La activista mapuche y defensora del medioambiente Julia Chuñil cumple hoy un año desaparecida, sin que hasta el momento avancen las investigaciones, ni haya imputados en Chile por este caso, que llegó incluso a instancias internacionales.
La presidenta de la comunidad de Putreguel, de 73 años, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 cuando salió de su vivienda para alimentar a los animales, y su familia afirma que había recibido amenazas de muerte por la defensa del bosque nativo.
Esta semana, organizaciones sociales integradas en el espacio Día a Día por Julia Chuñil entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, dirigida al presidente Gabriel Boric, donde le piden remover al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
“A un año de la desaparición forzosa de la dirigente de la comunidad de Putreguel, la Fiscalía no ha logrado establecer la verdad y ha sido incapaz de llegar a la etapa preparatoria de un juicio”, señala la misiva.
Nuevos antecedentes del caso salieron a la luz hace unos meses cuando la abogada querellante Karina Riquelme reveló a la prensa la existencia de una llamada telefónica donde el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, uno de los sospechosos, le dice a su padre que Chuñil había sido quemada.
Las revelaciones llevaron a las autoridades, a organizaciones políticas y sociales y a diversas personalidades a exigir una investigación profunda sobre la desaparición de la líder mapuche.
Por su parte, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú llamó al Estado de Chile a proteger a la familia de Julia Chuñil, tras constatarse evidencias de amenazas continuas.
El hijo de Julia, Pablo San Martín Chuñil, denunció ante la entidad internacional haber sido objeto de acciones intimidatorias y hostigamientos, situación extendida también a su entorno cercano.
El Acuerdo de Escazú, del cual Chile forma parte, es un tratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental y es el primero a nivel mundial en incluir la protección de los derechos humanos de los defensores de la naturaleza.
La desaparición de la líder mapuche fue analizada también por los relatores en el examen de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
La instancia exhortó al Estado investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de defensores humanitarios.
Según Global Witness, América Latina es la región con más asesinatos de activistas por la naturaleza, con el 82 por ciento de los casos.
De acuerdo con esa organización, en 2024 al menos 120 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica por esa causa.
El Maipo/PL
