José Antonio Kast pidió el voto para encabezar un “gobierno de emergencia”. Siete meses y medio después de asumir, la emergencia ya no la decreta él. En tres días, la Cámara le pidió la salida de su ministro de Justicia y el INE informó que el desempleo llegó a 9,8%, con más de un millón de personas sin trabajo.
El ministro Fernando Rabat firmó rebajas de condena para 56 personas. De ellas, 33 cumplían penas por delitos sexuales contra niños y niñas, y en la misma lista aparecen un narcotraficante ligado a la mafia italiana y un homicida neonazi. El lunes, Kast dijo que “el Estado les falló” a las víctimas y descartó remover a Rabat. El miércoles el ministro fue a la sesión especial de la Cámara, no reconoció error alguno y culpó al Congreso y al gobierno anterior. Esa misma tarde, la sala aprobó por 68 votos contra 42 una resolución que pide su renuncia y la de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Hubo siete abstenciones, varias de RN y la UDI, y la DC anunció que se suma a la acusación constitucional.
Las abstenciones dicen bastante. Diego Schalper había anticipado que la presentación de Rabat sería un examen y que el Presidente evaluaría después su continuidad. Rabat sigue en el cargo. Que parte de la coalición se niegue a respaldarlo en una votación sin efecto vinculante es un recado para La Moneda más que para el ministro.
Hay además un contraste difícil de explicar. Durante meses, ese mismo ministerio administró con extrema cautela las solicitudes de indulto para uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Hay más de cien en carpeta, Rabat repite que se revisan “caso a caso” y nunca ha dado un plazo. Libertarios y republicanos pidieron que el anuncio se hiciera el 18 de octubre; ante la pregunta directa, Kast respondió “muchas gracias” y se fue. Desde su propio sector acusaron a Rabat de inoperancia. Mientras eso ocurría, decenas de rebajas de pena a condenados por abuso sexual infantil salían firmadas sin que nadie en Palacio se diera por enterado.
Lo que muestran ambos episodios es una potestad excepcional usada sin criterio de justicia. Los indultos a uniformados se tratan como una deuda con la base electoral, y su momento se decide mirando las encuestas. Las rebajas a condenados comunes se despacharon como trámite. En ninguno de los dos casos se escucha la pregunta por lo que se les debe a las víctimas.
El costo es especialmente alto para este gobierno porque su capital político era el orden. Kast no llegó con un proyecto económico propio que pudiera compensar un golpe así, y su Ministerio de Justicia acortó penas a pederastas.
El jueves llegaron las cifras del INE. La desocupación del trimestre julio-septiembre subió a 9,8%, 1,3 puntos más que hace un año y el séptimo aumento interanual seguido. Hay 1.007.976 personas desocupadas, el primer registro sobre el millón si se deja fuera la pandemia. El empleo cayó 1,1%, con fuertes bajas en comunicaciones, finanzas e industria. La tasa femenina llegó a 10,5% y la de la Región Metropolitana a 10,4%. Las personas que llevan entre tres y cinco meses buscando trabajo aumentaron casi un tercio, y la informalidad subió a 26,4%.
En agosto, el biministro Daniel Mas aseguró tener “la convicción” de que desde septiembre veríamos mejores números. Jorge Quiroz mantiene la meta de cerrar el período con un desempleo cercano a 6,5%, aunque el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ya aclaró que esa meta la puso Hacienda y no él. Septiembre trajo un dato peor, y hoy el gobierno se limitó a reconocer que “no son buenas cifras” y a esperar que la primavera haga su parte.
Ese deterioro tiene relación directa con la política fiscal. Recortar en salud e inversión pública mientras se rebajan impuestos, con una economía que se enfría, es una apuesta procíclica, y los empleos perdidos en la industria y los servicios no van a volver solos con el verano.
Kast usó la palabra emergencia para ganar atribuciones. Con ella defendió un nuevo estado de excepción en la Constitución y justificó urgencias legislativas una tras otra. La emergencia que enfrenta ahora no la eligió, y la sufren un millón de personas sin empleo y las familias de niños abusados que ven a sus agresores con la pena rebajada por decreto. Para responderle, el gobierno ha buscado culpables en el Estado, en la administración anterior y en el Congreso, y en el caso del empleo, también en el invierno.
La acusación constitucional es una herramienta legítima y la oposición hace bien en usarla, aunque la salida de un ministro no resuelve lo de fondo. Los decretos tienen que revisarse e invalidarse donde corresponda, protegiendo a las víctimas. El desempleo exige un plan de empleo de emergencia con los municipios y con foco en las mujeres que han quedado fuera del mercado laboral.
Kast prometió gobernar en emergencia y hoy le toca gobernar una de verdad. Esta semana no dio muestras de saber cómo.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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