El ministro de Justicia descartó reconocer errores en los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores. Ante la Cámara, defendió que su cartera debía formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras, aunque admitió que el procedimiento no contempla escuchar a las víctimas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este miércoles la actuación de su cartera en la concesión de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Durante una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, sostuvo que el ministerio debía formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras y negó que hubiera cometido errores al firmar los decretos.
La exposición estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios a los beneficios concedidos y por las explicaciones del secretario de Estado sobre el marco legal que regula estas reducciones de pena.
Rabat afirmó que revisar nuevamente los antecedentes evaluados por las comisiones habría significado exceder sus atribuciones. También dirigió críticas al Congreso por no establecer reglas transitorias claras tras una modificación legal de 2022 y mencionó las rebajas concedidas durante el gobierno anterior.
Aunque defendió el procedimiento, reconoció una falencia en su diseño: la falta de participación de las víctimas. Sin embargo, no pidió disculpas ni calificó como un error las rebajas aprobadas durante su gestión.
Rabat sostiene que Justicia debía formalizar las decisiones
Uno de los principales argumentos del ministro fue la distribución de funciones entre los organismos que intervienen en la tramitación de estos beneficios.
Según explicó, Gendarmería entrega los antecedentes, la Comisión de Reducción de Condenas evalúa la conducta de las personas condenadas y las autoridades administrativas verifican los requisitos correspondientes antes de emitir el decreto.
Desde esa perspectiva, Rabat sostuvo que el ministerio no podía volver a evaluar el mérito de una solicitud que ya había sido revisada por la comisión. Para respaldar su postura, invocó los artículos 6 y 7 de la Constitución, relativos al principio de juridicidad y al ejercicio de las atribuciones de los órganos del Estado.
El secretario de Estado afirmó que modificar por cuenta propia una decisión de la comisión habría significado actuar fuera de sus competencias.
Esta interpretación constituye el argumento central de su defensa. Sin embargo, la discusión también abarca el alcance de las exclusiones legales para determinados delitos sexuales contra menores y la forma en que deben aplicarse a condenas anteriores a la modificación normativa.
Cuestiona al Congreso por la reforma de 2022
Rabat dirigió parte de su exposición a la reforma legal de febrero de 2022, que incorporó restricciones para acceder a determinados beneficios de reducción de condena.
El ministro cuestionó que el Congreso no incorporara una norma transitoria que aclarara cómo debía aplicarse esa modificación a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
En ese contexto, mencionó a la entonces defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien, según sostuvo, había recomendado precisar el alcance temporal de la reforma.
El titular de Justicia también comparó la regulación de las rebajas de condena con la de la libertad condicional. A su juicio, las diferencias entre ambos mecanismos evidencian problemas legislativos que deben ser corregidos.
Sus críticas trasladaron parte de la discusión hacia la responsabilidad del Poder Legislativo en la configuración de las normas que actualmente se aplican a estos casos.
Reconoce que cambió su criterio inicial
Durante la sesión, Rabat reconoció que al comienzo de su gestión rechazó algunas solicitudes de rebaja de condena. Explicó que modificó esa postura después de recibir un fallo adverso de la Corte Suprema.
Según relató, el tribunal cuestionó la aplicación retroactiva de las restricciones incorporadas en 2022 y la revisión de antecedentes que, de acuerdo con su interpretación, correspondía a las comisiones evaluadoras.
El ministro afirmó que existen más de 430 sentencias dictadas hasta 2026 que respaldarían su interpretación sobre la aplicación temporal de la norma. No obstante, durante la exposición no identificó de manera detallada cada resolución ni explicó sus alcances particulares.
Rabat también sostuvo que algunas decisiones judiciales posteriores obligaron a las autoridades a reconsiderar solicitudes que habían sido rechazadas inicialmente.
La discusión jurídica es relevante para determinar qué ordenó cada tribunal y cuáles eran las obligaciones concretas del Ministerio de Justicia en cada expediente. La existencia de un recurso o de un fallo favorable a una persona condenada no implica necesariamente que todas las solicitudes deban recibir idéntico tratamiento.
Los 54 decretos y los recursos de amparo
Otro de los antecedentes entregados por Rabat fue la emisión de 54 decretos de rebaja de condena entre mayo y octubre de 2026, según las cifras que expuso ante los diputados.
El ministro indicó que 36 de esos casos tenían recursos de amparo presentados previamente contra las decisiones de las comisiones evaluadoras.
Con esos antecedentes, defendió que su cartera debía respetar los pronunciamientos judiciales y cuestionó que se le exigiera actuar en sentido contrario a lo resuelto por la Corte Suprema.
Sin embargo, durante su intervención no precisó cuántos de esos fallos ordenaban expresamente conceder una rebaja y cuántos se referían a otros aspectos del procedimiento.
Esa distinción es importante para evaluar el argumento del ministro, ya que cada resolución puede establecer obligaciones diferentes según los antecedentes y las circunstancias del caso.
El procedimiento no considera a las víctimas
Pese a mantener su defensa de los decretos, Rabat reconoció que el mecanismo presenta una falencia al no contemplar adecuadamente la participación de las víctimas.
El ministro aseguró que el Gobierno buscará abordar ese problema y afirmó que las autoridades deberán hacerse cargo de sus necesidades para evitar nuevas situaciones de revictimización.
La admisión contrasta con la defensa jurídica que sostuvo durante la sesión. Mientras insistió en que el ministerio actuó dentro de sus competencias, reconoció que el sistema necesita modificaciones para incorporar a quienes sufrieron los delitos.
La participación de las víctimas se ha convertido en uno de los principales puntos de cuestionamiento al procedimiento, especialmente por los beneficios concedidos a personas condenadas por violación y abuso sexual contra menores de edad.
Gobierno anuncia cambios y oposición prepara acusación constitucional
Al finalizar su exposición, Rabat defendió la respuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo y afirmó que el Gobierno había actuado para abordar los problemas de la normativa.
El ministro llamó a la Cámara y al Senado a concentrarse en la tramitación de las modificaciones legales. Su postura apunta a corregir las dificultades del sistema sin reconocer que las decisiones adoptadas durante su gestión hayan sido equivocadas.
La controversia, sin embargo, mantiene consecuencias políticas. Tras la sesión, sectores de la oposición confirmaron que impulsarán una acusación constitucional contra Rabat.
Además, la Cámara aprobó una resolución que solicita al presidente José Antonio Kast pedir la salida del ministro y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira.
La discusión combina así tres dimensiones: la interpretación de la legislación vigente, las responsabilidades de las autoridades que tramitaron las rebajas y la necesidad de revisar un procedimiento cuestionado por no incorporar adecuadamente a las víctimas.
El Maipo
