrados.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó fuera del marco de sus atribuciones al solicitar antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso.
El pronunciamiento surgió tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron un oficio reservado enviado por la entonces secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, pocos días después de asumir el cargo en marzo de este año.
Según el dictamen, la información solicitada —que incluía nombres, RUT, grados, destinos, antecedentes disciplinarios, sumarios y eventuales denuncias penales— no era necesaria para el cumplimiento de las funciones legales del Ministerio de Seguridad, por lo que excedía las atribuciones conferidas a esa cartera.
Asimismo, el organismo advirtió que el requerimiento podía comprometer una investigación penal en desarrollo, situación expresamente restringida por la legislación vigente.
Contraloría advierte eventual conflicto de interés
Otro de los aspectos destacados por el dictamen es que la solicitud recaía sobre funcionarios de una brigada policial con la que Steinert había trabajado durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá.
Por ello, la Contraloría estimó que la entonces ministra debía haberse abstenido de intervenir en el caso para evitar un eventual conflicto de interés derivado de su relación profesional previa con los funcionarios involucrados.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador sostuvo que la actuación de la exautoridad “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones” que la ley asigna al Ministerio de Seguridad y que tampoco se condice con el deber de abstención que debía observar.
No obstante, el dictamen aclaró que no establece responsabilidades penales ni cuestiona la legalidad de la desvinculación de la entonces prefecta general de la PDI, medida que fue considerada ajustada a derecho.
El Maipo
