A fines de este mes se celebrarán las primarias de la izquierda chilena, un proceso clave para definir quién representará al sector en las elecciones presidenciales del próximo año. Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FREVS) encabezan una nómina que refleja la diversidad de la izquierda actual: desde el progresismo socialdemócrata hasta sectores más ligados a las luchas populares y sindicales.
A primera vista, este abanico de opciones puede interpretarse como una fortaleza. En un momento donde el avance del conservadurismo y el discurso autoritario gana terreno en América Latina, la izquierda chilena parece buscar unidad desde la diversidad, asumiendo que sólo un bloque cohesionado será capaz de frenar el ascenso de la ultraderecha en el país.
Sin embargo, recientes declaraciones del diputado independiente Jaime Araya —electo con el respaldo del PPD— encendieron una alarma legítima sobre los límites éticos y políticos de esa supuesta unidad. “Estoy harto de la migración”, afirmó Araya en una entrevista radial. Luego remató: “agarraría un barco, los echaría arriba y los mando de vuelta a Venezuela… ni siquiera me enredaría si se puede humanitariamente o no”. Una afirmación brutal, que evoca prácticas históricamente repudiadas y que contradice principios fundamentales de derechos humanos, consagrados en tratados internacionales suscritos por Chile.
Estas declaraciones, lejos de ser anecdóticas o marginales, deben leerse como un síntoma de algo más profundo: la creciente normalización de discursos xenófobos, especialmente cuando provienen desde sectores que dicen defender la democracia, la inclusión y los derechos humanos. La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta qué punto la narrativa conservadora ha permeado a los partidos de izquierda? ¿Qué implicancias tendría esto en un eventual gobierno encabezado por figuras como Carolina Tohá?
Es cierto que cada candidatura en estas primarias tiene su perfil, sus matices y su trayectoria. Pero en un escenario donde las fronteras ideológicas se vuelven difusas, es esperable que exista al menos un piso ético común entre quienes aspiran a liderar el país desde la izquierda: la defensa irrestricta de los derechos humanos, la no instrumentalización del descontento social y el rechazo categórico a discursos de odio que se ensañan con grupos históricamente vulnerables, como las personas migrantes.
El riesgo de abrazar, aunque sea parcialmente, la narrativa populista de derecha es alto. Se puede ganar un titular o unos puntos en las encuestas, pero se pierde el alma del proyecto político. Esa misma estrategia es la que ha llevado al Partido Nacional Libertario, liderado por figuras como Johannes Kaiser, a instalar un discurso de odio desde el Congreso, atacando a mujeres, migrantes y disidencias sexuales, bajo la excusa de una “libertad de expresión” mal entendida. Que un diputado con vínculos al PPD reproduzca ese tipo de retórica no puede pasar desapercibido.
Históricamente, el PPD ha sido conocido por su capacidad para negociar, ceder y construir consensos con distintos sectores del espectro político. En ciertos momentos, esa habilidad ha sido clave para sostener la gobernabilidad. Pero hoy, cuando el país atraviesa una crisis de legitimidad institucional, con una ciudadanía cada vez más crítica de las élites políticas, la pregunta es otra: ¿cuál es el límite de ese pragmatismo? ¿Qué significa “muñequear” en un contexto donde se espera liderazgo ético, más que cálculo electoral?
No se trata de caer en purismos ni de exigir una izquierda homogénea. La diversidad interna es positiva. Pero sí es necesario trazar líneas rojas. Y una de ellas debe ser el respeto a la dignidad humana, sin matices. La migración no es una amenaza: es un fenómeno complejo, que responde a crisis políticas, económicas y humanitarias. Responder con odio o expulsión simbólica sólo profundiza la exclusión y alimenta la violencia.
En ese marco, el PPD tiene una responsabilidad histórica. Si apuesta por liderar una eventual coalición de gobierno desde el progresismo, debe desmarcarse con claridad de cualquier expresión que normalice el racismo o la xenofobia. Y sus liderazgos, como el de Carolina Tohá, deben pronunciarse de forma tajante ante episodios como los protagonizados por Jaime Araya.
La construcción de una alternativa real frente a la ultraderecha no pasa por copiar su discurso, sino por ofrecer uno propio, firme en convicciones democráticas y capaz de canalizar las demandas sociales sin caer en la demagogia. En una época de crisis múltiples —económica, climática, migratoria, institucional— el país necesita líderes con altura ética, no con discursos efectistas.
La unidad de la izquierda debe ser un medio para transformar, no una excusa para callar ante el avance de discursos peligrosos. De lo contrario, más que construir una alternativa, se terminará validando los pilares del autoritarismo que decimos combatir.
José Gregorio Rodríguez, para El Maipo. Activista LGBT y por los Derechos Humanos.
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