El Gobierno pone en marcha la aplicación efectiva del principal tratado ambiental de América Latina con una hoja de ruta, una nueva comisión intersectorial y medidas para reforzar la participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales.
Por Arantxa G.
El Ministerio de Ambiente ha aprobado una estrategia que establece 18 medidas prioritarias. Cada una cuenta con responsables definidos, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento.
De este modo, la hoja de ruta busca mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y fortalecer la capacidad del Estado para responder a los desafíos ambientales mediante una planificación común.
El objetivo es que la aplicación del tratado deje de ser un compromiso sobre el papel. Además, se pretende que se traduzca en actuaciones medibles y permanentes.
Una comisión coordinará toda la aplicación del tratado
Como parte de esta nueva etapa, el Gobierno ha creado la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú).
Este organismo tendrá carácter permanente. Además, será el encargado de coordinar las políticas, supervisar el cumplimiento de los compromisos y facilitar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas.
Asimismo, contará con un Consejo Consultivo integrado por representantes de 13 sectores sociales. También dispondrá de varios comités técnicos especializados para favorecer el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía.
La participación ciudadana será uno de los pilares del nuevo modelo
La elaboración de la hoja de ruta se desarrolló mediante un proceso participativo. En él intervinieron autoridades ambientales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, universidades, empresas y entidades sociales.
Además, el documento plantea ampliar los mecanismos de acceso a la información ambiental y reforzar la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el territorio y la conservación.
Asimismo, incorpora medidas destinadas a mejorar la protección de quienes defienden el medio ambiente, uno de los aspectos centrales del tratado regional.
Un acuerdo pensado para fortalecer la democracia ambiental
El Acuerdo de Escazú constituye el primer tratado ambiental específico de América Latina y el Caribe. Su objetivo es reforzar la transparencia, el acceso a la información y la justicia ambiental.
El Gobierno colombiano insiste en que su aplicación no modifica la Constitución. Tampoco altera las competencias actuales de las autoridades ambientales.
Por el contrario, su finalidad consiste en mejorar la coordinación institucional y aumentar las garantías para proteger la naturaleza mediante procedimientos más abiertos, participativos y eficaces.
La aplicación continuará durante el próximo Gobierno
Aunque el tratado ha generado debate político desde su aprobación, el Ejecutivo ha confirmado que su desarrollo continuará durante la próxima legislatura.
En este sentido, el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, ha reafirmado el compromiso de mantener la aplicación del acuerdo. A su juicio, responde a una obligación internacional asumida por el país.
Así, Colombia pretende consolidar una política ambiental estable que trascienda los cambios de Gobierno. Además, busca mantener una estrategia de largo plazo para la conservación del patrimonio natural.
La puesta en marcha del Acuerdo de Escazú abre una nueva etapa para la política ambiental colombiana. Esta se basa en una mayor coordinación institucional, una participación ciudadana más amplia y mecanismos de seguimiento orientados a mejorar la protección de los recursos naturales.
En definitiva, Colombia activa el Acuerdo de Escazú para proteger la naturaleza con el objetivo de convertir los compromisos internacionales en acciones concretas. Además, busca fortalecer la democracia ambiental, proteger a quienes defienden el medio ambiente y avanzar hacia una gestión más transparente y sostenible del territorio.
El Maipo/Ecoticias
