El ministro de Justicia anunció acciones judiciales tras los dichos del parlamentario del Frente Amplio, quien vinculó la crisis por las rebajas de penas con una supuesta red internacional de pedofilia. Bassa respondió que el secretario de Estado busca evadir su responsabilidad por los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que prepara una querella criminal contra el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio), luego de que el parlamentario vinculara la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad con una supuesta red internacional de pedofilia.
El anuncio provocó una nueva confrontación política en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Justicia por los 56 decretos de rebaja de condena concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Mientras Rabat sostuvo que las declaraciones del diputado atentan contra su honra, Bassa acusó al ministro de intentar desviar la atención de su responsabilidad y lo emplazó a reparar el daño que, a su juicio, las decisiones habrían provocado a las familias y a la sociedad.
Bassa vinculó las rebajas con una supuesta red internacional
La controversia se originó con las declaraciones de Bassa sobre los beneficios penitenciarios concedidos durante la actual administración. El diputado cuestionó las decisiones del Gobierno y las relacionó con los casos de Paul Schäfer, Jeffrey Epstein y Javier Milei, a quienes mencionó al formular su acusación política.
“Esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, afirmó el parlamentario.
Con esas palabras, Bassa sostuvo que las rebajas no debían entenderse como un simple error administrativo. Sin embargo, la vinculación que planteó con una supuesta red internacional corresponde a una acusación formulada por el diputado y no constituye, por sí misma, un hecho acreditado judicialmente respecto de los decretos cuestionados.
La polémica se desarrolla en torno a los beneficios concedidos a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, cuyas rebajas han generado cuestionamientos políticos y exigencias de explicaciones al Ministerio de Justicia.
Rabat anuncia una querella criminal
Tras las declaraciones del parlamentario, el ministro Fernando Rabat anunció que encargó la preparación de una acción judicial en su contra.
“Hay límites que no se pueden cruzar. Las graves acusaciones que se han formulado en mi contra son inaceptables y atentan directamente contra mi honra”, señaló el secretario de Estado.
A continuación, confirmó su decisión de recurrir a la justicia: “Por ello, he encargado la preparación de una querella criminal”.
El anuncio constituye una respuesta a las declaraciones de Bassa, aunque no equivale a confirmar que la querella ya fue presentada ante los tribunales. Rabat sostiene que los dichos del diputado sobrepasan los límites del debate público y afectan directamente su honra.
Bassa acusa al ministro de evadir responsabilidades
La respuesta del diputado llegó después de conocerse la decisión del titular de Justicia. Bassa cuestionó que Rabat centrara su reacción en una acción judicial, en lugar de abordar las consecuencias de las rebajas de condena.
“Lamento que el ministro intente evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía al desviar la atención con un anuncio de querella”, sostuvo.
El parlamentario insistió en que el secretario de Estado debe responder por las decisiones adoptadas por su cartera y por sus efectos sobre las víctimas y sus familias.
“Concéntrese en reparar el daño que le ha causado a decenas de familias y a toda la sociedad al permitir la liberación de condenados por delitos de abuso sexual contra niños”, agregó.
De esta manera, Bassa mantuvo sus cuestionamientos a la gestión de Rabat, mientras el ministro optó por preparar una acción judicial a raíz de las acusaciones formuladas en su contra.
La controversia por las rebajas sigue abierta
El enfrentamiento entre el ministro y el diputado se suma a la crisis política generada por los 56 decretos que redujeron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La discusión ha puesto bajo presión al Ministerio de Justicia y ha abierto un debate sobre los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
Rabat ha defendido la actuación de su cartera sobre la base de la normativa y de criterios judiciales relacionados con solicitudes presentadas antes de la reforma legal de 2022. La controversia, sin embargo, se ha extendido a las responsabilidades políticas por la aplicación de esos criterios.
La querella anunciada y la respuesta de Bassa abren un nuevo capítulo en una disputa que combina responsabilidades ministeriales, cuestionamientos políticos y acusaciones sobre la honra, mientras continúan las exigencias de aclarar las decisiones que originaron la crisis.
El Maipo
