El PPD y el Frente Amplio consideran insuficiente la salida del exsubsecretario de Justicia y mantienen sus cuestionamientos al ministro por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón confirmó que la acusación constitucional seguirá adelante, aunque pidió revisar si existen fundamentos jurídicos para sostenerla.
La salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia no logró cerrar la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Este sábado, representantes de la oposición reiteraron que buscarán establecer las responsabilidades políticas del ministro Fernando Rabat, mientras avanzan en la preparación de una acusación constitucional en su contra.
El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, sostuvo que la remoción del exsubsecretario no es suficiente para resolver la crisis y apuntó directamente al titular de Justicia.
“La renuncia del exsubsecretario Silva no es suficiente. Acá la principal responsabilidad es del ministro Fernando Rabat. El Gobierno no lo puede seguir respaldando”, afirmó el diputado.
En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseguró que su sector continuará buscando responsabilidades políticas por la tramitación de los decretos de rebaja de condenas. La parlamentaria sostuvo que utilizarán las herramientas institucionales disponibles para exigir medidas de protección para las víctimas.
Oficialismo también mantiene abierta la discusión
La ofensiva opositora se produce mientras la acusación constitucional contra Rabat continúa en preparación. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón confirmó que la iniciativa seguirá adelante, aunque advirtió que su respaldo dependerá de la solidez de los argumentos jurídicos.
“La acusación constitucional va sí o sí”, señaló, agregando que será necesario revisar si sus fundamentos permiten establecer una transgresión a la Constitución por parte del ministro.
La parlamentaria también calificó como inesperada la salida de Silva y sostuvo que la publicación del video en que explicó su participación en los decretos no habría respondido a una estrategia comunicacional del Gobierno.
Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez expresó su respaldo a Rabat y afirmó que el ministro debe encabezar los cambios legales que el Ejecutivo pretende impulsar para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
La controversia que mantiene en tensión al Ministerio de Justicia
La crisis se originó por la concesión de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El caso generó cuestionamientos a los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia y a la participación de Rabat y Silva en la firma de los decretos.
Silva dejó su cargo el viernes 30 de octubre, luego de publicar un video en redes sociales en el que explicó que había firmado decretos mientras subrogaba al ministro y que actuó siguiendo el criterio jurídico establecido por Rabat. Posteriormente, reconoció que no había coordinado la publicación con el titular de Justicia.
El Gobierno designó a Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria, mientras el Presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo a Rabat.
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana por una eventual prevaricación administrativa. La indagatoria busca determinar si los hechos denunciados constituyen delito, sin que exista hasta ahora una resolución judicial sobre eventuales responsabilidades penales.
Así, pese al cambio en la Subsecretaría de Justicia, la continuidad de Rabat y la eventual acusación constitucional mantienen abierto el conflicto político en torno a las rebajas de condena.
El Maipo
