La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados analizó la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en medio de cuestionamientos del sector agrícola y ganadero sobre sus efectos en las actividades productivas del país, informo la sala de prensa de la Cámara.
Gobierno defiende reorganización de sitios prioritarios
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, explicó que los sitios prioritarios para la conservación existen desde 2002 dentro de la estrategia nacional de biodiversidad, y que actualmente hay cerca de 350 identificados. Según la autoridad, la nueva ley no crea nuevos sitios, sino que busca ordenar esta dispersión mediante un proceso de planificación ecológica.
Para ello, se elaboró un listado de 99 áreas seleccionadas con criterios de representatividad, conectividad e integridad ecológica. La jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich, destacó que esta metodología permitirá duplicar de 6 a 12 los ecosistemas que cumplen estándares internacionales de conservación.
Sector agrícola advierte incertidumbre regulatoria
Federico Errázuriz, gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), advirtió que los reglamentos asociados a la ley remiten a guías técnicas o instrumentos futuros, generando incertidumbre para los propietarios de predios.
El representante gremial expresó preocupación por el alcance territorial del listado, que contempla 99 áreas equivalentes a 4 millones de hectáreas, una extensión similar a toda la Región de Coquimbo o 1,25 veces la Región de La Araucanía. Errázuriz señaló que esto podría afectar directamente actividades productivas tradicionales y requiere mayor claridad sobre los mecanismos de implementación. (ver presentación de la SNA)
Ganaderos de Magallanes denuncian falta de información
Representantes ganaderos de Bahía Lomas, en la Región de Magallanes, plantearon que la incorporación de esta zona como sitio prioritario impactaría a 68 predios ganaderos que son la principal fuente laboral del lugar. Los productores afirmaron no haber tenido acceso a los informes técnicos que fundamentan la propuesta.
Además, cuestionaron que el Ministerio del Medio Ambiente estaría excediendo las competencias del artículo octavo transitorio de la Ley 21.600, que solo permitiría reconocer sitios previamente definidos y no generar nuevas declaratorias.
Parlamentarios solicitan pronunciamiento de Contraloría
Los legisladores expresaron inquietud por los posibles impactos territoriales de la normativa. El diputado René Alinco señaló que la ley no ha fortalecido a las comunidades campesinas ni generado beneficios concretos en regiones como Aysén. La presidenta de la comisión, Gloria Naveillan, advirtió que la implementación responde a una visión ambiental demasiado restrictiva, mientras que la diputada Paula Labra cuestionó el uso de bases metodológicas en lugar del reglamento definido en el artículo 29.
Desde el Ejecutivo se precisó que la ley habilita un mecanismo excepcional que permite avanzar en el reconocimiento de sitios prioritarios mientras se completa la planificación ecológica.
La comisión acordó oficiar a la Contraloría General de la República para su pronunciamiento sobre la aplicación del cuestionado artículo transitorio y los plazos reglamentarios. Además, solicitará al Ministerio del Medio Ambiente información sobre los avances en la implementación del SBAP y los mecanismos de participación regional.
El Maipo
