La Comisión de Educación del Senado inició el análisis de un proyecto de ley que busca prohibir el acceso, registro y uso de redes sociales a menores de 14 años, en una iniciativa que apunta a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al entorno digital.
La propuesta, que se encuentra en su primer trámite constitucional, surge en medio de una creciente preocupación por los efectos que el uso intensivo de plataformas digitales puede tener en la salud mental, el desarrollo emocional y el rendimiento escolar de los menores.
Entre los fundamentos del proyecto se mencionan problemáticas como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la creciente dependencia tecnológica observada en las nuevas generaciones.
En ese contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la importancia de avanzar en regulaciones que permitan enfrentar los efectos que las redes sociales pueden generar en niños y adolescentes, señalando la necesidad de establecer mecanismos de protección acordes a los desafíos actuales del mundo digital.
La discusión ha generado diversas reacciones en el ámbito educativo y entre especialistas. La directora de la Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés, valoró que el tema esté siendo debatido en el Congreso, aunque sostuvo que una eventual prohibición debe complementarse con estrategias de alfabetización digital y una mayor participación de las familias en el acompañamiento de los menores.
Desde el mundo académico también existe respaldo a la iniciativa, pero con matices. La psicopedagoga y jefa disciplinar de Educación IACC, Christel Manterola, junto al investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Brayan Díaz, coincidieron en que uno de los principales desafíos será asegurar el cumplimiento efectivo de la norma.
Los especialistas advirtieron que, pese a las restricciones, muchos menores podrían seguir accediendo a estas plataformas utilizando cuentas de terceros o mecanismos alternativos, por lo que la fiscalización será un elemento clave para el éxito de la medida.
El proyecto contempla sanciones para las empresas que no cumplan con las exigencias establecidas. Las multas podrían fluctuar entre 500 y 2.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), montos que incluso podrían duplicarse en caso de reincidencia.
Con esta discusión, Chile se suma a una tendencia internacional que busca regular el acceso de menores a las redes sociales. Países como Australia ya han impulsado iniciativas similares, mientras que otras naciones evalúan mecanismos para reforzar la seguridad digital y la protección de la infancia en internet.
El Maipo
