La Justicia de la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, impuso un embargo preventivo de 21 805 millones de pesos —equivalente a unos 15 millones de dólares— a dos empresarios señalados por la fiscalía como responsables del presunto desmonte ilegal de más de 11 000 hectáreas de bosque nativo cerca de la localidad de Dragones, en el departamento de San Martín.
La sanción fue incrementada debido al incumplimiento reiterado de las medidas de restauración ambiental acordadas en 2018. Expertos señalan que este caso representa una de las mayores deforestaciones ilegales registradas en el país en las últimas décadas.
La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, a partir de una solicitud presentada por el procurador general de Salta y la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, desde la firma del acuerdo en 2018 no existe evidencia concreta de restauración activa en el área afectada. Además, sostiene que las inspecciones detectaron actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en las tareas de reforestación y la continuidad de actividades productivas dentro de los terrenos alcanzados por restricciones judiciales.
En 2018, “les impusieron una importante multa por el desmonte -menor a la sanción actual-, pero luego acordaron un plan de remediación del bosque que nunca concretaron y continuaron con su negocio agropecuario como si nada”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, organización que denunció el caso en distintas oportunidades desde 2013.
El área afectada forma parte del territorio utilizado por comunidades indígenas wichí y familias campesinas que dependen del bosque para su subsistencia, sostiene la organización ambiental.
Aunque la sanción económica representa un precedente en casos de desmonte ilegal en Argentina, organizaciones ambientales insisten en que el desafío principal sigue siendo la restauración efectiva de los ecosistemas dañados.
*Imagen principal: activistas de Greenpeace desplegaron un cartel gigante en una finca de casi 12000 hectáreas, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, que, denunciaron, habría sido ilegalmente deforestada. Foto: cortesía © Martin Katz/Greenpeace
El Maipo/Mongabay
