Resoluciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso establecen que el Ministerio de Justicia debía pronunciarse sobre las solicitudes y que tenía facultades para aceptar o rechazar los beneficios. El antecedente tensiona la explicación entregada por el ministro ante el Congreso.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó definir si continuará en el cargo y dejó esa decisión en manos del Presidente José Antonio Kast, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Consultado en el Congreso sobre su permanencia, Rabat respondió que esa determinación corresponde al mandatario. Luego, al preguntársele si compartía la postura presidencial, sostuvo que respaldaría las decisiones que adopte Kast.
“Esa respuesta la da el Presidente de la República respecto de todos y cada uno de los ministros de Estado”, señaló. Posteriormente agregó que compartiría las determinaciones del jefe de Gobierno porque “es lo que corresponde”.
Sus declaraciones se producen mientras aumenta la presión política por los 56 decretos de rebaja de condena firmados durante la actual administración y que beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Fallos judiciales cuestionan la interpretación de Rabat
A la controversia se sumó una revisión de resoluciones judiciales publicada este miércoles por ADN Radio y CIPER. Los antecedentes muestran que distintas Cortes de Apelaciones reconocieron que el Ministerio de Justicia tenía atribuciones para pronunciarse sobre las solicitudes de rebaja, incluso para aceptar o rechazar el beneficio.
La investigación de CIPER examinó 15 recursos de amparo presentados durante 2026 por condenados por delitos sexuales contra menores. En 13 de esas resoluciones, las cortes de Santiago y Valparaíso ordenaron al ministerio emitir el pronunciamiento correspondiente.
Uno de los fallos señaló expresamente que la cartera podía “reconocer o rechazar el beneficio”. Otro sostuvo que los tribunales no podían sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de las facultades que la ley le entrega para resolver sobre el otorgamiento definitivo.
Estos antecedentes contrastan con la explicación que Rabat entregó ante la Cámara de Diputadas y Diputados. El ministro ha sostenido que, una vez que las comisiones de reducción de condenas aprueban una solicitud, su cartera debe formalizar la decisión mediante el decreto respectivo.
En su exposición ante el Congreso, el secretario de Estado afirmó que el ministerio no podía desconocer las decisiones de esas comisiones sin exceder sus atribuciones. Sin embargo, las resoluciones revisadas por CIPER muestran que algunos tribunales reconocieron que la autoridad administrativa conservaba facultades para resolver sobre el beneficio.
La discusión se relaciona con la Ley 19.856, modificada en 2022 para excluir de las rebajas de condena a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores. El punto en disputa es si esa prohibición también alcanza a quienes cometieron los delitos antes de la reforma.
Rabat ha defendido que la modificación no puede aplicarse retroactivamente y que, por ello, las personas condenadas antes de su entrada en vigencia pueden acceder al beneficio si cumplen los requisitos. La interpretación del ministerio ha sido cuestionada por los antecedentes judiciales y por las decisiones adoptadas durante la administración anterior.
La presión política sobre el ministro
La controversia también ha provocado diferencias al interior del oficialismo y el anuncio de una acusación constitucional por parte de la oposición. Parlamentarios han cuestionado la actuación del Ministerio de Justicia y han solicitado conocer los antecedentes que respaldaron los decretos.
En paralelo, la Contraloría General de la República llegó hasta el Ministerio de Justicia para recopilar información sobre las rebajas y solicitó un informe a la cartera, luego de una presentación de diputados relacionada con la respuesta pendiente a la Defensoría de la Niñez.
Rabat ha señalado que el organismo contralor ejerce sus atribuciones habituales de fiscalización y requerimiento de antecedentes. También ha defendido que las decisiones se ajustaron a la interpretación jurídica que sostiene su ministerio.
Mientras el Presidente Kast ha expresado públicamente su respaldo al secretario de Estado, las resoluciones judiciales conocidas este 4 de noviembre agregan un nuevo elemento a la discusión: si el Ministerio de Justicia contaba con margen para rechazar las rebajas, como plantean los fallos, queda cuestionado el argumento de que su actuación se limitó a cumplir decisiones de las comisiones.
El Maipo
