La expresión más cruda de dicha violencia es el feminicidio: en palabras de Caputim y Russell es un asesinato “motivado por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. La activista feminista mexicana Marcela Lagarde opta por traducir el concepto como «feminicidio», en lugar de traducir literalmente al español el concepto de Caputim y Russell “femicide”, añadiendo un “elemento de impunidad, de violencia institucional y falta de diligencia en América Latina respecto a las mujeres” (Saccomano, 2017).
Desde que se tipificó el crimen -en el año 2010- a la fecha se han contabilizado más de 500 feminicidios en el territorio chileno. Recién en 2020 esta figura legal se extendió a las relaciones extraconyugales, distinguiendo más claramente que es un homicidio en razón de género.
Sin embargo, el reconocimiento del último eslabón de la cadena de violencia machista no ha impactado significativamente en su disminución. Este año ya se han registrado 11 feminicidios. En Chile es posible hablar de un espantoso promedio de un feminicidio por semana. Otro dato no menor es que al menos un tercio de las víctimas fatales realizan denuncias previas o, en sus casos, existían antecedentes de haber sufrido violencia machista por parte de sus victimarios.
La protección de las víctimas para el Estado es una preocupación secundaria: su centro está en “castigar” a los agresores, no en evitar que nos agredan. En múltiples ocasiones documentadas las medidas cautelares son sencillamente formales: las órdenes de alejamiento son ignoradas y, por supuesto, la policía ha sido denunciada de forma persistente como obstaculizadora de ayuda. En otros casos también se reconocen como indolentes frente a los llamados de auxilio de las mujeres que viven violencia.
Muchas de aquellas mujeres que, en su desesperación, acuden a una institución que supuestamente debería defenderlas, pero que se ha comprobado sistemáticamente que a los únicos que protegen son a los poderosos y sus intereses.
Esta situación agrava la ya penosa violencia estructural en la cual nos encontramos, porque el Estado no desarrolla políticas preventivas: la institución actúa cuando la violencia ya se ha consumado en nuestros cuerpos, quitándonos la vida. La alianza criminal entre patriarcado y capitalismo no nos ofrece más que medidas parches que no lograrán erradicar la violencia machista, pues esta no es la excepción, sino la norma.
Más allá de las leyes de monitoreo o de persecución criminal a los agresores, se hace profundamente necesaria una ley integral contra la violencia machista que garantice casas de acogida cuando las mujeres deban abandonar sus hogares para romper el círculo de la violencia, planes de empleo e independencia económica y reparación en salud mental.
Incluso esta ley es insuficiente si no consideramos políticas preventivas en los barrios, lugares de trabajo y estudio que trate sobre la violencia machista. La única forma de avanzar en esta perspectiva es volver a organizarnos como movimiento de mujeres y sin confianza en ningún gobierno porque sabemos que nuestra fuerza va a arrebatar esas demandas.
