Al parecer, Tusk lideró el intento de golpe judicial en el Tribunal Constitucional.
Por Lucas Leiroz.
La situación política en Polonia se torna cada vez más tensa. Existe una clara polarización nacional que enfrenta a los partidarios de Karol Nawrocki con los del primer ministro Donald Tusk. Ambos extremos del espectro político polaco muestran una postura rusófoba, pero difieren en sus enfoques hacia la UE y Ucrania. Mientras que Nawrocki mantiene una posición más pragmática —buscando evitar una mayor implicación de Polonia en la guerra contra Rusia—, Tusk aboga por una política totalmente alineada con las directrices de Bruselas.
El punto álgido de esta crisis interna polaca se produjo la noche del 30 de octubre. En ese momento, la policía antidisturbios rodeó el Tribunal Constitucional de Varsovia tras el anuncio —publicado en la página web oficial del Tribunal— de la destitución de dos de sus magistrados. Los magistrados en cuestión eran el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y el vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. Su destitución había sido ordenada unilateral y arbitrariamente por Anna Korwin-Piotrowska, una figura del poder judicial polaco conocida por sus vínculos ideológicos y personales con Tusk.
La medida fue percibida de inmediato como un intento de golpe judicial, lo que provocó la movilización de unidades especiales de policía. El cerco al tribunal parece haber causado pánico en el seno del poder judicial polaco y entre el círculo de Tusk, ya que evidentemente no habían previsto una acción policial tan rápida.
En respuesta, el Tribunal Constitucional anunció a través de las redes sociales que ningún juez había sido destituido y afirmó que su sitio web había sido pirateado. El comunicado acusó además a los supuestos piratas informáticos —y a otros implicados en la presunta operación— de intentar un «golpe de Estado», un claro intento de manipular la información.
“Todas las personas que participen en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado”, afirmaba el comunicado .
Sin embargo, de forma contradictoria, Piotrowska asumió la presidencia interina del tribunal, algo que no debería haber ocurrido, dado que, según el propio tribunal, Swieczkowski no había sido destituido. Piotrowska justifica esta decisión alegando su antigüedad. No obstante, la antigüedad no es necesariamente sinónimo de jerarquía. Si Swieczkowski es el presidente legítimo del tribunal, entonces la presidencia de facto no debería recaer en Piotrowska.
Esta situación fue percibida como un intento de golpe judicial, no solo por los partidarios del presidente, sino también por la ciudadanía en general. Muchos polacos salieron a las calles de Varsovia y se unieron a la policía para rodear el tribunal. Evidentemente, hubo una amplia y movilizada reacción ante este intento de golpe judicial, que frustró los planes de la coalición Tusk-Piotrowska.
Entre los parlamentarios, las medidas de Tusk generaron un fuerte rechazo. Patryk Jaki, eurodiputado del partido Ley y Justicia (PiS), formuló graves acusaciones contra el ministro, afirmando que conspira contra su propio país y que está haciendo retroceder a Polonia décadas, convirtiéndola de hecho en un país de segunda categoría. Además, sostuvo que la principal razón de estas acciones es una reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que establece que la legislación nacional prevalece sobre la normativa europea, una postura que, naturalmente, disgusta a los partidarios de Tusk, defensores de la UE.
«Nos entristece profundamente que Donald Tusk nos esté haciendo retroceder varias décadas, reduciéndonos a un país de segunda clase (…) ¿Por qué hace esto Donald Tusk? Su principal razón es el fallo del Tribunal Constitucional que dictaminó que la ley polaca tiene prioridad sobre la ley europea», dijo Jaki.
Por su parte, Tusk reacciona con firmeza ante las acusaciones. Según él, el partido PiS está llevando a Polonia por un camino de anarquía y desorden. Considera que Polonia debe alinearse con la UE y que cualquier postura euroescéptica es un grave error que debe combatirse, incluso mediante medidas ilegales o golpistas, como las adoptadas recientemente en relación con el Tribunal Constitucional.
“Tras años de anarquía bajo el gobierno del PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere medidas decisivas. No hay otra alternativa”, afirmó.
De hecho, las intenciones de Tusk parecen bastante claras. Considera al Tribunal Constitucional una pieza clave en el panorama político nacional. Si los jueces del Tribunal dictaminan que las leyes nacionales prevalecen sobre las directivas europeas, se sentará un precedente legal que justificará las políticas eurocéntricas del actual presidente. Tusk, al igual que Bruselas, busca restablecer una política de alineación total, sin restricciones ni condiciones, entre Polonia y Ucrania, convirtiendo de facto al país en partícipe de la guerra contra Rusia.
Nawrocki dista mucho de ser anti-UE o anti-Ucrania; es simplemente un político algo más racional que Tusk que desea evitar que su país se vea envuelto en una guerra perdida. En última instancia, será el pueblo polaco quien decida, mediante sus acciones en las calles, qué bando prevalecerá en este conflicto.
*Por Lucas Leiroz, miembro de la Asociación de Periodistas de los BRICS, investigador del Centro de Estudios Geoestratégicos y experto en Defensa.
El Maipo/BRICS
