La carta del ex funcionario de la Oficina de Protección de Derechos Diego Donoso Daille fue leída en el Consejo Municipal en la sesión del 8 de enero de 2025 por el Concejal Osvaldo Azócar.
Entre otros cuestionamientos, la carta plantea que el proceso de transición entre la OPD y la nueva Oficina Local de la Niñez se realizó sin los estándares exigidos por la Ley 21.430.
“esta situación llevó a que la Oficina Local de la Niñez (OLN) no estuviera funcionando correctamente durante el mes de diciembre, dejando a la comuna sin un sistema de protección adecuado y a la Municipalidad incumpliendo su rol de garante de los niños, niñas y adolescentes”.
De acuerdo a lo expresado a El Maipo por el Concejal Osvaldo Azócar…
“Los procesos administrativos que se evidenciaron en el traspaso de la OPD a la OLN reflejaron claramente un vacío de aproximadamente un mes. Al cerrar una oficina y al abrir la otra se debería haber salvaguardado que la transición afectara lo menos posible en la parte legal y administrativa”.
Y ahonda en su análisis:
“Pero también, que no afectara a los niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el cuidado de la OPD. El traspaso de las carpetas se cumplió positivamente por parte de los exfuncionarios, no obstante, nunca hubo un proceso de transición hacia los funcionarios de la OLN; tampoco se vio una entrega de las causas trabajadas por la OPD a los nuevos funcionarios”.
Concluyendo que:
“Este vacío fue claramente un riesgo para los niños, niñas y adolescentes que se atienden afectando directamente en audiencias cautelares, entre otros problemas”.
Un proceso de transición que ponga el cuidado de los niños, niñas y adolescentes primero
Recordemos que, en un esfuerzo por garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Chile inició la transición de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) hacia las nuevas Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Este cambio, alineado con la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, busca fortalecer el sistema de protección a nivel territorial y acercar los servicios a las comunidades.
No obstante, para lograr este propósito se requiere llevar adelante una transición ordenada que garantice la continuidad del sistema de protección de derechos y la creación de estructuras más robustas, especializadas y cercanas al territorio.
Así, en la resolución exenta N° 263, del 27 de febrero de 2024, El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia fijó las condiciones del traspaso de las OPD a las nuevas OLN. En su página 4 se lee que en la resolución:
“se entregan las indicaciones a ejecutar ante el término de la línea de acción OPD, estableciendo las gestiones necesarias de realizar para la continuidad de la atención por parte de las Oficinas Locales de la Niñez… fundado en cautelar el derecho de niños, niñas y adolescentes, y sus familias a recibir la continuidad de la intervención, la cual el Estado se ha comprometido a entregar, a través de su oferta programática”

Para estos efectos, es clave que el proceso de transición se realice con estándares adecuados que permitan mantener las fortalezas y logros de las OPD que se cierran. Además, que las OLN nacientes pongan a disposición de la transición condiciones organizativas, técnicas y de recursos humanos para recibir, dar continuidad y profundizar el trabajo con la niñez.
Según lo detallado en la carta, “la ley 21.430, en sus artículos 50°, 51° y 61°, establece que al cierre de la OPD debe entrar en funcionamiento la OLN ya que es “la herramienta” que tiene el Estado y que entrega garantías de resguardo a NNA de nuestra comuna. No obstante, El 30 de noviembre, lo que quedaba del equipo de la OPD traspasó las últimas carpetas a la OLN y finalizó su responsabilidad administrativa ante el estado y tribunales. Sin embargo, aparentemente, nadie del nuevo equipo tenía conocimientos para trabajar con el Tribunal de Familia, lo que resultó en varios problemas”.
Un primer problema sería que no se informó del cierre de la OPD en las instancias pertinentes, no comunicándose quién llevaría las causas por parte de la OLN ante el tribunal. Esta situación habría provocado el retraso de decenas de causas.
Se debe tener presente que la OPD atendía entre 20 y 30 causas al mes, además de los respectivos seguimientos de casos. Al respecto la carta precisa:
“No es exagerado afirmar que al menos una decena de niños y niñas sufrieron atrasos en sus causas judiciales debido a esta falta de comunicación y organización. Un atraso en un informe a tribunal puede significar que ese niño o niña tenga que esperar de tres a seis meses para avanzar en su causa judicial, y en los casos más graves, este retraso podría afectar incluso las medidas cautelares vigentes que los NNA pudieran tener en ese proceso.”
En el mismo tenor, el Concejal Jorge Bahamonde, señaló a este medio que “ante el alto índice de vulneración existente en la comuna, el municipio no asumió de manera responsable y con premura ante esta grave problemática” refiriéndose al modo como la autoridad comunal respondió ante los cambios y el traspaso que se realizó de Oficina de Protección de Derechos (OPD) a Oficina Local de la Niñez (OLN) de acuerdo a la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, ya que ello ha provocado dejar sin atención a niños y niñas y adolescentes de la comuna.
La difícil situación de la niñez en El Monte
El cuestionado proceso de transición de las OPD a la OLN, se produce mientras que niños, niñas y adolescentes de El Monte muestran sobre un 60% de vulneración de sus derechos.
De acuerdo a las cifras entregadas en el mes de abril del año 2024 por el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF), a partir de la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (estudiantes entre 12 y 17 años) y la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, en el país existe cerca de un 60% de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneración de sus derechos, ya sea por agresiones físicas o psicológicas por parte de sus cuidadores y su entorno.
La comuna de El Monte no está ajena a este fenómeno, ya que, según estudios, la cifras revelan que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados en sus derechos. Vulneraciones tales como abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, testigo de violencia intrafamiliar, discriminación, trabajo infantil, actividades que afectan su salud, educación y desarrollo, violencia institucional, acoso escolar.

Para la especialista en psicología infanto juvenil y salud mental, Pamela Santibáñez, tras más de cuatro años de experiencia de trabajo en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de El Monte, esta situación tiene un alto impacto en la comunidad, precisando que la OPD atendía en torno a 100 casos mensuales, vale decir 1.200 en un año.
“En la comuna podemos constatar, que no solo ha habido vulneración de derechos por negligencia, sino que, además, un número importante de vulneración de derechos de carácter grave constitutivo de delito” enfatiza la psicóloga Santibáñez.
Y lo lamentable, profundiza:
“es que no ha existido una política sistemática proactiva y de prevención por parte de quienes tienen responsabilidad institucional en la comuna, en este caso el Municipio, hecho que se gráfica al no existir reales redes de apoyo institucional como es el caso de salud mental en el servicio municipal de salud”.
Del mismo modo, el Concejal Bahamonde señaló la…
“casi o nula inexistencia de una política pública comunal respecto a esta situación, ya que se suma a este problema, al no haber una preocupación de parte de las autoridades respecto a otro tema directamente relacionado que es el Centro de la Mujer” grupo vulnerable que se encuentra expuesto a la vulneración de sus derechos.
Por su parte, la concejala Beatriz Theiler también enfatiza su preocupación respecto de la vulneración de los derechos de la infancia en El Monte y el elevado número de casos:
“Es una realidad muy impactante, tanto para una como vecina y en mi calidad de concejala” [y agrega] “es una realidad que duele, preocupa y nos desafía a la urgencia de ocuparnos, ya que existe a la vuelta de la esquina de nuestras casas” [y que] “producto de un mal manejo administrativo y de gestión Municipal, y gracias a la carta enviada por el ex funcionario de la OPD y las reuniones sostenidas con los especialistas, se puso en evidencia estos graves hechos que impactan a toda la comunidad montina”.
Al igual que el concejal Jorge Bahamonde, Beatriz Theiler, señaló que esta delicada y grave situación ha sido tomada por el Concejo Municipal con un gran sentido de responsabilidad y de manera colaborativa, llegando rápidamente a consensos sobre la situación y de las urgentes medidas correctivas que se deben asumir, entre ellas, fiscalizar la idoneidad de quienes han sido o serán contratados para ejercer estas funciones, ya que deben ser con un grado importante de especialización y experiencia.

Una Oficina Local de la Niñez a medio armar
Otro de los problemas reportados en la carta se refiere al proceso de constitución del equipo profesional de la nueva Oficina Local de la Niñez.
Si bien la antigua OPD dejó de funcionar el 30 de noviembre, cuando su Coordinadora entregó el cargo, el proceso de contratación del nuevo equipo aún no se completaba. De hecho, la nueva Coordinación de la OLN solo tomó el mando el día 2 de enero de 2025.
Además, de acuerdo a lo expresado en la carta leída en el Concejo, la instalación de la OLN requería que su equipo participara en talleres previos de inducción a tareas de suyo complejas, talleres que se realizaron con el equipo saliente y no con el entrante. De esta manera, se entiende que al menos durante el mes de diciembre, las tareas propias a la OLN se habrían realizado en condiciones lejos de ser óptimas y con los efectos no deseados descritos más arriba.

También, se plantea que el concurso para llenar los nuevos cargos profesionales de la OLN, se hizo con escaso tiempo (tres días) y poca rigurosidad administrativa.
Por ejemplo, el o la profesional a cargo de la Coordinación, el cual tiene responsabilidad administrativa, debiese asociarse a una contratación por código del trabajo y no a honorarios, tal como aparece informado en la página de concursos públicos de la Municipalidad (https://www.munielmonte.cl/concursos.html).
La normativa vigente exige que la protección administrativa y la tutela legal de la OLN deber tener al menos uno de sus trabajadores contratado por código del trabajo. No cumplir esta exigencia podría generar diversas dificultades al desarrollo de la naciente OLN respecto de su gestión interna y externa.
Cierre de la OPD, una salida abrupta
Consultada la Coordinadora saliente de la OPD, la antropóloga Social y Magister en Derechos Humanos y Migración Astrid Bascur, nos comentó que el cierre de las OPD e instalación de las OLN consideraba seis ciclos. Un ciclo 0 de carácter piloto y otros cinco ciclos en régimen.
El cierre de las OPD de la Provincia de Talagante estaba previsto para fines de 2025, no obstante, la Municipalidad adelantó tal traspaso un año.
De acuerdo a la ex Coordinadora de la OPD, el equipo a cargo no fue informado de las razones de por qué la Municipalidad de El Monte apuró el traspaso.
El firmante de la carta leída en la sesión del 8 de enero, por su parte, señala que:
“Es preciso aclarar que esta decisión jamás fue comunicada oficialmente al equipo. Nos enteramos, como se dice popularmente, “por el correo de las brujas” y posteriormente a través del Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia quien nos hizo llegar la documentación y notificación correspondiente.”
También se insiste en la carta, en que a partir de esta decisión de apurar el traspaso, la OPD sufre un proceso progresivo de aislamiento por parte de la Municipalidad que derivaría en desinformación de temas relevantes para el proceso de traspaso a la OLN, así como una serie de actitudes que podrían calificarse como agobio y maltrato laboral, obstruyendo en la práctica la posibilidad de que el equipo de la OPD se proyectara en la OLN, situación que ha pasado en el 50% de los traspasos verificados a lo largo del país.
Como conclusión de este tema, el Concejo acordó que la Directora de la DIDECO hiciera un presentación en su próxima sesión del pre Concejo Municipal respondiendo las críticas y cuestionamientos expresados en la carta.
Para el Concejal Osvaldo Azócar, la OLN debe garantizar todos los procesos administrativos legales, partiendo por priorizar aquellos casos que estuvieron pendientes durante el traspaso en que se generó el vacío del mes de diciembre.
“Estos casos se deben priorizar y tratar con toda celeridad. Pero también con todo el resguardo que debe de entregarse en materia de protección”.
Por último, respecto a los exfuncionarios de la ex OPD, Azócar insistió en que:
“se les tiene que cerrar el proceso, pero se le tiene que cerrar con todas las garantías como clase trabajadora. A esto nos referimos tanto en relación a sus respectivos finiquitos como en otros temas pendientes que les afectan.
Nota: la lectura de la carta en sesión del Concejo Municipal del 8 de enero de 2025 disponible en:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=627218323077102&rdid=LcPYTEysYrs0f3HR.
Ver entre las 2:58:48 y las 3:09:22 horas de grabación de la sesión.
El Maipo.