El plan de José Kast promete más de 100 mil empleos y movilizar $1,3 billones. La iniciativa puede aliviar la emergencia, pero su éxito dependerá de algo más complejo que inyectar recursos: recuperar la inversión, dinamizar la economía y crear trabajo formal y sostenible.
La crisis laboral chilena es el resultado de un deterioro larvado originado en fenómenos como el impacto de la pandemia, extendido hace más de 79 meses, mientras que los países de la OCDE recuperaron sus tasas de ocupación prepandemia en 2022, y América Latina lo hizo en 2023; la destrucción del empleo formal reciente, donde informes sectoriales reportaron que sólo en lo que va del año se registraron cerca de 88.000 empleos formales destruidos, empujando a miles de familias a la desocupación o a la informalidad precaria y con una economía incapaz de generar suficientes puestos de trabajo de calidad; la presión sostenida en el desempleo, hasta llegar hoy al 9,6% total y 10,3% en mujeres de acuerdo a mediciones oficiales del INE; la caída de la inversión y la liquidez empresarial por ralentización de la actividad económica, que golpeó con dureza los flujos de caja del sector privado, estancamiento que ha afectado la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas y ha paralizado la contratación de nuevo personal, y donde, además, los proveedores del Estado han enfrentado retrasos en los pagos en sectores sensibles como la salud; y las tensiones sobre las normas laborales, donde los asesores del gobierno de Kast de la Mesa de Reactivación Laboral argumentan que el exceso de regulaciones, el alza de costos de contratación y rigideces aprobadas en periodos anteriores terminaron desincentivando el empleo.
El problema combina bajo dinamismo económico, inversión insuficiente, dificultades financieras de las empresas y una persistente brecha entre crecimiento y creación de empleo.
Las cifras son elocuentes. Según el INE, la desocupación llegó al 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, mientras el número de ocupados cayó 0,9% en doce meses, el empleo asalariado formal continuó bajo presión y el empleo informal llegó al 26,3% en el mismo período. No estamos, por tanto, ante una fluctuación pasajera, sino frente a una señal de alerta sobre la capacidad de la economía para absorber a quienes necesitan trabajar.
Presentado el 28 de septiembre, “Chile Despega” busca generar más de 100 mil empleos entre el último trimestre de 2026 y 2027, movilizando $1,3 billones mediante cuatro instrumentos: acelerar obras públicas, subsidiar contrataciones —con énfasis en grupos prioritarios—, inyectar liquidez a empresas y proveedores del Estado, y descentralizar la ejecución territorial.
La orientación es razonable. Las obras pueden activar rápidamente la construcción y sus encadenamientos; los subsidios pueden reducir temporalmente el costo de contratar, y los pagos oportunos a proveedores pueden evitar despidos. En una emergencia, esperar exclusivamente los efectos de la inversión privada sería insuficiente.
Pero aquí comienza la discusión crítica. Movilizar recursos no equivale a crear empleos netos, y anunciar puestos de trabajo no significa que estos ya existan. Parte de la inversión pública podría haberse ejecutado igualmente; los subsidios podrían financiar contrataciones que ocurrirían sin ellos, y los empleos asociados a obras temporales podrían desaparecer al concluir los proyectos. Además, los recursos comprometidos deben traducirse en licitaciones, adjudicaciones, pagos y contrataciones efectivas.
El debate sobre las regulaciones laborales tampoco admite explicaciones simplistas. El Gobierno y sus asesores sostienen que mayores costos y rigideces desincentivan la contratación. La oposición advierte que las normas de protección laboral no son el origen automático del desempleo y que la insuficiencia de crecimiento e inversión resulta determinante. La evidencia debe prevalecer sobre la trinchera ideológica: proteger derechos y promover la contratación no son objetivos incompatibles, siempre que las políticas combinen productividad, certidumbre y condiciones laborales dignas.
¿Qué podemos pronosticar? En el corto plazo, “Chile Despega” podría contener la destrucción de puestos de trabajo y producir un alivio sectorial y territorial. Sin embargo, si la inversión privada no se recupera, la productividad permanece estancada y la demanda no acompaña, el efecto podría ser transitorio: un puente fiscal hacia ninguna parte.
En paralelo, el Gobierno impulsa una revisión más amplia de las reglas del trabajo: cómputo anualizado de las 40 Horas; jornadas estacionales de hasta 52 horas; contratación por horas, a prueba o por experiencia; indemnización “a todo evento” financiada de forma total o parcial mediante cuentas de ahorro individual del trabajador; freno a la negociación colectiva multinivel enfocando los pactos salariales estrictamente al interior de cada empresa; nuevo Estatuto Administrativo para facilitar la desvinculación de funcionarios públicos por bajo desempeño; descuentos automáticos por días no trabajados y persecución de responsabilidades disciplinarias ante huelgas en áreas públicas consideradas estratégicas; incentivos para la postergación del retiro mediante la creación de contratos con regulaciones suspendidas o de alta flexibilidad para mayores de 60 años con el fin de promover su reincorporación al mercado del trabajo formal; subsidios masivos a la contratación vía inyección fiscal de $91 mil millones para cofinanciar hasta el 50% del Ingreso Mínimo Mensual por 4 meses y mitigar el costo del empleador al reclutar mujeres y jóvenes; generación de empleo fiscal local como financiamiento temporal de cuadrillas directas vía Conaf y programas de mejoramiento urbano municipal en macrozonas críticas (Biobío, Ñuble, Antofagasta); rediseño al reglamento de la Ley Karin sobre acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; reforma de Sala Cuna Universal para eliminar el histórico artículo que permitía sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras, y extensión a cuidadores, entre otras iniciativas.
El argumento es “reducir incertidumbres y costos para estimular la contratación”. El riesgo es confundir flexibilidad con precarización. Una jornada más adaptable puede facilitar la operación de ciertos sectores, mientras una indemnización distinta puede reducir costos inmediatos, pero también modificar la protección económica frente al despido. En cambio, una Sala Cuna Universal bien financiada podría remover barreras históricas al empleo femenino, y una Ley Karin mejor implementada, sin desproteger a las víctimas, contribuir a entornos laborales más seguros. El pronóstico dependerá de cómo se diseñen estos cambios: si amplían oportunidades, productividad y formalidad, “Chile Despega” ganará tracción; si debilitan derechos sin generar nueva demanda de trabajo, el ajuste regulatorio no creará por sí solo los empleos prometidos. Estas medidas tienen distintos grados de avance: algunas están en tramitación legislativa, otras son propuestas y otras contemplan ajustes reglamentarios. Pero son parte de la agenda laboral del Gobierno, en trámite o cuyos efectos sobre el empleo aún están pendientes. La cuestión central es si los cambios reducirán barreras reales a la contratación o si, bajo el argumento de la flexibilidad, trasladarán los costos de la reactivación a los trabajadores.
En definitiva y más allá de dichos ajustes, la prueba de fuego de “Chile Despega” no será cuántos recursos se anuncien ni cuántos subsidios se entreguen. Será cuántos empleos adicionales se creen, cuánto duren, qué remuneraciones ofrezcan y cuántas personas transiten desde la informalidad hacia el trabajo protegido.
Chile necesita despegar, efectivamente. Pero un país no despega por acelerar el gasto durante unos meses: despega cuando su economía vuelve a generar oportunidades sostenibles. De lo contrario, “Chile Despega” corre el riesgo de convertirse en un costoso salvavidas coyuntural para una crisis estructural.
Fuentes de referencia
- INE, tasa de desocupación nacional, junio-agosto de 2026, agosto de 2026.
- Ministerio del Trabajo, presentación del Plan “Chile Despega”, 28 de septiembre de 2026, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Ministerio de Economía, detalle de inversión adicional del MOP y proyectos de rápida ejecución. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
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