La indagatoria se originó en una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana, tras las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La causa estará a cargo del fiscal regional Francisco Jacir.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició una investigación penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, por una denuncia que apunta a un eventual delito de prevaricación administrativa, en medio de la controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La acción fue presentada por los diputados Luis Cuello (Partido Comunista) y Juan Santana (Partido Socialista) ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien remitió los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para su análisis.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación quedó bajo la dirección del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
El objetivo de las diligencias será determinar si los hechos denunciados constituyen delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.
La denuncia apunta a los decretos de rebaja de condenas
Los parlamentarios recurrieron al Ministerio Público luego de conocerse los decretos dictados por el Ministerio de Justicia que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La denuncia apunta a una eventual infracción del artículo 228 del Código Penal, que contempla el delito de prevaricación administrativa. Los diputados cuestionan la legalidad de las decisiones adoptadas por las autoridades y sostienen que los beneficios habrían sido concedidos pese a las restricciones establecidas en la normativa.
La controversia se concentra en la aplicación de la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de penas, y en las restricciones incorporadas para determinados delitos.
El ministro Rabat ha defendido el criterio jurídico aplicado por el Ministerio de Justicia y ha sostenido que las decisiones respondieron a resoluciones judiciales que modificaron el tratamiento de las solicitudes de rebaja.
La salida de Silva no detiene la investigación
La apertura de la causa se conoce en medio de la crisis que afecta al Ministerio de Justicia y que tuvo como uno de sus episodios recientes la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia.
La decisión del Gobierno se produjo después de que el entonces subsecretario publicara un video en el que explicó su participación en la firma de algunos decretos cuestionados. En el registro, Silva sostuvo que había actuado siguiendo el criterio establecido por Rabat cuando le correspondió subrogar al ministro.
Posteriormente, reconoció que no había consultado previamente al titular de Justicia antes de difundir la grabación. Tras su salida, el Presidente José Antonio Kast nombró a Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria.
Sin embargo, el cambio de autoridad no modifica el curso de la investigación. La Fiscalía deberá examinar los antecedentes y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales respecto de las personas denunciadas.
¿Qué implica la investigación?
La apertura de una investigación penal no significa que Rabat o Silva hayan sido declarados culpables, ni que la Fiscalía haya acreditado la existencia de un delito.
El Ministerio Público deberá analizar los antecedentes de la denuncia, revisar las decisiones administrativas cuestionadas y establecer si los hechos se ajustan a una figura penal.
Por ahora, la causa se encuentra en etapa investigativa y su resultado dependerá de las diligencias que desarrolle la Fiscalía Centro Norte.
El Maipo
