La organización cuestionó los beneficios otorgados por el Gobierno a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores y a condenados por crímenes de lesa humanidad. También pidió aclarar si se evaluaron el arrepentimiento, la colaboración con la justicia y la opinión de las víctimas.
Amnistía Internacional calificó de “aberrantes” las rebajas de condena otorgadas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La organización también cuestionó los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La declaración se produce en medio de la controversia por los 56 decretos de reducción de penas firmados por el Ministerio de Justicia desde el inicio de la administración de José Antonio Kast. Según los antecedentes publicados, la mayoría de las personas beneficiadas por delitos sexuales quedaron en libertad.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que el Estado debe priorizar los derechos de las víctimas y garantizar su protección y acceso a la justicia.
“Las rebajas en estos casos son aberrantes de por sí, el Estado debe poner en el centro los derechos de las víctimas, su protección y el acceso a la justicia. No basta con invocar una interpretación jurídica como si la autoridad no tuviera margen de decisión”, afirmó.
Amnistía cuestiona los criterios para conceder beneficios
La organización advirtió que reducir las condenas por delitos sexuales contra menores resulta especialmente grave por las obligaciones del Estado en materia de justicia y reparación para las víctimas.
En ese contexto, recordó que Chile debe proteger a niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia y abuso sexual, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional.
Bustos también cuestionó la falta de claridad sobre los antecedentes considerados para conceder los beneficios. Entre los aspectos que, a su juicio, deben conocerse están el arrepentimiento de los condenados, su eventual colaboración con la justicia y el cumplimiento de una parte sustancial de sus penas.
El director ejecutivo de la organización agregó que también debe aclararse si las víctimas fueron escuchadas antes de adoptar las decisiones.
“Algo que por ahora desconocemos”, señaló al referirse a esas condiciones.
También cuestiona rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional extendió sus críticas a los beneficios concedidos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La organización sostuvo que estos delitos no pueden tratarse como infracciones comunes, debido a las obligaciones internacionales que comprometen al Estado chileno.
Desde esa perspectiva, advirtió que las decisiones sobre la reducción de penas no deben quedar limitadas a una evaluación administrativa que deje en segundo plano los deberes de justicia y reparación.
“El Estado debe evitar medidas que puedan favorecer la impunidad por crímenes de lesa humanidad”, concluyó Bustos.
Kast reconoció un error, pero mantuvo a Rabat en el cargo
La declaración de Amnistía Internacional se suma a los cuestionamientos políticos contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha defendido la aplicación de criterios jurídicos relacionados con la normativa sobre reducción de condenas.
El presidente José Antonio Kast reconoció que su Gobierno cometió un “error” en la gestión del caso, pero ratificó a Rabat en el cargo. La continuidad del ministro ha sido cuestionada por sectores de la oposición y también por representantes de partidos oficialistas.
La controversia se centra en la aplicación de la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por buen comportamiento. La norma fue modificada en 2022 para excluir del beneficio a autores de determinados delitos sexuales contra menores, pero el Ministerio ha defendido su interpretación respecto de condenas anteriores a esa reforma.
El caso mantiene abierto el debate sobre los criterios utilizados por el Gobierno, la responsabilidad política de las autoridades y las garantías de protección y reparación para las víctimas.
El Maipo
