Invitar a los hijos del expresidente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado —mientras se esperaba la presencia del actual mandatario de la principal economía latinoamericana— no es solo un error de protocolo. Es una señal política mal calibrada que expone cómo la improvisación puede infiltrarse incluso en los rituales más solemnes de un Estado.
Hay episodios políticos que parecen escritos por un guionista con vocación por la tragicomedia, y el manejo protocolar del gobierno entrante parece cernirse como uno de ellos.
Todo comenzó con algo aparentemente rutinario: las invitaciones para la transmisión del mando presidencial en Chile. Un acto de Estado que, como dicta la tradición republicana, convoca a jefes de Estado, delegaciones oficiales y representantes diplomáticos extranjeros.
Pero esta vez algo se torció. Y no poco.
Porque en paralelo a la confirmación de asistencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzaron a circular invitaciones dirigidas a dos figuras muy particulares de la política brasileña: los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio y el diputado Eduardo Bolsonaro.
En cualquier manual básico de diplomacia existe una regla no escrita pero universal: cuando se invita a un jefe de Estado extranjero, se evita simultáneamente destacar a su oposición interna en el mismo evento. Y no por corrección ideológica, sino por simple prudencia.
La política exterior, al fin y al cabo, es un ejercicio de delicadeza pero en este caso, esa delicadeza parece haberse evaporado. Conviene recordar algo que a veces se pierde en el ruido político. Brasil no es un país cualquiera, no es solo un vecino. Es la mayor economía de América Latina y uno de los socios estratégicos más relevantes de Chile en comercio, inversiones y cooperación regional.
Cuando un país de ese peso participa en una transmisión presidencial, el gesto tiene un valor político evidente y por eso, en diplomacia, los equilibrios importan. Y mucho.
Invitar simultáneamente al presidente brasileño y a figuras centrales de su oposición política —y más aún en un contexto tan sensible para ese país— no es simplemente una chascarro protocolar, es una señal política y las señales en diplomacia rara vez pasan inadvertidas.
El contexto judicial del bolsonarismo
El problema se vuelve aún más delicado cuando se observa el contexto político en Brasil.
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración destinada a impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.
El fallo lo declaró culpable de delitos que incluyen intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada y atentado contra el Estado democrático de derecho.
Se trata de una sentencia histórica: nunca antes un expresidente brasileño había sido condenado por intentar subvertir el orden democrático. Ese contexto convierte al bolsonarismo en algo más que una corriente opositora. Lo convierte en el epicentro de una de las crisis institucionales más profundas de la democracia brasileña reciente.
Los invitados incómodos
En medio de ese escenario judicial, el gobierno entrante extendió invitaciones a dos de las figuras más visibles de ese movimiento: el senador Flávio Bolsonaro, que incluso confirmó su asistencia a la ceremonia y su hermano Eduardo, cuyo caso es todavía más complejo.
Porque este último enfrenta cargos por coacción u obstrucción de la justicia, relacionados con intentos de influir en el proceso judicial abierto contra su padre. Según la fiscalía brasileña, habría buscado apoyo internacional —incluido en Estados Unidos— para presionar contra las autoridades judiciales que llevaban adelante el caso.
En otras palabras: no se trata simplemente de un parlamentario opositor. Se trata de una figura vinculada a una investigación penal derivada del mismo intento de golpe que llevó a la condena de su padre.
El tuit y lo que no dice
El propio Eduardo Bolsonaro reaccionó en la red social X agradeciendo la invitación y señalando que se encontraba “impedido” de asistir.
El mensaje parecía diplomático, incluso elegante, pero omite un detalle fundamental: su imposibilidad de viajar no responde simplemente a razones de agenda o distancia geográfica. Su situación jurídica y administrativa es bastante más compleja.
Eduardo Bolsonaro fue acusado ante el Supremo Tribunal Federal por el delito de coacción en el curso de un proceso judicial, vinculado a las investigaciones sobre la trama que buscó revertir el resultado de las elecciones brasileñas de 2022. La acusación sostiene que habría intentado influir en el proceso judicial promoviendo presiones políticas desde el extranjero para beneficiar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Pero hay más.
En diciembre de 2025, la Mesa Directora de la Cámara de Diputados brasileña declaró la pérdida de su mandato parlamentario después de que el diputado acumulase ausencias muy por encima del límite permitido por la Constitución, que establece la pérdida del cargo cuando un parlamentario falta a más de un tercio de las sesiones deliberativas.
Esa decisión desencadenó consecuencias administrativas inmediatas. Al perder su condición de diputado, su pasaporte diplomático fue automáticamente anulado, conforme al reglamento interno de la Cámara, que invalida ese documento cuando un parlamentario deja de ejercer el cargo. Anteriormente la Justicia ya había cancelado su pasaporte ordinario.
En términos prácticos, incluso si hubiera querido asistir a la ceremonia en Chile, difícilmente habría podido hacerlo en condiciones normales.
Ese pequeño detalle —que el propio mensaje en redes sociales omite cuidadosamente— cambia por completo la lectura de su declaración pública, porque su ausencia no obedece simplemente a un impedimento protocolar. Obedece a una situación judicial y administrativa que, por sí sola, habría hecho imposible su presencia en cualquier ceremonia en el exterior.
La pregunta incómoda
Y es aquí donde surge la pregunta inevitable para la diplomacia chilena: ¿cómo es posible que todos estos antecedentes no hayan sido considerados antes de extender una invitación oficial?
Toda esta información —la investigación penal, la condena de Jair Bolsonaro, la situación judicial y administrativa de su hijo— es pública y ampliamente conocida en Brasil. No se trata de antecedentes secretos ni difíciles de encontrar.
Por lo mismo, resulta razonable suponer que el equipo diplomático o el enlace protocolar encargado de cursar las invitaciones tenía —o debía tener— conocimiento de esa situación antes de extender una invitación oficial. Ese tipo de verificación forma parte de las tareas básicas de cualquier cancillería antes de invitar a figuras políticas extranjeras a un acto de Estado.
No hacerlo no es ilegal, pero sí puede interpretarse como falta de prolijidad diplomática. Y cuando se trata de nuestro principal socio regional, ese tipo de descuidos rara vez pasa inadvertido.
El hombre que firmó la invitación
La carta dirigida a Eduardo Bolsonaro fue firmada por el diplomático James Sinclair Manley, quien aparece como enlace protocolar del cambio de mando.
Sinclair no es un improvisado ni un funcionario menor dentro de la Cancillería. Diplomático de carrera formado en la Academia Diplomática Andrés Bello, acumuló décadas de trayectoria en el servicio exterior chileno y llegó a ocupar uno de los cargos más sensibles del aparato diplomático: Director General de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, función desde la cual se coordinaron precisamente las visitas de Estado, transmisiones de mando y jerarquías protocolares de la época.
A lo largo de su carrera también fue embajador de Chile en Indonesia y cumplió funciones en las legaciones chilenas en Estados Unidos y Argentina, además de desempeñarse en el Consulado de Chile en Tacna.
En otras palabras, no se trata de alguien ajeno a las delicadas reglas del protocolo internacional, sino de un diplomático con amplia experiencia precisamente en el ámbito donde los gestos, las jerarquías y los detalles adquieren significado político.
Porque si hay un lugar donde los diplomáticos profesionales suelen ser especialmente cuidadosos, es en los detalles que rodean los actos de Estado: a quién se invita, en qué calidad se invita y qué señales políticas transmite cada gesto.
Y en diplomacia, como saben bien quienes han pasado por el ceremonial, los detalles rara vez son solo detalles, por lo tanto, es precisamente aquí donde el episodio adquiere otra dimensión.
Cuando la ideología invade la diplomacia
Este impasse deja una lección más amplia.
Cuando la política doméstica —y, peor aún, la lógica de la militancia ideológica— comienza a filtrarse en la diplomacia, se pierden matices, se olvidan equilibrios y se erosiona algo esencial en política exterior: la imagen de un Estado que actúa con profesionalismo, previsibilidad y sentido de proporción.
Porque la política interna divide por naturaleza y la diplomacia, en cambio, existe precisamente para administrar esas divisiones sin trasladarlas al plano de las relaciones entre países.
La diplomacia no es un simple ritual ceremonial. Es el instrumento mediante el cual los Estados gestionan sus diferencias y preservan espacios de cooperación dentro de un sistema internacional inevitablemente competitivo.
El diplomático y académico británico Sir Ernest Satow, uno de los grandes teóricos de la disciplina, definió este arte como “la aplicación de la inteligencia y el tacto en la conducción de las relaciones oficiales entre los gobiernos de los Estados”.
Y es que no se trata de una definición retórica. Es una advertencia práctica. La diplomacia exige precisamente aquello que la política partidaria muchas veces sacrifica: tacto, equilibrio y capacidad de negociación.
Cuando esas cualidades se subordinan a impulsos ideológicos o a gestos destinados a la galería política interna, el resultado suele ser el mismo: señales mal calibradas, incomodidades diplomáticas y tensiones que pudieron haberse evitado.
Aquí aparece el verdadero problema. Los gobiernos cambian, los mandatarios pasan. Pero las relaciones entre países —comerciales, culturales, humanas— permanecen. Y cuando esas relaciones se tensan por decisiones mal calibradas o por gestos dictados más por convicción partidaria que por prudencia diplomática, quienes terminan pagando el costo no son los líderes políticos que protagonizan el episodio: son los pueblos que esas relaciones vinculan.
*Constanza Schaub, peridodista – equipo de elmaipo.cl
