La próxima subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, es objeto de una denuncia ingresada en febrero ante la Contraloría General de la República (CGR), la cual busca esclarecer posibles irregularidades administrativas, conflictos de interés y una cuestionada idoneidad para el cargo, consignó CIPER.
La acusación principal sostiene que Garrido mantuvo, al menos durante 2019, tres contratos simultáneos con reparticiones públicas (Salud Pública, Transportes y Telecomunicaciones), lo que, según los denunciantes, habría requerido una jornada laboral técnica de 17 horas diarias, planteando dudas sobre la viabilidad y cumplimiento de dichas funciones.
Deuda fiscal y licencias médicas
Otro punto central de la denuncia es el manejo de licencias médicas. Se señala que Garrido mantuvo durante cuatro años una deuda con el Estado por conceptos de licencias médicas no reintegradas tras su salida de la Subsecretaría de Transportes en 2022.
Documentación adjunta a la denuncia revela que, en diciembre de 2022, el entonces subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, notificó formalmente la deuda por un monto de $871.458, instruyendo constituir a la abogada como deudora fiscal. Según los antecedentes, dicha suma fue pagada recién en febrero de este año, días antes de que se oficializara su designación como futura autoridad.
Posible conflicto de interés
La denuncia también cuestiona un eventual conflicto de interés derivado de su rol como experta en protección de datos. Se le acusa de haber asesorado la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales —incluso asistiendo como asesora de un senador y participando en reuniones bajo la Ley de Lobby— mientras mantenía una consultora privada (Privacy Consulting) que ofrecía servicios precisamente en el cumplimiento de dicha normativa.
El Maipo
Informe cuestionado
La presentación ante la Contraloría incluye un informe que sugiere “mitigación de daños” y recomienda a la Oficina del Presidente Electo (OPE) la reubicación de Garrido en un cargo técnico de segunda línea debido a su “incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política”. Si bien el documento parece dirigido a la oficina de José Antonio Kast, desde la OPE señalaron que dicho informe “no tiene nada que ver” con ellos.
Hasta el cierre de esta edición, tanto Romina Garrido como las instituciones consultadas no han entregado declaraciones que aclaren los puntos expuestos en la denuncia, derivando en algunos casos las consultas a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia.
