Las reformas son las instancias a partir de las cuales las sociedades modernas buscan evitarse desgarramientos sociales, disolver o aminorar los focos de conflicto cuando éstos ya se han producido y dejado tras de sí heridas difíciles de subsanar.
Ejemplos en el mundo hay muchos en ambos sentidos. La Alemania nazi, seguida del fascismo italiano, encabezan la lista de países que lograron encontrar un camino de solución que les permitiría salir de la deriva destructiva vivida bajo regímenes totalitarios en los que se encontraban.
Una segunda categoría de países la encontramos en Escandinavia, países que desde la política consiguieron avanzar en derechos sociales y económicos, sin necesidad de vivir la misma experiencia traumática de sus países vecinos.
Otra categoría de países la encontramos en Latinoamérica, región muy esquiva a este tipo de soluciones. Cuando, por el contrario, han estado cerca de alcanzar reformas profundas, significativas para la vida de las personas, han terminado en feroces dictaduras como ocurrió con Chile, Argentina, Uruguay y antes Brasil, antecedidos todos por una larga lista de graves retrocesos similares.
Y es que, parafraseando a Bobbio, así como nacen nuevos derechos, también pueden perderse los existentes.
Específicamente en el caso de nuestro país, la lucha concreta por ampliar y/o consolidar derechos tiene un hondo sentido histórico. Los derechos básicos conquistados estas últimas décadas, que el movimiento popular y democrático le fue arrebatando a la dictadura cívico-militar (derecho a la vida; derecho a vivir en nuestro propio país; derecho a elegir a nuestros gobernantes; libertad de pensamiento; libertad de reunión) como el derecho a tener elecciones libres e informadas, que hoy se dan por hecho, son conquistas del pueblo de Chile y sus organizaciones politicas.
La derecha que hoy no quiere reformas, tampoco en ese entonces quería democracia. En este tiempo que transcurre, este sector ha adoptado e incluso profundizado, una postura implacable para allanarse a las reformas necesarias en materias tan sensibles como son las pensiones, la salud, la vivienda y su financiamiento acorde, de modo que las reformas demandadas por la población todos estos años, sean sostenibles en el tiempo.
Pero lo que la derecha quiere, en el fondo, es que su contraparte, es decir, el gobierno, se doblegue a sus valores y se haga cargo de convencer a la sociedad que sus intereses particulares, los de las AFPs y las Isapres, y los derechos como bienes de mercado, son del interés de todos.
Esa disposición negativa, en armonía con el ideologismo del gran empresariado, se puede sintetizar en el espectáculo de la política Institucional alrededor de la reforma de pensiones, cuya dilación está arrastrando a todo el sistema político a mayor descrédito, aumentando la ya honda brecha que separa a la política Institucional de la sociedad y atizando de paso el malestar social.
“Siembra vientos y cosecharás tempestades”
No cabe absolutamente ninguna duda, que en el Gobierno y el mundo del progresismo y la izquierda, pesa sobremanera la compleja situación que plantea el empate y fragmentación de fuerzas políticas en el Congreso, hecho resultante del anterior proceso electoral y que le impide al gobierno avanzar con las reformas comprometidas en su programa.
Es un problema que va mucho más allá del actual gobierno, sin embargo. Porque el bloqueo permanente y sistemático a los proyectos de ley que el Ejecutivo envía al Congreso, la pelea chica y el sinsentido para el resto del país, y en algunos casos el cahuineo, lo único que hace es seguir sentando las bases para que esa forma de hacer oposición, se reproduzca en un futuro próximo para quienes lleguen a gobernar, pero de paso acumulando más problemas y contradicciones que el país está hoy en condiciones de acordar y resolver.
El empate y la fragmentación de fuerzas politicas en la conformación del actual Congreso Nacional, como se ha dicho, se dificulta mucho más cuando se reduce la gestión política a un ir y venir entre el Congreso y el Ejecutivo, como si se tratara de los dos únicos actores del quehacer nacional.
Ello, sumado a errores propios no forzados del propio gobierno, está generando o quizás más bien aumentando la confusión y el descontento hacia el gobierno del presidente Boric y sus dos coaliciones. Este cuello de botella, ¿Cómo se puede superar, si además amplios sectores sociales continúan anhelando cambios que les mejore la vida?
Lo que sabemos, es que, sin lucha política que marque las diferencias entre las distintas miradas de país existentes, imposibilita que la población las pueda distinguir y finalmente opte entre ellas.
De este lado del arco político, existen insumos en abundancia para la lucha política. Por lo demás, si existe un consenso amplio, profundo, democrático y transformador en amplios sectores sociales, políticos y en el mundo de la cultura y las letras, es la necesidad de avanzar en función de los derechos sociales y económicos, cuya mejor síntesis la constituye el Estado social democrático de derecho.
Estado social como objetivo político
El objetivo del Estado Social es, pues, primero y antes que nada, un objetivo social y político. Posee una narrativa y una concepción determinada de la democracia. Al ser un objetivo político -tal cual lo fue la lucha por la reconquista de la democracia en el caso de quienes nos tocó vivir ese periodo histórico- podrán haber avances y retrocesos, pero el objetivo sigue su curso en el relato ya que forma parte indisoluble de la lucha por avanzar hacia formas más civilizadas de convivencia. No existe acá ruptura entre objetivos políticos de corto plazo, con aquellos más estratégicos y de largo plazo.
Si el gobierno, por los motivos que sea, no puede liderar ese relato, entonces es deber de las fuerzas políticas que lo sustentan – y de todas y todos quienes tenemos el convencimiento que es cualitativamente superior al estado subsidiario- el asumir la defensa, ampliación y fortalecimiento teórico, político y conceptual del Estado social.
Mucho mejor y auspicioso es si, a estas alturas del partido, con todas las herramientas a su alcance, el gobierno avanza en un diseño político para el tiempo que resta, porque las señales, hoy, son confusas, al no enfatizar una dirección y sentido que exprese una mejor conexión con su base social y política de apoyo y sus aspiraciones que, entendemos, van en el sentido antes descrito.
No vaya a ser cosa que cambie la disposición de sectores de la población hacia la política, en un sentido transformador y que sea coincidente con las ideas y conceptos del Estado Social, y la derecha se apodere para sí de él y mercantilice su contenido y alcance. Ya lo hizo en el último proceso constitucional y no existe razón alguna que indique que vaya a actuar en sentido contrario.
En lo fundamental, el Estado social democrático de derecho, como se ha dicho tantas veces, le otorga centralidad al Estado en la provisión y garantiza los derechos sociales que el Estado subsidiario anula; descentraliza poder hacia las regiones; asume un justo equilibrio en la economía entre el papel industrializador del Estado, sin ahogar la iniciativa privada.
En materia de derechos, distingue adecuadamente el derecho político y civil de cada cual ha ejercerlos libremente, incorpora nuevas realidades tales como las demandas de los movimientos feministas y ecologistas; se hace cargo de la exclusión histórica de nuestros pueblos originarios; pero asume que el derecho político se queda huero si no está en interrelación positiva, como dicen los juristas, con los derechos sociales y económicos.
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, *Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
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