El martes recién pasado, los medios publicaban el emplazamiento que le hacía el abanderado ultraderechista José Antonio Kast al Presidente de la UDI Guillermo Ramírez para cumplir su palabra de no dejar ni un solo peso de la cotización del 6% adicional a un sistema de solidaridad y seguridad social. Ramírez, que se había manifestado abierto a conceder apenas un 0,5 % de solidaridad al Gobierno, aclaró que la UDI “no hemos cedido ni medio punto a reparto”.
Detrás de esta disputa entre derechas, que ponen a los y las jubiladas como rehenes de su reality show por ser el mejor amigo de las AFP, está su profunda convicción por sostener un sistema de ahorro individual que no brinda seguridad social a sus afiliados.
Sistema que genera pensiones de hambre en que las mujeres reciben en promedio 46 mil pesos mensuales y en donde el 50% de las personas que recibieron su primera pensión autofinanciada en septiembre de 2024, recibieron menos de $ 92.123.
Mientras que las AFP acumulan ganancias de 1.726 millones diarios entre enero y septiembre de 2024, acumulando ganancias en estos meses por más de $472.867.962.000, aumentado sus ganancias en un 35,4 %.
Durante más de 40 años el ahorro forzoso de las y los trabajadores, excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que gozan de un sistema de reparto que paga muy buenas pensiones, han recibido una ínfima parte de sus últimos sueldos como pensiones de un sistema que les prometió el 100 % de los mismos.
Para las derechas, lo que realmente importa es que los ahorros de los trabajadores son la principal alimentación del sistema financiero chileno, negando y postergando, una y otra vez, la posibilidad de que sean los trabajadores que reciban la justa retribución social por su contribución al país, tras una vida de trabajo.
Recordemos que el 7 de agosto del presente año, Gobierno y oposición acordaron un protocolo para la tramitación de la reforma previsional, fijando plazos para su votación.
El protocolo establece el despacho del proyecto en enero de 2025 y señala que “la Sala del Senado autorizará que la comisión de Trabajo y Previsión Social discuta el proyecto en general y particular a la vez. Sobre esa base, el proyecto seguirá su tramitación en la referida comisión en la forma de votaciones ad-referéndum, las que desembocarán en un texto completo y consistente, el que será sometido a votación en general y particular al final del proceso”.
Para que eso sea posible, el protocolo precisa que “el proyecto deberá quedar despachado a sala antes del término del presente año, concluyéndose el segundo trámite constitucional a más tardar en el mes de enero 2025”.
Frente a esta urgencia, la reforma de pensiones no puede quedar sujeta a quelas diferencias en las derechas se usen como una nueva excusa. En enero se cumple el plazo que acordaron el gobierno y el senado para que la reforma sea despachada ¡Es hora de cumplir!
Tras diez años de largo caminar, y más de dos de la presentación del Proyecto del actual Gobierno, los pretextos de las derechas han sido muchos y distintos: primero exigieron la renuncia del ministro Jackson por acusaciones infamantes que hoy la justicia ha desacreditado con fallos que demandan excusas públicas de los mismos parlamentarios que hoy siguen obstruyendo el alza de las pensiones.
Luego dijeron que las pensiones no eran una prioridad, y dijeron que lo mejor era discutirlo tras las elecciones municipales. Hoy no quieren llegar acuerdos por peleas políticas entre ellos. Pasa el tiempo, cambian las excusas y los jubilados y jubiladas siguen esperando.
Por su parte, las fuerzas del oficialismo han tenido la capacidad de buscar escenarios para llegar a un acuerdo que posibilite, al menos, el objetivo mínimo de lograr un aumento inmediato de las pensiones a los trabajadores jubilados quienes no alcanzan en su gran mayoría a la línea de la pobreza.
En este vía crucis parlamentario, el Proyecto original se ha ido transformando de manera importante. Si esa transformación es tal que no alcanza para subir las actuales pensiones, especialmente de las mujeres, regalarle un 6 % adicional de cotización al fracasado y fraudulento sistema de las AFP, la aprobación del Proyecto no tendrá ningún efecto positivo nuestros jubilados y jubiladas; por el contrario, solo vendrá a fortalecer un sistema que solo es beneficioso para el 1% más rico del país que acumula el 50% de nuestra riqueza.
El protocolo de tramitación es muy claro: el proyecto debe ser despachado en enero desde el Senado. Es necesario que muy pronto se resuelvan temas que han estado pendientes durante demasiado tiempo. El gobierno ha dicho que ha habido avances importantes, como la creación de un seguro de lagunas previsionales, pero quedan partes muy relevantes por resolver.
Por otra parte, desde la Moneda se insiste que el actual sistema que castiga a las mujeres es insostenible. Por eso, es esencial destinar al menos un 1% a compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida, terminando con esa injusticia.
La propuesta del Ejecutivo pone el foco en mujeres y en aquellos trabajadores que, a pesar de haber cotizado largos años, hoy día tienen pensiones autofinanciadas que son insuficientes. Un 1% es el doble de la propuesta de la oposición, que sólo ha manifestado apertura a destinar 0,5 de los 6 puntos de cotización adicionales a compensar las diferencias entre hombres y mujeres. Además, es necesario que un 2% se destine a la creación del Seguro Social que compense a los actuales pensionados, entregando una garantía por años cotizados.
Por último, afirma que si bien el proyecto ha cambiado respecto al original, la prioridad es que las pensiones suban hoy y no en 20 años.
Desde nuestro territorio, caracterizado por la ruralidad y la fuerte presencia trabajo informal urbano, la necesidad de un componente solidario, con real vocación de seguridad social, es clave para que nuestros jubilados y jubiladas puedan acceder a una pensión que se acerque, al menos, a sobrepasar la línea de la pobreza.
Si las derechas siguen obstruyendo este objetivo mínimo, no tiene sentido aprobar una reforma desnaturalizada contraria a sus propios objetivos y se seguirá acumulando miseria y frustración en el país. De eso ya nos enteramos en octubre de 2019.
¡Esperemos que se imponga la razón y un sentido mínimo de justicia social!
¡El alza de las pensiones no puede esperar!
Miguel Jara Gómez. Antropólogo Social, Magister en Educación y Comunicador Social, colaborador de El Maipo.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
