Que José Antonio Kast haya reconocido la derrota, clara y contundente, del En Contra por sobre El A Favor por los nada despreciables 12 puntos porcentuales, y haya buscado presentarse a sí mismo y a su partido como algo diferente respecto a los habituales contorneos y artilugios de quienes intentan disimular públicamente resultados adversos, nada de eso resulta suficiente para esconder los mensajes de odio que este sector utilizó en el marco de la campaña electoral y la franja televisiva.
A no dudarlo, son algunos de los elementos que llevaron a la mayoría de los votantes a rechazar una propuesta Constitucional retrograda para las mujeres, las minorías sexuales; lesiva para trabajadoras y trabajadores en sus limitados derechos sindicales y escuálidos derechos sociales. Todo ello en función de grupos de poder empresarial, las AFPs y las Isapres, emblemas de los abusos.
La expresión “Que se jodan”, quedará como testimonio de una campaña agresiva, odiosa e intolerante, al igual que la famosa frase de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, que hablaba de “los verdaderos chilenos”. Serán expresiones materia de los expertos en comunicación, pero en política, todo eso, como expresiones simbólicas de un proyecto, se pagan caro. Bien por las mayorías que captaron su fondo y le propinaron una derrota electoral sólida a un sector de la politica nacional que abusó a destajo del resultado electoral del anterior plebiscito de salida.
Paradojas de la vida: si se hubieran ocultado como en el proceso anterior, el resultado podría haber sido otro, pero las cartas ya fueron jugadas y perdieron.
A partir del resultado del pasado domingo 17D, se derivan dos precauciones importantes. En primer lugar, en la visión de algunos sectores interesados, interpretan los resultados de los dos procesos constitucionales, el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, y el recién plebiscitado, como legitimación de la Constitución del 80. Sin embargo, se pasa por alto que, cuando el soberano fue consultado acerca de cambiar la actual Constitución, un 78,27 % se pronunció a favor de dicho cambio.
A pesar de las reformas introducidas por gobiernos democráticos a lo largo del tiempo, la naturaleza antidemocrática de la Constitución del 80 sigue pendiente de abordar, privando al Estado de su rol articulador en la sociedad y sujeto activo en la economía. En Chile, este desafío persiste a pesar de la comprensible fatiga constitucional.
En segundo lugar, ante el nuevo escenario político que se abre tras la derrota de las derechas, el enfoque sigue estando en conseguir respuestas a las principales demandas sociales. Aunque las demandas por mejores pensiones, salud, educación de calidad y vivienda aparecen en el imaginario colectivo aisladas unas de otras, es función de las fuerzas politicas de izquierda y progresistas anudarlas a un proyecto político de mediano y largo plazo.
Dado el contexto actual del país, ese proyecto político, no puede ser otro que el Estado Social Democrático de Derecho, que supere al Estado subsidiario de la dictadura mediante el establecimiento de cimientos civilizatorios que permitan avanzar en justicia social y mejor democracia.
Pese al gran esfuerzo desplegado por las derechas, para desvirtuarlo y volverlo complemento del Estado subsidiario, no hay razón para abandonarlo. Sin embargo, se requiere voluntad, decisión política y fuerza social para impulsarlo.
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, *Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
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