La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una acción criminal contra el senador socialista por su eventual participación en la gestión de un documento que habría utilizado una firma no autorizada de la parlamentaria Ximena Órdenes (PPD) para retirar su permiso constitucional. La Fiscalía de Valparaíso ya abrió una investigación de oficio por los hechos.
La controversia por el retiro de permisos constitucionales en el Senado escaló al ámbito judicial. Este jueves 19 de noviembre, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS), acusándolo de una eventual participación en la gestión de un documento que habría utilizado una firma no autorizada de la senadora Ximena Órdenes (PPD).
La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y también apunta contra quienes resulten responsables. Entre sus solicitudes, busca esclarecer el papel que habría desempeñado Castro en el procedimiento y plantea evaluar un eventual desafuero del parlamentario si se reúnen los antecedentes y se cumplen las condiciones legales.
El caso se originó el martes 17 de noviembre, cuando se comunicó el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes se encontraban en Asia acompañando al Presidente José Antonio Kast durante su gira internacional.
La gestión fue comunicada por Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático. Sin embargo, la situación cambió al día siguiente, cuando el senador Pedro Araya dio lectura en la Sala a una carta enviada por Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas.
En la comunicación, la parlamentaria aseguró que no había solicitado retirar su permiso constitucional, que tampoco había firmado o remitido un documento con ese propósito y que no había autorizado a terceros para realizar el trámite en su representación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que la Mesa y la Secretaría General habían recibido un documento con una firma atribuida a la senadora. Tras conocerse su reclamo, los permisos constitucionales de ambos parlamentarios fueron restituidos.
La controversia en medio de la discusión del Presupuesto 2027
El episodio adquirió relevancia política porque ocurrió durante la tramitación del Presupuesto 2027. Los permisos constitucionales permiten justificar la ausencia de parlamentarios y pueden modificar el número de legisladores considerados en ejercicio para calcular los quórums de determinadas votaciones.
Por ello, el retiro de las autorizaciones de Órdenes y Espinoza podía incidir en las mayorías necesarias para resolver algunas materias presupuestarias, entre ellas la discusión sobre el endeudamiento público.
De acuerdo con antecedentes publicados por medios nacionales, la controversia abrió interrogantes sobre si la gestión buscaba modificar las condiciones de votación en el Senado. Sin embargo, ese eventual propósito deberá ser esclarecido y no puede darse por acreditado.
Fiscalía abrió una investigación de oficio
Antes de la presentación de la querella contra Castro, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación de firma en el Senado.
La indagatoria busca determinar cómo se elaboró y tramitó el documento que contenía la firma atribuida a Ximena Órdenes y si esta fue utilizada sin su consentimiento. Entre las hipótesis que se han conocido está el eventual uso de una firma electrónica o la incorporación de una rúbrica tomada de otro documento.
El senador Fidel Espinoza, por su parte, negó que su firma hubiese sido falsificada y calificó el episodio como una desprolijidad administrativa. También cuestionó que la Fiscalía interviniera en lo que considera un conflicto político interno.
La investigación del Ministerio Público, en tanto, se concentra en esclarecer las circunstancias del documento y determinar si existieron responsabilidades penales.
Qué busca establecer la querella contra Juan Luis Castro
La presentación de la Fundación Fuerza Ciudadana solicita investigar quién elaboró el documento, cómo se incorporó la firma de Órdenes y quién lo ingresó ante el Senado. También busca determinar qué intervención tuvo Castro en las gestiones y si conocía el origen y contenido del escrito.
Entre las diligencias solicitadas se encuentra la concurrencia de la Policía de Investigaciones (PDI) al Congreso para recopilar los documentos originales y otros antecedentes. La acción también plantea revisar correos electrónicos, archivos digitales, registros de envío y recepción, además de las grabaciones de las sesiones parlamentarias del 17 y 18 de noviembre.
Otro aspecto que busca esclarecer es si el retiro de los permisos tuvo efectos concretos en el cálculo de los quórums o en las votaciones realizadas durante la tramitación presupuestaria.
La querella abre una nueva arista judicial en la controversia que afecta al Senado. Por ahora, tanto la eventual falsificación de la firma como la participación que se atribuye al senador Juan Luis Castro son materias que deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.
El Maipo



